La tensión política estalla de nuevo: Óscar López, señalado en la supuesta operación de Estado contra Ayuso por la filtración del correo con datos confidenciales, pasa al contraataque y acusa al Tribunal Supremo de prevaricación. Lejos de matizar sus palabras, defiende con rotundidad que “el fiscal general es inocente”, insinuando que la sentencia no responde a criterios jurídicos sino a presiones políticas destinadas a proteger a la presidenta madrileña. El choque directo entre el Gobierno y el Poder Judicial abre un nuevo frente institucional y deja preguntas incómodas en el aire: ¿hasta dónde llegará la confrontación? ¿Quién está realmente moviendo los hilos? ¿Y qué hay detrás del mensaje “no te atrevas a tocar a Ayuso”?