Hasta Paloma del Río destaca estas siete palabras de las 233 páginas de la sentencia al fiscal general.
“Y se quedan tan anchos”, afirma.
La publicación íntegra de la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el caso del correo filtrado sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha desatado una ola de reacciones en todos los ámbitos sociales, políticos y mediáticos.
Entre las voces más críticas y sorprendidas destaca la de Paloma del Río, referente del periodismo deportivo en Televisión Española y defensora de la ética y el rigor en la información pública.
Hace tres semanas, el Tribunal Supremo hacía público un fallo que condenaba a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales.
El tribunal considera que la revelación de secretos se produjo tanto por la filtración del correo en el que el empresario reconocía dos delitos fiscales como por la posterior nota de prensa publicada por la Fiscalía, aunque inicialmente no se consideró delictiva.
Sin embargo, lo que ha llamado poderosamente la atención de periodistas, juristas y ciudadanos es una frase recogida en la página 137 de la sentencia, que resume el cuadro probatorio empleado por el Supremo: “cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente, que lleva necesariamente a afirmar, como hecho probado, que fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en la Cadena SER”.
Paloma del Río, como muchos otros analistas, no ha podido ocultar su asombro e indignación ante la ambigüedad y falta de precisión de esta afirmación.
En un tuit publicado en su perfil oficial de X, la periodista se preguntaba: “‘Él u otra persona’… Y le condenan a él. Y ahí lo dejan y se quedan tan anchos”.
La frase, que ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación, pone de manifiesto la debilidad probatoria y la falta de certezas en la atribución del delito.
La periodista deportiva contesta directamente al tuit de Antonio Maestre, otro periodista crítico con la resolución, quien también se mostraba impresionado por la construcción lógica del fallo: “impresionante” que el Tribunal Supremo condene a una persona “porque el delito lo ha cometido él u otra persona”.
Para Paloma del Río, la frase “y con su conocimiento” resulta “irrelevante” cuando no se tiene identificada a esa persona, ya que “es imposible que sepas que tuvo conocimiento de nada cuando no sabes si existe esa persona”.
Esta reflexión pone el foco en uno de los principales problemas de la sentencia: la condena se basa en una posibilidad, no en una certeza jurídica.
La falta de pruebas directas y la utilización de la prueba indiciaria para justificar la responsabilidad penal de García Ortiz han sido objeto de crítica por parte de numerosos expertos.
El derecho penal exige la identificación precisa del autor del delito y la demostración de su culpabilidad más allá de toda duda razonable, algo que, a juicio de Paloma del Río y otros analistas, no se cumple en este caso.
La reacción de Paloma del Río se suma a la de otros periodistas y juristas que han denunciado la vulneración del principio de presunción de inocencia en la sentencia del Supremo.
Dos magistradas progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo, emitieron votos particulares en los que defendieron la absolución de García Ortiz, argumentando que “no ha quedado acreditado que sea el autor de la filtración” ni de manera directa ni a través de terceros.
Para ellas, la condena implica una vulneración de los derechos fundamentales del acusado y pone en cuestión la legitimidad del proceso judicial.
La frase “o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento” ha sido interpretada como una muestra de la falta de rigor y la ambigüedad en la atribución de la autoría del delito.
La condena de García Ortiz, basada en la mera posibilidad de que él o alguien de su entorno haya cometido el delito, abre la puerta a la duda razonable y cuestiona la solidez del sistema judicial español.
La intervención de Paloma del Río y su crítica a la sentencia han tenido un amplio eco en medios de comunicación y redes sociales.
La periodista, conocida por su defensa de los valores éticos en el deporte y la información, ha puesto el foco en la necesidad de garantizar la transparencia y el rigor en la administración de justicia.
Su mensaje ha sido compartido y apoyado por otros profesionales, que ven en la sentencia del Supremo un ejemplo de cómo la falta de pruebas y la ambigüedad pueden erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.
El caso García Ortiz ha reabierto el debate sobre la independencia judicial y la necesidad de reformas profundas en el sistema procesal español.
Juristas como Joaquim Bosch han advertido que la imagen de la Fiscalía y del Tribunal Supremo ha quedado “tocada” por la conexión con una causa de origen claramente político, y que la división interna del tribunal refleja una crisis institucional que exige respuestas claras y reformas estructurales.
La frase destacada por Paloma del Río —“él u otra persona de su entorno inmediato y con su conocimiento”— se ha convertido en el símbolo de una sentencia que deja más preguntas que respuestas.
La ambigüedad en la atribución de responsabilidades, la falta de pruebas directas y la percepción de que la condena responde a intereses políticos han generado un debate intenso sobre la calidad de la justicia en España.
La petición de nulidad de la sentencia por parte de García Ortiz y el anunciado recurso al Tribunal Constitucional marcan el inicio de una nueva fase en una batalla judicial que trasciende lo personal y afecta al conjunto del sistema democrático.
La sociedad española observa con preocupación el desenlace de este episodio, consciente de que la fortaleza de la democracia depende de la capacidad de las instituciones para garantizar justicia, transparencia y respeto por los derechos fundamentales.
En definitiva, la reacción de Paloma del Río y su denuncia de la ambigüedad de la sentencia del Tribunal Supremo sintetizan el malestar y la preocupación que existe en amplios sectores de la sociedad ante la deriva de la justicia española.
La falta de rigor, la ambigüedad y la percepción de que las resoluciones judiciales responden más a intereses políticos que a la búsqueda de la verdad y la protección de los derechos fundamentales son síntomas de una crisis que exige respuestas inmediatas.
La petición de nulidad de la sentencia por parte de García Ortiz y el anunciado recurso al Tribunal Constitucional serán claves para determinar el futuro de este caso y, en última instancia, para evaluar la capacidad de las instituciones españolas para garantizar una justicia independiente, transparente y rigurosa.
La sociedad está llamada a exigir mayor responsabilidad y coherencia a quienes tienen en sus manos el destino de la democracia y el Estado de derecho.
