En jaque la ministra Ana Redondo tras su plan ‘antimaltrato’: Peligra su ascenso a CyL.

 

 

 

 

La ministra de Igualdad, tocada por sus pulseras antimaltrato, era la favorita para liderar al PSOE en CYL en las urnas.

 

 

 

 

 

 

 

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se encuentra en el epicentro de su mayor crisis política desde que asumió el cargo.

 

 

El sistema de control telemático de maltratadores —las conocidas pulseras antimaltrato— ha sufrido un revés técnico y político  ha minado uno de los pilares del Ministerio: la protección a las víctimas de violencia de género.

 

 

 

Aunque Ana Redondo insiste en que el sistema “siempre ha funcionado correctamente”, los fallos en la migración de datos tras el cambio de empresa adjudicataria han generado una tormenta política que amenaza con afectar sus opciones a futuro, incluida su posible candidatura a la alcaldía de Valladolid en 2027.

 

 

 

Cabe recordar que la vallisoletana llegó al Ministerio de Igualdad con la intención del PSOE de suavizar sus posturas tras el paso de Podemos y alejarlo de polémicas tras la ley del ‘no es no’.

 

 

Pero la crisis de las pulseras lo ha colocado en el centro de la diana.

 

 

 

Un problema que venía de atrás.

 

 

 

El origen de la crisis se sitúa a finales de 2023, cuando el servicio de gestión de las pulseras cambió de manos.

 

 

Telefónica y Securitas Direct cedieron el testigo a una UTE formada por Vodafone y Securitas.

 

 

Durante ese proceso de transición, se produjo un fallo en el volcado de los datos históricos de geolocalización de los agresores, esenciales para el seguimiento judicial de las órdenes de alejamiento.

 

 

 

A comienzos de 2024, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía comenzaron a alertar de problemas técnicos en el sistema.

 

 

Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, ese error afectó la documentación de casos por quebrantamiento de medidas judiciales, lo que llevó a sobreseimientos temporales en algunos procedimientos.

 

 

Aunque el fallo fue subsanado a finales de ese mismo año, el daño político ya estaba hecho.

 

 

La polémica estalló cuando comenzaron a trascender informaciones sobre la pérdida de datos en el sistema Cometa, responsable del seguimiento telemático de maltratadores.

 

 

Las primeras noticias provocaron una oleada de reacciones.

 

 

Y pronto se evidenció una falta de claridad por parte del Ministerio de Igualdad y la Fiscalía.

 

 

Y también de las empresas adjudicatarias sobre la magnitud y duración del fallo.

 

 

 

Mientras que el Ministerio aseguraba que los dispositivos habían funcionado correctamente en todo momento y explicaba que las incidencias ya estaban resueltas, la Fiscalía reconocía  errores que definía como “puntuales”.

 

 

Estas afirmaciones contrastaban con lo expresado por el Sindicato Unificado de Policía, que afirmaba que los fallos se habían prolongado durante varios meses y habían tenido consecuencias en procedimientos judiciales.

 

 

La situación se volvió aún más compleja con nuevas filtraciones que apuntaban a que Igualdad había recibido avisos internos reiterados sobre las disfunciones y que no actuó con la suficiente rapidez.

 

 

 

Primer nivel.

 

 

La controversia no ha tardado en convertirse en un asunto político de primer orden.

 

 

Desde la oposición, se acusó al Ejecutivo de haber puesto en riesgo a las víctimas de violencia machista.

 

 

Las críticas se centran en la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a quien se responsabilizó de no haber gestionado adecuadamente el problema.

 

 

Desde el Gobierno, distintos representantes del PSOE defienden la actuación de Redondo y tratan de rebajar la tensión.

 

 

No obstante, el Consejo General del Poder Judicial emitió una comunicación en la que  confirmaba haber notificado al Ministerio las incidencias con antelación, contradiciendo así la versión oficial.

 

 

 

Ante el aumento de la presión, Igualdad ha anunciado finalmente una serie de cambios en los contratos de gestión de las pulseras.

 

 

Redondo salió al paso de las críticas, denunciando el uso partidista del caso y acusando al principal partido de la oposición de utilizar el miedo como arma política.

 

 

Un futuro político que se complica.

 

 

 

Hasta este episodio, Ana Redondo parecía tener un camino despejado para liderar la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Valladolid en 2027.

 

 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, apoyaban abiertamente esa opción.

 

 

La ministra, exconcejala vallisoletana y actual secretaria local del partido, se dejó querer.

 

 

 

 

Carlos Martínez no ocultó su simpatía por Redondo en un reciente acto del PSOE: “Sería una magnífica candidata”.

 

 

Sin embargo, también pidió prudencia con los tiempos.

 

 

La apuesta por Ana Redondo pretendía fortalecer la presencia del PSOE en Valladolid, en un intento por recuperar el poder local frente al actual alcalde del PP, Jesús Julio Carnero.

 

Ana Redondo.

 

 

Ana Redondo García (Valladolid, 1966) ocupa cargos orgánicos en el PSOE desde hace dos décadas y preside al partido en Castilla y León desde febrero.

 

 

Doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Valladolid, es profesora titular en la mencionada universidad y ha estado vinculada a diversos proyectos académicos relacionados con América Latina.

 

Su carrera institucional comenzó en el ámbito autonómico, siendo procuradora en las Cortes de Castilla y León entre 2007 y 2015, donde ejerció como portavoz del Grupo Socialista.

 

 

Entre 2015 y 2023 fue concejala del Ayuntamiento de Valladolid, desempeñando funciones como responsable de Cultura y Turismo, y segunda teniente de alcalde.

 

 

En 2024, ocupó brevemente la Secretaría de Igualdad del PSOE a nivel nacional.

 

 

Redondo cuenta con un perfil político y personal discreto, está casada con el magistrado Ignacio Martín Varona y es madre de dos hijas.

 

 

Obstáculos para su proyección.

 

 

Aunque cuenta con respaldo interno, el perfil de Redondo aún no era ampliamente conocido fuera del entorno político local.

 

 

La crisis de las pulseras, al cuestionar directamente la eficacia de una herramienta clave en la lucha contra la violencia machista, podría afectar seriamente a su imagen pública.

 

 

No solo ha puesto en duda su capacidad de gestión. También ha puesto en duda su reacción ante una situación crítica: primero minimizando los hechos y, después, rectificando ante la presión de los medios, los sindicatos, la justicia y la oposición.

 

 

Además, este no es el primer episodio problemático en su mandato.

 

 

En julio de 2024, Redondo tuvo que cesar a la directora del Instituto de Igualdad por irregularidades en adjudicaciones públicas.

 

 

Aunque ese episodio tuvo menos repercusión, sumado al actual, plantea interrogantes sobre la estabilidad del ministerio bajo su dirección.