ESCÁNDALO EN MONCLOA: EL CESE DE ANTONIO HERNÁNDEZ DESATA UNA TORMENTA POLÍTICA
El Gobierno ha tomado una decisión fulminante: Antonio Hernández será cesado este martes por el Consejo de Ministros.
El movimiento llega en pleno terremoto político tras las denuncias por presunto acoso sexual que rodean al exasesor Paco Salazar.
La situación, lejos de calmarse, ha encendido todavía más las alarmas dentro del Ejecutivo y del PSOE.
Hernández, un hombre de máxima confianza en el núcleo duro de Moncloa, ocupaba hasta ahora el puesto de director del departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Su salida marca un punto de inflexión en un caso que amenaza con reconfigurar los equilibrios internos del poder.
Según fuentes citadas por La Gaceta, el cese habría sido pactado.
Hernández, al conocer la magnitud de las acusaciones que rodean a su antiguo colaborador Francisco Salazar, habría asumido que su posición era “insostenible”.
Moncloa, por su parte, asegura que actuó “con contundencia” en cuanto tuvo conocimiento de los hechos.
El Gobierno insiste en que no tolerará ninguna sombra de duda en torno a comportamientos impropios dentro de la administración.
Sin embargo, la decisión de apartar a Hernández tan rápidamente abre interrogantes sobre lo que realmente se sabía en el interior del Palacio presidencial.
SÁNCHEZ SE DEFIENDE, PERO SU VERSIÓN GENERA DUDAS
Pedro Sánchez ha intentado parar la sangría.
El presidente afirma que desconocía por completo las conductas atribuidas a Francisco Salazar, quien fue apartado discretamente en julio tras varias denuncias internas de acoso.
Sánchez asegura que nunca vio ni recibió indicios de comportamientos improcedentes por parte de su asesor.
Aun así, reconoce que fue un error que el PSOE tardara en contactar con las denunciantes.
El presidente responsabiliza de ese retraso a la falta de personal en la oficina creada para gestionar estos casos.
Con esa explicación, intenta mostrar transparencia, pero la oposición y parte de la opinión pública han puesto el grito en el cielo.
“El presidente de Gobierno no puede no saber lo que pasa dentro de su propio equipo”, critican fuentes parlamentarias de la oposición.
La falta de reacción inmediata y la aparente desconexión entre Moncloa y el PSOE han alimentado aún más las sospechas.
Y mientras tanto, las denunciantes siguen en un limbo político y mediático.
EL EXPEDIENTE SIGUE ABIERTO
Dentro del PSOE, el caso continúa bajo investigación interna.
El partido cuenta con un protocolo que otorga seis meses de plazo para cerrar expedientes de acoso.
Ese periodo aún no ha concluido, lo que implica que la situación de Salazar está lejos de resolverse.
Sánchez también ha intentado justificar la decisión de no trasladar denuncias anónimas a Fiscalía.
Argumenta que exponer a las mujeres durante el proceso podría resultar contraproducente.
Las denunciantes optaron por usar el canal interno del partido, un mecanismo que, según el Gobierno, funciona de manera independiente y confidencial.
Sin embargo, grupos feministas y asociaciones de defensa de víctimas advierten que estos circuitos internos no siempre garantizan imparcialidad.
EL PROTOCOLO ANTIIACOSO DE MONCLOA: ¿UN ESCUDO O UNA CORTINA DE HUMO?
Desde el Gobierno se apresuran a recordar que Moncloa cuenta con un protocolo antiacoso desde 2018.
Subrayan que nunca se ha presentado ninguna denuncia formal por ese canal.
Pero esa afirmación genera más preguntas que respuestas.
¿Cómo es posible que un asesor tan cercano al presidente haya acumulado denuncias sin que el protocolo oficial detectara nada?
¿O es que las denunciantes no confiaban en el sistema institucional de Moncloa?
Las dudas se multiplican y el silencio oficial no ayuda.
La falta de transparencia en los detalles del caso alimenta la sensación de que algo se está intentando tapar.
LA CAÍDA DE HERNÁNDEZ: UN INTENTO DE CORTAR LA HEMORRAGIA
La salida de Antonio Hernández puede interpretarse como un sacrificio político para frenar el desgaste del Gobierno.
Desde Moncloa lo presentan como un paso “responsable” y “necesario”.
Pero la lectura más extendida es que se trata de un gesto defensivo ante un incendio que crece por minutos.
El hecho de que Hernández fuese un colaborador muy cercano a Salazar alimenta la sospecha de que, aunque no participara, pudo haber conocido o ignorado señales previas.
Ese vínculo ha sido suficiente para que Moncloa active el cortafuegos.
Su cese pretende demostrar firmeza, pero también revela preocupación.
El Ejecutivo teme que este escándalo termine contaminando la imagen del presidente en un momento extremadamente sensible.
UN ESCÁNDALO QUE AMENAZA CON ESCALAR
El caso Salazar-Hernández ya ha sobrepasado el ámbito interno del PSOE.
Los medios nacionales abren portadas, las redes hierven y la oposición exige explicaciones inmediatas y públicas.
Hay llamadas para que se haga pública toda la documentación del caso.
También se pide la comparecencia urgente del presidente ante el Congreso.
El asunto amenaza con convertirse en la mayor crisis ética del Gobierno en los últimos meses.
Y lo peor: todavía no se conoce el alcance completo de las acusaciones.
Si nuevas denunciantes aparecen —y fuentes internas dicen que podría haber más testimonios— el escándalo podría estallar definitivamente.
¿QUÉ SABÍA REALMENTE MONCLOA?
Esta es la pregunta que resuena en todos los círculos políticos.
¿Es creíble que ni Sánchez ni su equipo más cercano supieran nada?
Algunos analistas sostienen que el presidente está tratando de blindarse lo antes posible.
Otros, más críticos, aseguran que la reacción “repentina” revela que el caso se mantuvo oculto demasiado tiempo.
Y que solo salió a la luz cuando ya era imposible contenerlo.
UNA CRISIS QUE APENAS COMIENZA
El cese de Antonio Hernández no cierra nada.
Es solo el primer movimiento visible de una crisis que se está desarrollando en tiempo real.
Moncloa quiere pasar página, pero el escándalo tiene vida propia.
Cada día surgen nuevas informaciones, contradicciones y tensiones internas.
Y mientras tanto, la presión mediática crece sin freno.
Lo único claro es que este caso va a marcar la agenda política durante semanas.
Y que las próximas decisiones del Gobierno serán determinantes para evitar que la crisis se convierta en un terremoto institucional.
