BOMBAZO “AMANTE MAZÓN DENUNCIADA POR FALSO TESTIMONIO Y MENTIR A LA JUEZA”.

 

 

 

 

 

Carlos Mazón, acorralado por la justicia: la investigación de la DANA entra en su fase más delicada.

 

 

La situación judicial del todavía presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se complica con el paso de las semanas.

 

 

Lo que comenzó como una investigación técnica sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, la tragedia que dejó 229 víctimas mortales, se ha transformado en un cerco político y judicial que rodea ya al jefe del Ejecutivo valenciano.

 

 

Aunque Mazón conserva su condición de aforado, el trabajo de la jueza de Catarroja está tejiendo un cerco de indicios que apunta directamente al corazón del poder autonómico.

 

 

En los últimos días, la magistrada ha intensificado las diligencias. Ha citado a declarar al núcleo más cercano de Mazón, incluidos altos cargos del Consell y responsables de la gestión de emergencias, con el objetivo de esclarecer qué información llegó realmente al presidente durante las horas críticas del desastre.

 

 

Entre las testigos clave se encuentra la periodista Maribel Vilaplana, quien compartió almuerzo con Mazón en el restaurante El Ventorro mientras el temporal devastaba varias comarcas valencianas. Su testimonio, sin embargo, ha abierto un nuevo frente.

 

 

Según fuentes judiciales, Vilaplana incurrió en contradicciones al detallar las horas de sus llamadas y los contactos que mantuvo durante aquella jornada.

 

 

Las acusaciones particulares, que representan a las familias de las víctimas, han solicitado al juzgado que se le investigue por un posible falso testimonio.

 

 

Paralelamente, la jueza ha requerido a la empresa del aparcamiento donde la periodista dejó su vehículo que remita un informe certificado de entrada y salida, buscando verificar la cronología exacta de los hechos.

 

 

El caso ha adquirido una dimensión inédita. Por primera vez, el entorno directo del presidente está bajo la lupa judicial.

 

 

La magistrada, siguiendo un mandato expreso de la Audiencia Provincial de Valencia, debe determinar si por acción u omisión Mazón pudo interferir en las decisiones del CECOPI, el centro de coordinación de emergencias.

 

 

Este cambio de enfoque, que inicialmente el juzgado evitó, ha abierto la puerta a una investigación más amplia sobre la cadena de mando durante la catástrofe.

 

 

El abogado Manolo Mata, representante de una de las acusaciones, lo resume con claridad: “No se trata solo de Mazón, pero todo conduce a él.

 

 

Es insólito pensar que en un gobierno que maneja 31.000 millones de euros, las decisiones cruciales no pasaran por el presidente”.

 

 

Las palabras de Mata reflejan el sentir de muchas víctimas que, un año después, siguen reclamando verdad y responsabilidades.

 

 

Mientras la investigación avanza, el presidente valenciano intenta tomar la iniciativa política. Ha solicitado comparecer en el pleno de Les Corts el 11 de noviembre, antes incluso de la declaración prevista ante el Congreso de los Diputados.

 

 

Según su propio equipo, lo hace “para ofrecer explicaciones y mostrar transparencia”, aunque la oposición interpreta el gesto como un intento de controlar el formato y evitar un interrogatorio directo. Su intervención estará limitada a 28 minutos, sin réplica ni preguntas.

 

 

En paralelo, el clima político en la Comunidad Valenciana se enrarece. La coalición entre el PP y Vox atraviesa su momento más frágil desde el inicio de la legislatura.

 

 

Los analistas advierten que, si el entendimiento se rompe, Vox podría retirar el aforamiento de Mazón al forzar un adelanto electoral.

 

 

Ese movimiento lo dejaría expuesto a la justicia ordinaria, sin la protección que actualmente lo mantiene fuera del alcance directo del juzgado de Catarroja.

 

 

Como apuntan algunos observadores, “el pacto entre PP y Vox ya no es solo político, es penal”.

 

Las implicaciones de este escenario son profundas. Por un lado, la jueza sigue acumulando testimonios y pruebas documentales que buscan reconstruir las horas previas y posteriores al desastre.

 

 

Por otro, el relato político del Gobierno valenciano se desmorona.

 

 

Durante meses, Mazón insistió en que “estuvo informado en todo momento” pero que “le faltaban datos precisos”.

 

 

Ahora, las contradicciones en sus declaraciones y la ausencia de registros verificables —como llamadas, geolocalizaciones o informes de escoltas— alimentan la sospecha de que la Generalitat falló en su deber de respuesta.

 

El debate público también se ha desplazado hacia un terreno ético.

 

 

¿Qué responsabilidad cívica tienen quienes, sin ser cargos públicos, poseen información relevante sobre una tragedia de esta magnitud? En este punto, la figura de Maribel Vilaplana ha generado un intenso debate.

 

 

Varios comentaristas, entre ellos juristas y periodistas, han señalado que la periodista “ocultó durante demasiado tiempo datos cruciales” que podrían haber ayudado a esclarecer los hechos.

 

 

No se le imputa responsabilidad política, pero sí una responsabilidad moral por su silencio.

 

 

El trasfondo, sin embargo, es aún más complejo. Durante la comida en El Ventorro, mientras la DANA golpeaba la Vega Baja, Mazón habría firmado becas deportivas y documentos administrativos rutinarios.

 

 

Un detalle aparentemente menor, pero que se ha convertido en símbolo de lo que muchos consideran la desatención del poder frente a la emergencia.

 

 

Nadie en el Palau de la Generalitat —según fuentes de la acusación— activó alertas, ni trasladó al presidente la urgencia real de lo que estaba ocurriendo.

 

 

Ese vacío de liderazgo es, precisamente, lo que ahora investiga la jueza.

 

 

El futuro judicial de Mazón dependerá de los plazos. Las previsiones apuntan a que la instrucción podría prolongarse entre seis y nueve meses, tiempo suficiente para que los equilibrios políticos cambien por completo.

 

 

Si Vox opta por romper el acuerdo de gobierno y forzar elecciones anticipadas, Mazón perdería automáticamente su fuero y el caso pasaría al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En ese escenario, la investigación podría centrarse directamente en él.

 

 

A medida que se acerca la fecha de su comparecencia en Les Corts, el presidente parece intentar ganar tiempo y reforzar su discurso.

 

 

Pero la opinión pública ya ha dictado su propio juicio: la gestión de la DANA ha dejado una herida profunda en la sociedad valenciana.

 

 

Los familiares de las víctimas, organizados en varias plataformas, insisten en que “la tragedia se podía haber evitado” y que “la falta de previsión costó vidas”.

 

 

En un contexto marcado por la desconfianza institucional, la investigación judicial se ha convertido en una especie de catarsis colectiva.

 

La jueza, descrita por algunos como “la jueza del pueblo”, ha logrado mantenerse firme frente a las presiones políticas y mediáticas.

 

 

Su papel, según coinciden las partes, será decisivo para determinar si hubo negligencia, omisión o encubrimiento en los niveles más altos de la administración valenciana.

 

 

Mientras tanto, Carlos Mazón afronta un futuro incierto. Políticamente debilitado y judicialmente cercado, su liderazgo pende de un hilo que combina lo político con lo penal.

 

 

Lo que ocurra en los próximos meses no solo definirá su carrera, sino también la credibilidad del sistema político valenciano frente a una tragedia que, para muchos, sigue pidiendo justicia.