El auto se apoya especialmente en el uso de recursos públicos para fines privados
El juez Juan Carlos Peinado no se detiene.
El magistrado ha decidido continuar el procedimiento contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y avanzar hacia su enjuiciamiento.
Su decisión marca un nuevo capítulo en un caso que ha generado una fuerte tensión política y mediática.
Peinado rechaza de manera tajante las solicitudes de archivo del Ministerio Fiscal y de las defensas.
Argumenta que existen indicios “claros, sólidos y homogéneos” contra la investigada.
En su resolución, sostiene que las pruebas reunidas justifican mantener la causa abierta y que la instrucción ha permitido identificar posibles delitos graves.
El juez sostiene que Gómez pudo haber incurrido en tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos.Los hechos que analiza estarían vinculados a su actividad en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
El auto se apoya especialmente en el uso de recursos públicos para fines privados.
El juez señala a Cristina Álvarez, asistente de Gómez y empleada de Presidencia del Gobierno con sueldo público.
Según el informe de la UCO, Álvarez realizó “numerosas gestiones” relacionadas con actividades privadas de la esposa del presidente.
Estas comunicaciones, dice el auto, se habrían realizado “en detrimento de las labores públicas para las que fue contratada”.
Ese punto resulta clave para el magistrado.
A su juicio, la utilización de una trabajadora pública para tareas particulares constituye un indicio claro de malversación.
Habla incluso de una “comisión por omisión” por parte de los superiores jerárquicos que permitieron o no evitaron esa situación.
Además, el juez incorpora a una nueva investigada: Judith Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia.
Considera que su responsabilidad podría derivarse del citado principio de omisión. La inclusión de González Pedraz eleva aún más la relevancia institucional del proceso.
Junto a Gómez y las dos funcionarias, también siguen bajo investigación el empresario Juan Carlos Barrabés.
Y el ex secretario general de Presidencia Francisco Martín Aguirre.
El juez entiende que todos habrían tenido un papel en el entramado de relaciones, favores y gestiones analizado en el proceso.
La decisión de Peinado supone un revés para las defensas y para la Fiscalía, que habían solicitado el sobreseimiento.
Ambos sostenían que no existían indicios suficientes para continuar el procedimiento.
Sin embargo, el magistrado ha optado por mantener el caso abierto y por avanzar hacia la posible celebración de juicio.
El paso dado por el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid mantiene viva una causa que ha sacudido el panorama político nacional.
El hecho de que la esposa del presidente continúe como investigada y se encamine al banquillo coloca a La Moncloa bajo una presión añadida.
Con este auto, el juez deja claro que no habrá archivo prematuro.
La instrucción sigue su curso.
Y, salvo giro inesperado, Begoña Gómez deberá comparecer ante la Justicia para dar explicaciones sobre sus actividades.
Las mismas que la Fiscalía quiso cerrar y que el magistrado ha decidido llevar hasta el final.
