La operación se enmarca en una causa amplia, con varios detenidos de perfil político y empresarial
La investigación por los presuntos amaños de contratos públicos vuelve a sacudir al Gobierno.
La UCO ha registrado este viernes varias sedes de la Administración central y empresas públicas.
Entre ellas, dependencias del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, áreas del Ministerio para la Transición Ecológica y la sede central de Correos.
Todo ello dentro del llamado caso Leire Díez, una operación bajo secreto de sumario que dirige la Audiencia Nacional con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.
La UCO registra la sede del Ministerio de Hacienda que encabeza María Jesús Montero
Los agentes acudieron a Correos en busca de documentación relacionada con expedientes de contratación pública.
También hicieron requerimientos de información en dos direcciones generales clave.
La primera, la Dirección General de Política Energética y Minas, bajo el paraguas del departamento que encabeza Sara Aagesen.
La segunda, la Dirección General de Patrimonio del Estado, integrada en el Ministerio de Hacienda y pieza clave en la gestión económica del Estado.
Los investigadores buscan contratos, fechas, adjudicaciones, procedimientos o documentos internos.
Todo aquello que pueda acreditar una presunta manipulación continuada de los procesos públicos.
La operación se enmarca en una causa amplia, con varios detenidos de perfil político y empresarial.
El nombre más destacado es el de Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI y hombre de confianza de María Jesús Montero.
También han sido detenidos Leire Díez, conocida en Ferraz por su papel interno en la estructura socialista.
Y Antxon Alonso, socio del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Las fuentes del caso sostienen que la supuesta trama actuaba de forma coordinada.
Que controlaba procesos durante años y que influía en adjudicaciones sensibles dentro de empresas estratégicas del Estado.
Las acusaciones bajo investigación incluyen organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
La UCO registra el Ministerio de Transición Ecológica
La UCO ha ampliado sus movimientos desde el miércoles. Se han emitido más de veinte requerimientos de información en empresas públicas como SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa.
También se han realizado actuaciones en domicilios privados en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.
El dispositivo afecta además a compañías vinculadas a Servinabar, empresa relacionada con Alonso y con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Uno de los registros más relevantes tuvo lugar en la sede de Forestalia, en Zaragoza.
La Guardia Civil también se personó en el despacho sevillano SDP Estudio Legal S.L., donde buscó documentación vinculada a la presunta red de influencias.
La operación avanza mientras el secreto de sumario impide conocer el alcance total de la trama.
Pero los movimientos de la Guardia Civil apuntan a una investigación de gran profundidad.
El registro en ministerios clave, en una empresa pública tan amplia como Correos.
Altos cargos vinculados al partido en el Gobierno sitúa el caso Leire Díez como una de las operaciones anticorrupción más sensibles de los últimos años.
Las próximas semanas serán determinantes para esclarecer si existió un sistema organizado para manipular contratos públicos en el corazón de la Administración del Estado.
