MEGATRAMA: La avalancha de registros, detenciones y mensajes que sacude al PSOE y al Gobierno
La política española ha vuelto a vivir una jornada de vértigo, marcada por detenciones, registros masivos, nuevas revelaciones y un clima de absoluta incertidumbre.
Lo que parecía un escándalo aislado ha terminado convirtiéndose en una marea que avanza con velocidad y que amenaza con envolver a distintos niveles del partido y de las instituciones públicas.
La detención de Anchón Alonso, empresario navarro y socio de Santos Cerdán, ha abierto un nuevo capítulo que los investigadores consideran de enorme trascendencia.
La UCO sitúa el origen de este entramado en 2018, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.
A partir de ahí, según los indicios policiales, comenzaron a generarse conexiones entre empresas, directivos públicos y determinadas decisiones administrativas que hoy están bajo la lupa judicial.
La pieza clave del rompecabezas: la SEPI
Vicente Fernández, considerado una figura cercana a la actual vicepresidenta María Jesús Montero, fue situado por el Gobierno al frente de la SEPI.
Es en este organismo donde los investigadores detectan el eslabón que une a Fernández con Leire Díez, que entonces ocupaba un cargo en Enusa, empresa pública dependiente de la SEPI.
La participación de la SEPI en la compra del 25% de una tecnológica vasca vinculada a Alonso es, para los agentes, el punto de partida del círculo.
Posteriormente, Díez fue nombrada consejera en esa misma empresa, consolidando la conexión entre las piezas clave.
Cuando Vicente Fernández salió de la SEPI tras su imputación en el caso Andévalo, pasó a trabajar en la constructora de Alonso.
En el Senado, evitó dar explicaciones sobre su patrimonio, algo que hoy vuelve a ganar relevancia.
Las cifras no cuadran, y esta discrepancia es uno de los puntos que destacan tanto la UCO como la Fiscalía.
El patrimonio que no encaja
La investigación ha reavivado las preguntas ya planteadas en su día sobre la fortuna de Vicente Fernández.
Se le atribuyen al menos seis inmuebles distribuidos entre Madrid, Sevilla y Marbella.
Además, dispone de varios garajes, un trastero y activos financieros que elevan su patrimonio estimado a varias cifras millonarias.
Todo ello contrasta con los salarios que percibió en sus cargos públicos y privados: algo más de un año en la SEPI con un sueldo de 250.000 euros anuales y dos años en Servinávar con un salario muy inferior.
La inmensa diferencia entre ingresos y patrimonio ha sido uno de los factores que impulsó a los investigadores a solicitar medidas contundentes.
Por ello, tanto Fernández como Díez permanecen en los calabozos a la espera de comparecer ante el juez.
Si el magistrado considera que existe riesgo de destrucción de pruebas, podrían solicitarse medidas cautelares tan severas como la prisión provisional.
Una jornada de detenciones y registros en cadena
A las detenciones de Fernández y Díez se sumaron otras que ampliaron notablemente el marco de la investigación.
Anchón Alonso fue arrestado en plena oleada de registros que afectaron a empresas en Madrid, Zaragoza, Bilbao y Sevilla.
La Guardia Civil irrumpió también en sedes de empresas públicas como la SEPI, Enusa y Mercasa.
Cada registro busca esclarecer posibles irregularidades en adjudicaciones vinculadas al sector de energías renovables.
Los agentes consideran que la trama podría tener más ramificaciones de las que inicialmente se sospechaba.
Los investigadores esperan poder analizar la ingente cantidad de documentación incautada en los próximos días.
La causa está bajo secreto de sumario, pero las filtraciones indican que el caso podría no haber hecho más que comenzar.
Y en paralelo… estalla el caso Plus Ultra
Mientras la UCO actuaba en una parte del mapa, la UDEF lo hacía en otra.
Los máximos responsables de Plus Ultra, aerolínea rescatada con más de 50 millones de euros de dinero público, fueron detenidos por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Se trata de una pieza distinta, pero políticamente explosiva.
El rescate ya fue objeto de investigación judicial y quedó archivado, pero la misma jueza que sobreseyó el caso ha decidido reabrirlo por la vía del blanqueo.
Esto implica que existen nuevas pruebas o indicios que no estaban disponibles en la fase anterior.
La sombra de que el rescate fuese impulsado políticamente vuelve a aparecer.
Aldama, uno de los nombres recurrentes en varias tramas, llegó a asegurar que José Luis Rodríguez Zapatero presionó para que la operación se aprobara.
El expresidente, preguntado por los periodistas, se limitó a decir que no le preocupa.
Sin embargo, su silencio aumenta el desconcierto dentro del propio partido.
WhatsApps que incendian la escena política
Una parte especialmente sensible del nuevo informe de la UCO son las conversaciones de WhatsApp recuperadas en las que la hija de Carmen Pano —la empresaria que presuntamente transportó 90.000 euros en efectivo— relata movimientos, presiones y favores.
En uno de esos mensajes asegura que “el jefe ha recibido el chalet y ha dado al botoncito”, en alusión a un supuesto inmueble comprado para un alto cargo a cambio de agilizar la licencia de Villafuel.
En otro mensaje afirma que “se ha enfrentado con el guapo” y que en mitad de una reunión le habría espetado un insulto directo al presidente del Gobierno.
La conversación continúa asegurando que, pese a los conflictos internos, “todos sus negocios siguen adelante”.
