Silvia Intxaurrondo ha desatado una nueva tormenta mediática al hacer públicas las que afirma ser grabaciones importantes relacionadas con el caso contra el fiscal general. Las grabaciones, cuya autenticidad aún no ha sido verificada, han reavivado el debate sobre la imparcialidad del Tribunal Supremo y han obligado al poder judicial a tomar decisiones de carácter urgente. Expertos y partidos políticos están debatiendo sobre las posibles consecuencias legales y políticas, mientras se solicitan análisis técnicos para confirmar la autenticidad del material. La tensión está alcanzando su punto máximo: si las grabaciones se confirman, el impacto institucional podría ser irreversible.