El contrato permite que el FC Barcelona reclame a la empresa turca 1 millón por día de tardanza en la entrega de las obras del Camp Nou

La remodelación del Camp Nou, una de las apuestas más ambiciosas del FC Barcelona en las últimas décadas, podría desembocar en un nuevo frente judicial para el club.

La decisión del presidente Joan Laporta de no activar las cláusulas contractuales que permitirían sancionar económicamente a la constructora turca Limak por los importantes retrasos acumulados en las obras ha generado un profundo malestar entre una parte de la masa social.

Tanto es así, que varios socios están valorando emprender acciones legales para forzar al club a reclamar las indemnizaciones estipuladas.

Estas podrían alcanzar cifras multimillonarias, tal y como señalan fuentes del entorno culé a Elcierredigital.com.

Aunque el contrato firmado por el Barça establece penalizaciones de hasta un millón de euros por cada día de demora, hasta el momento el club ha optado por no aplicarlas, escudándose en factores externos como problemas de suministro o alteraciones en el entorno.

Pero esta es una explicación que no convence a todos.

Especialmente cuando los retrasos ya comprometen el calendario original de vuelta al estadio, y cada día extra podría traducirse en pérdidas directas para el club.

La tensión se evidenciará, previsiblemente, este domingo 19 de octubre, durante la Asamblea General Ordinaria.

En ella se tratará el estado del Espai Barça y se abrirá el turno de intervenciones de los socios.

Aunque el acto será telemático, varias voces críticas ya han adelantado que aprovecharán para exigir explicaciones a Laporta y plantear propuestas que obliguen al club a reconsiderar su posición ante Limak.

Socios en pie de guerra: posible demanda colectiva

Según ha podido saber este medio, varios socios estarían estudiando la viabilidad de una acción judicial contra la Junta Directiva si esta persiste en no reclamar las penalizaciones por incumplimiento.

La base legal está en las propias cláusulas del contrato con Limak, que estipulan sanciones diarias por demora si se incumplen los plazos pactados, salvo que los retrasos estén justificados de forma objetiva.

El argumento de los socios críticos es claro: el club tiene la obligación fiduciaria de proteger sus intereses económicos.

Especialmente en un contexto de elevada deuda como el actual.

No ejecutar las cláusulas puede suponer una dejación de funciones por parte de la Junta y, en última instancia, una vulneración del deber de diligencia en la gestión del patrimonio del club.

Un retraso que se acumula… y que cuesta millones

Cuando Limak fue seleccionada como adjudicataria de las obras del nuevo Camp Nou, lo hizo prometiendo un calendario ambicioso: el equipo volvería a su estadio, parcialmente operativo, en noviembre de 2024.

Hoy, a octubre de 2025, esa promesa está lejos de cumplirse. El Barça sigue jugando en Montjuïc y la fecha estimada para la finalización completa se ha movido al inicio de la temporada 2027-28.

Los retrasos ya acumulan más de 300 días de diferencia respecto al plan original, lo que, si se aplicaran las penalizaciones, se traduciría en al menos 300 millones de euros en sanciones potenciales, una cifra que incluso tras aplicar deducciones o exenciones contractuales,  representaría un enorme balón de oxígeno para las finanzas del club.

No obstante, en el entorno de Laporta se insiste en que no existen fundamentos jurídicos sólidos para reclamar.

Creen que parte de los retrasos podrían estar cubiertos por causas de fuerza mayor.

Una interpretación que no comparten algunos juristas consultados por grupos de socios.

Estos expertos recuerdan que el contrato permite exigir penalizaciones desde el momento en que los plazos no se cumplen, salvo que se renegocien oficialmente.

Y esto es algo que no ha ocurrido hasta la fecha.

Un contrato cuestionado desde el inicio

El fichaje de Limak por parte del Barça siempre fue polémico.

Un informe interno elaborado por ingenieros y arquitectos del club calificó su oferta como la peor de las presentadas.

Aun así, fue elegida por su propuesta económica más ajustada y su promesa de rapidez.

Para permitir su entrada en la licitación, el club incluso modificó el pliego de condiciones, eliminando requisitos que Limak no cumplía inicialmente, como haber construido previamente un estadio de más de 40.000 espectadores.

Este cambio ha sido señalado por muchos como una decisión ad hoc para favorecer su candidatura, y su legalidad también podría estar en el centro de futuras disputas.

Asamblea decisiva

La Asamblea General Ordinaria del domingo 19 de octubre podría ser el primer foro donde los socios planteen de forma pública su descontento.

En el orden del día figura un apartado sobre el estado del Espai Barça y un turno abierto de intervenciones.

Se espera que se discuta directamente la gestión del contrato con Limak.

También se someterán a votación la liquidación del ejercicio 2024/25 y el presupuesto para 2025/26.

Aunque estos puntos suelen aprobarse con relativa facilidad, el clima enrarecido podría complicar la jornada para la Junta.

Se prevé la presencia de un notario para levantar acta de todos los acuerdos, lo que añade un tono de formalidad y vigilancia al proceso.

¿Un nuevo frente judicial para Laporta?

De concretarse la demanda, estaríamos ante el primer proceso legal impulsado por socios contra la Junta de Laporta en relación con el Espai Barça.

Aunque otros presidentes han afrontado querellas o demandas civiles por su gestión económica, este caso sería particularmente simbólico, al involucrar directamente la toma de decisiones sobre uno de los proyectos estratégicos del club y una de las adjudicaciones más controvertidas de su historia reciente.

Para Laporta, que tiene intención de presentarse a la reelección el próximo año, el coste reputacional podría ser tan alto como el económico.

No solo se cuestiona la relación con Limak, sino la gestión de un proyecto que hipotecará financieramente al club durante más de dos décadas.

Si no se exigen responsabilidades por los retrasos ahora, temen algunos socios, el Barça podría perder la oportunidad de defender sus propios intereses en uno de los contratos más importantes de su historia.