Mientras el Govern aprueba a bombo y platillo un Decreto que condona la deuda a los Menas, un caso indignante ha salido a la luz: la Generalitat reclama miles de euros a un niño enfermo de leucemia. La medida, que perdona las ayudas cobradas indebidamente por algunos colectivos, no se aplica a todos por igual. La familia del pequeño, que lucha contra la enfermedad y las facturas médicas, ha recibido una notificación para devolver una ayuda que, según explican, “fue concedida de buena fe”. El contraste ha generado una fuerte polémica. “¿Cómo es posible que se perdonen millones a unos y se exija dinero a un menor enfermo?”, se preguntan en redes sociales. Desde la Generalitat aseguran que “cada caso tiene un procedimiento distinto”, pero el gesto ha levantado ampollas y avivado el debate sobre la igualdad de trato en las políticas públicas.(hh)

Aprobado el Decreto que condona deuda a los Menas, la Generalitat reclama miles de euros a un niño enfermo de leucemia

El perdón de las ayudas recibidas por error no sirve para todo el mundo

 

Illa: «Estamos en un momento histórico. Gobernaré para todos»

 

 

El pleno del Parlament validó el Decreto ley 20/2025 que perdona la devolución de los pagos indebidos vinculados a la prestación para jóvenes extutelados (popularmente llamados “menas”) cuando estos se encuentran en situación de vulnerabilidad.

 

La convalidación salió adelante con el apoyo de PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP, y el voto en contra de PP, Vox y Aliança Catalana.

 

 

El texto establece que la Generalitat renuncia a reclamar los importes no satisfechos a fecha de entrada en vigor para perceptores vulnerables, incluyendo supuestos como quienes reciben IMV, Renta Garantizada de Ciudadanía o ingresos inferiores a dos SMI.

 

La conselleria enmarca la medida como una corrección de fallos de gestión y un alivio para jóvenes sin red familiar.

 

 

La dimensión del problema no es menor: la Sindicatura de Comptes señaló irregularidades en la gestión de estas ayudas y situó el impacto en 4,7 millones de euros en pagos indebidos.

 

El Ejecutivo ya avanzó una auditoría y cambios organizativos tras las quejas de jóvenes que habían recibido cartas advirtiéndoles de deudas impagables.

 

 

Un hombre de traje sostiene un micrófono y habla frente a varias personas sentadas en un recinto parlamentario con bancas de madera y asientos rojos Salvador Ila en el Parlament

La otra cara: 5.000 € reclamados a un niño que superó una leucemia

 

 

En paralelo, ha salido a la luz el caso de Sergi, un menor del Maresme que padeció leucemia a los cinco años. Su familia recibió ayudas durante el tratamiento y ahora la Agència Tributària de Catalunya les reclama 5.000 euros por “pagos de más” derivados de un error administrativo.

 

 

Según explicaron, el dinero se destinó a desplazamientos al hospital y aparcamientos. El entorno ha acudido al  Síndic de Greuges tras recibir advertencias de embargo cuando el chico tenga su primer empleo.

 

El caso no sería aislado. Una sesentena de familias habrían sido notificadas por motivos similares, al detectarse desajustes en el cálculo de las ayudas concedidas durante tratamientos largos y costosos.

 

 

Dos varas de medir que irritan a la opinión pública

 

 

La comparación es evidente y ha corrido como la pólvora en redes: condonación automática a un colectivo concreto por errores de la Administración y, a la vez, reclamaciones individualizadas a familias con menores gravemente enfermos por errores similares.

 

  Un hombre con gafas y traje oscuro habla en un evento con fondo azul. Salvador Illa 

Para los críticos, el Ejecutivo aplica criterios dispares que generan una sensación de injusticia; para el Govern, ambas realidades no son equiparables:

 

en un caso se trata de regularizar un programa social con fallos sistémicos que afectó a cientos de jóvenes sin apoyo familiar, y en el otro, de revisar expedientes concretos donde la ayuda superó lo previsto.

 

Political crisis in El Salvador as parliament ousts judges, AG - Bangkok  Post

La aplicación del decreto exigirá que la Administración identifique los expedientes afectados y cierre de oficio las deudas condonadas, priorizando los casos de mayor vulnerabilidad.

 

 

En cambio, las familias a las que se les reclama dinero solo les queda presentar recursos, solicitar fraccionamientos o pedir la intervención del Síndic de Greuges para explorar soluciones de proporcionalidad que eviten daños económicos irreparables.

 

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