La investigación sobre las pulseras de control reabre el debate sobre la gestión institucional y coloca al Gobierno en un momento delicado
La cuestión de las pulseras telemáticas para la protección de víctimas continúa siendo uno de los temas más sensibles dentro del sistema de prevención y seguimiento.
Ahora, vuelve al centro de la agenda pública tras conocerse que la Fiscalía Europea ha decidido iniciar diligencias preliminares.
La decisión llega después de recibir una comunicación del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que señalaba posibles irregularidades en el uso de fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un valor aproximado de 45 millones de euros.
La información, adelantada por Okdiario, indica que los fondos estaban destinados a financiar y mejorar el sistema de control telemático de medidas cautelares.
La Fiscalía Europea no se pronuncia aún sobre responsables concretos, pero sí confirma que se evaluarán los hechos comunicados, con el objetivo de aclarar si existieron decisiones administrativas que requieran una revisión más profunda.
El aspecto central que ha encendido las alarmas proviene de la documentación que habría sido presentada para justificar la necesidad de utilizar esos fondos europeos.
Según dicha justificación, se defendía que los dispositivos requerían un desarrollo particular para este programa, ya que no se trataba de un producto disponible de manera habitual en el mercado.
Se argumentaba, en esencia, que se necesitaba una producción específica.
Sin embargo, el documento enviado a Antifraude sostiene que esa afirmación podría no coincidir con los pasos administrativos posteriores.
Tan solo unos días después –concretamente el 20 de julio de 2023–, se publicaron los pliegos técnicos para el concurso público, sin que aparecieran referencias a una fabricación exclusiva ni a características diferenciadas que exigieran un diseño especializado.
Este contraste es uno de los puntos que, previsiblemente, será analizado con mayor atención por los investigadores.
Pero este no es el único factor que ha mantenido el asunto en el centro de la polémica.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, uno de los organismos especializados en la materia, ya había advertido tiempo atrás de la necesidad de revisar la implementación de los dispositivos, especialmente tras el cambio de proveedor que se produjo a finales de 2023.
Hasta ese momento, la gestión había estado en manos de Telefónica.
Sin embargo, el servicio pasó posteriormente a ser gestionado por Vodafone, compañía que, según diversos testimonios, no contaba previamente con experiencia en sistemas de control telemático vinculados a medidas judiciales de protección.
La expresidenta del Observatorio, María Ángeles Carmona, señaló que estas advertencias fueron trasladadas formalmente al Ministerio de Igualdad, alegando que el nuevo sistema no ofrecía aún las garantías suficientes.
Según sus declaraciones, el cambio habría traído consigo la introducción de modelos de pulseras distintas a las utilizadas anteriormente.
Y fue esto lo que suscitó la mayor controversia pública.
Durante sus intervenciones, Carmona afirmó que se había comprobado que algunas de esas pulseras podían adquirirse en plataformas de comercio electrónico, lo que despertó inquietud y cuestionamientos sobre los estándares de seguridad empleados en el proceso de selección.
Esta afirmación, especialmente mediática, ha sido motivo de intenso debate y ha generado una oleada de solicitudes de aclaraciones.
Por ahora, la Fiscalía Europea no se pronuncia sobre la veracidad final de estas afirmaciones ni sobre la legalidad de los procedimientos, pues cada uno de estos elementos deberá ser analizado con precisión técnica y documental.
Lo que sí es claro es que la investigación abre un nuevo capítulo en un tema extremadamente sensible, donde la protección de las víctimas, la seguridad del sistema y la transparencia administrativa son factores inseparables.
Mientras tanto, desde la esfera institucional se pide prudencia.
Varios representantes públicos han recordado que la apertura de diligencias es un procedimiento habitual en casos donde se detectan posibles discrepancias documentales.
Sin embargo, el debate ya se ha instalado en la opinión pública, y será difícil que se apague pronto.
Por ahora, lo único seguro es que la mirada está puesta en las próximas semanas, donde se determinará si este caso avanza hacia una investigación más amplia o si queda resuelto con una revisión técnica de procesos.
