Los “dos minutos de realidad” de Gabriel Rufián a Sánchez: “Lo que le va a echar de Moncloa…”.

 

 

 

 

 

 

El coste de la vida: el verdadero desafío político en España.

 

 

 

En el contexto de la crisis política y judicial que atraviesa el gobierno de Pedro Sánchez, con escándalos de corrupción y registros policiales en varios ministerios, la preocupación de la ciudadanía se centra en un asunto mucho más cotidiano y urgente: el coste de la vida.

 

 

Más allá de los nombres que llenan los titulares —Ávalos, Coldo, Cerdán, Salazar— y de las investigaciones judiciales que amenazan la estabilidad del Ejecutivo, lo que realmente importa a la mayoría de los españoles es cómo sobrevivir día a día, cómo llenar la nevera y cómo afrontar unas fiestas marcadas por la inflación y la precariedad.

 

 

 

En una intervención reciente en el Congreso, el diputado Roccián ha resumido este sentimiento colectivo con una claridad poco habitual en la política española.

 

 

 

Propuso “una tregua de realidad”, dejando de lado por unos minutos la confrontación partidista y los escándalos para centrarse en lo que realmente preocupa a la gente: la dificultad para llegar a fin de mes, el precio de los alimentos, el coste de la vivienda y la sensación de que, aunque España “va como un tiro en lo macro”, la prosperidad no llega a las familias.

 

 

 

Los datos que expuso Roccián son demoledores y reflejan una tendencia que afecta a millones de hogares.

 

 

En los últimos tres años, la carne ha subido un 50%, la leche un 60%, los huevos un 70%. Una familia de tres personas que quiera comer filetes de ternera y cenar salmón en un solo día se enfrenta a una factura de 30 o 35 euros en el supermercado.

 

 

¿Quién puede permitirse eso hoy en día? Esta pregunta resuena en cada hogar y revela una realidad incómoda: el aumento de los precios no solo afecta a los productos básicos, sino que se extiende a toda la cadena alimentaria, golpeando especialmente a los trabajadores que, aunque España registre cifras récord de empleo, acaban siendo “pobres de facto”.

 

 

 

La paradoja es evidente. Las cifras macroeconómicas muestran un país en crecimiento, con más personas trabajando que nunca, pero la riqueza no se distribuye de manera justa.

 

 

Los rankings internacionales pueden situar a España en posiciones destacadas, pero la gente no “come rankings”.

 

 

Lo que importa es el poder adquisitivo real, la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades básicas sin recurrir a créditos, ayudas o sacrificios extremos.

 

 

El diputado Roccián ha puesto sobre la mesa una propuesta que desafía el modelo económico actual y que, aunque polémica, refleja el hartazgo social: sacar la comida del mercado especulativo, igual que la vivienda.

 

 

“Quien se quiera hacer rico, que no lo haga ni con casas ni con comida”, reclamó, instando al Gobierno a topar precios y a crear distribuidoras públicas de alimentación.

 

 

Para Roccián, la solución tradicional de bajar el IVA no es suficiente, ya que los oligopolios alimentarios compensan cualquier rebaja fiscal con subidas de precios equivalentes.

 

 

“¿Sabe de qué sirve bajar un 4% el IVA? Que los oligopolios de alimentación suban un 4% los precios”, denunció, poniendo en evidencia la falta de eficacia de las medidas paliativas frente al poder de las grandes distribuidoras.

 

 

 

Este planteamiento abre un debate profundo sobre el papel del Estado en la economía y la necesidad de intervenir en sectores estratégicos para garantizar el acceso universal a bienes básicos.

 

 

La idea de topar precios, aunque controvertida, ha sido aplicada en otros países europeos en situaciones de emergencia y responde a la lógica de proteger a los consumidores frente a la especulación y el abuso de posición dominante.

 

 

Las distribuidoras públicas de alimentación, por su parte, serían una alternativa a los grandes oligopolios, permitiendo a las familias acceder a productos básicos a precios razonables y reduciendo la dependencia de las grandes cadenas.

 

 

El coste de la vida, más allá de la alimentación, también se refleja en el precio de la vivienda, los suministros básicos y los servicios públicos.

 

 

La subida de la luz, el gas, el agua y el transporte ha multiplicado la presión sobre los presupuestos familiares, obligando a muchos a renunciar a gastos esenciales o a buscar segundas fuentes de ingreso.

 

 

La precariedad laboral, los contratos temporales y el estancamiento de los salarios agravan una situación que, lejos de mejorar con el crecimiento económico, se ha convertido en el principal desafío social y político del país.

 

 

La advertencia de Roccián es clara: ni la corrupción ni los escándalos políticos serán lo que eche al presidente del Gobierno de la Moncloa, sino el coste de la vida.

 

 

Si el Ejecutivo no aborda de manera valiente e inteligente el problema de los precios, la alternativa será el ascenso de fuerzas políticas que prometen soluciones radicales, como Vox y su líder Santiago Abascal.

 

 

“No les pido que sean valientes, les pido que sean inteligentes, porque si no llega Abascal a caballo”, concluyó el diputado, en una frase que resume el riesgo de ignorar la realidad social en favor de la confrontación política.

 

 

La intervención fue aplaudida por la bancada y ha resonado en los medios y en las redes sociales, donde cada vez son más los ciudadanos que exigen respuestas concretas, más allá de las cifras macroeconómicas y los titulares de corrupción.

 

 

 

El verdadero desafío para el Gobierno no está solo en los tribunales ni en las comisiones de investigación, sino en la calle, en el supermercado, en la mesa de cada familia española.

 

 

La política debe volver a la realidad, y la realidad hoy se llama coste de la vida. Si no se actúa, la factura será política, social y electoral.

 

 

En definitiva, la crisis del coste de la vida es el síntoma más visible de una economía que crece sin repartir sus frutos.

 

 

La inflación, la especulación y la falta de regulación han convertido la alimentación y la vivienda en bienes de lujo para muchos, mientras el Estado parece impotente ante el poder de los grandes grupos empresariales.

 

 

La propuesta de topar precios y crear distribuidoras públicas puede ser polémica, pero responde a una necesidad urgente: garantizar que nadie quede atrás y que el crecimiento económico se traduzca en bienestar real para todos.

 

 

El Gobierno, atrapado entre la crisis política y la presión social, debe tomar decisiones valientes si quiere recuperar la confianza de la ciudadanía.

 

 

La solución no está solo en bajar impuestos o en anunciar grandes cifras de empleo, sino en intervenir de forma efectiva en los mercados clave y en proteger a los más vulnerables.

 

 

Solo así podrá evitar que el coste de la vida se convierta en el detonante de una nueva crisis política y en la causa última de su caída.

 

 

La sociedad española, más allá de la polarización y los escándalos, exige respuestas reales y soluciones concretas.

 

 

El coste de la vida, la cesta de la compra y la vivienda son los verdaderos termómetros del éxito o fracaso de cualquier gobierno.

 

 

Ignorarlos es condenarse al fracaso. Escucharlos y actuar es la única vía para construir un país más justo y más fuerte.