Una orden judicial ignorada, un mes de retraso y una sombra que crece sobre el Gobierno de Ayuso. Lo que parecía un trámite administrativo se ha convertido en un laberinto de sospechas y silencios. Los jueces piden explicaciones, los partidos exigen respuestas y la calle murmura sobre documentos que podrían cambiarlo todo. ¿Se ha cruzado una línea que no debería haberse tocado?