El contenido de estos mensajes es especialmente delicado porque sugiere que la trama conocía movimientos internos del partido.
Y porque, de confirmarse su autenticidad, demostrarían que los implicados actuaban con una sensación de impunidad absoluta.
Las conexiones políticas: ¿quién sabía qué?
La UCO sostiene que Ábalos habría mediado no solo ante el Ministerio de Transportes, sino también ante los de Industria y Transición Ecológica.
Esto ampliaría el alcance institucional de la trama más allá de lo que inicialmente se contemplaba.
Teresa Ribera y Reyes Maroto aparecen mencionadas en el informe como destinatarias de gestiones de Ábalos.
Hasta el momento ninguna ha sido citada a declarar, pero crece la presión mediática y política para que lo hagan, al menos como testigos.
Desde el Gobierno han señalado que desconocen la profundidad de estas investigaciones.
Pero ese argumento empieza a perder fuerza a medida que crece la lista de casos simultáneos.
El PSOE ha intentado desligarse de las personas detenidas, pero lo ocurrido contradice la narrativa oficial.
Montero se desmarca de su hombre de confianza
María Jesús Montero, señalada por su estrecha relación con Vicente Fernández, ha asegurado que no tiene contacto con él desde hace más de seis años.
Sus palabras han generado incredulidad incluso fuera del ámbito político.
Fue ella quien lo promocionó desde la Junta de Andalucía y quien lo llevó a la SEPI al llegar al Gobierno.
Además, cuando Fernández dimitió por su imputación en el caso de la mina de Aznalcóllar, Montero mantuvo su puesto vacante más de 500 días.
Ese detalle es difícil de conjugar con la afirmación de que ya no existía relación entre ellos.
La oposición considera que esta postura demuestra un intento de distanciamiento tardío.
Montero ha preferido remitir todas las preguntas a la justicia y ha evitado profundizar en más explicaciones.
Pero dentro del Gobierno es evidente que su figura se ha visto directamente salpicada por los acontecimientos.
Sánchez desaparece del Congreso en el peor momento
El presidente del Gobierno había solicitado participar telemáticamente en la votación del Congreso por una reunión internacional sobre Ucrania.
Esa justificación le permitió evitar las preguntas de los periodistas en un día marcado por un terremoto político.
Su ausencia no ha pasado desapercibida en la Cámara Baja.
La senda de estabilidad presupuestaria fue rechazada por una mayoría inesperada: PP, Vox y Junts votaron en contra, y otros socios del Gobierno se abstuvieron.
Esto supone un revés grave para la legislatura.
Pese a ello, los grupos que sostienen al Gobierno no han retirado su apoyo político a Sánchez.
Las llamadas “líneas rojas” parecen haberse difuminado completamente.
Ni los escándalos judiciales ni la parálisis presupuestaria han hecho que los socios reconsideren su posición.
Se multiplican los escándalos: corrupción, blanqueo y también denuncias internas
Mientras avanzan estas causas, otro frente estalla dentro del PSOE: nuevas denuncias por presunto acoso sexual en distintas federaciones.
Según informaciones coincidentes, al menos una decena de mujeres estaría dispuesta a revelar públicamente casos que involucran desde dirigentes locales hasta miembros de la ejecutiva federal.
El clima interno es de máxima tensión y preocupación.
La dirección socialista ha evitado pronunciarse sobre estos nuevos casos hasta tener más información.
Sin embargo, la coincidencia temporal entre estos escándalos aumenta la sensación de descontrol.
Nunca antes se había acumulado tal cantidad de frentes judiciales simultáneos alrededor del partido.
Y nunca antes el Gobierno había afrontado un impacto mediático tan severo en tan poco tiempo.
La Complutense añade otra pieza al rompecabezas: el caso Begoña Gómez
A última hora de la tarde se conoció otra noticia que añade más presión al Ejecutivo.
El codirector de la cátedra en la que participa Begoña Gómez fue suspendido de empleo y sueldo por tres meses.
La sanción se debe a su negativa a responder una serie de preguntas de la gerencia de la universidad.
Estas preguntas estaban relacionadas con el origen, funcionamiento y justificación de la propia cátedra.
Este caso lleva semanas generando un intenso debate público.
La suspensión del codirector aumenta las sospechas sobre cómo se creó y qué papel desempeñó la esposa del presidente del Gobierno.
La Universidad Complutense ha asegurado que seguirá investigando.
El Gobierno intenta restar importancia al asunto, pero el daño a la imagen pública es evidente.
Un país en estado de alerta política
La cascada de revelaciones, detenciones y registros ha provocado un clima de auténtico desconcierto en la opinión pública.
En menos de 48 horas se han producido hechos que, en circunstancias normales, habrían marcado por sí solos toda una legislatura.
Pero aquí se acumulan como si fuesen piezas de dominó cayendo una tras otra.
El Gobierno insiste en pedir calma y respeto a las investigaciones.
La oposición exige explicaciones urgentes e incluso plantea la posibilidad de una moción de censura.
Los socios parlamentarios observan con cautela, pero ninguno —por ahora— rompe la disciplina de apoyo.
España se adentra en un territorio político desconocido, donde cada día parece más difícil anticipar el siguiente.
La justicia avanza, pero el impacto institucional ya es profundo.
Y lo que venga en los próximos días podría cambiar aún más el panorama.
