Naranjo critica la preocupación de Sánchez por Groenlandia y que no le importe “que Gibraltar sea británica o que Marruecos se quede con el Sáhara”.

 

 

 

El presentador recurre a su perfil en X para dar su punto de vista.

 

 

 

 

La política internacional vuelve a vivir uno de esos momentos en los que el equilibrio global parece tensarse hasta el límite.

 

Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, ha reactivado una agenda exterior agresiva que vuelve a poner en cuestión los consensos básicos del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

 

Venezuela se ha convertido, una vez más, en el epicentro de esa sacudida, y sus consecuencias ya no se limitan a América Latina: atraviesan el Atlántico y llegan con fuerza al debate político español.

 

 

La situación en Venezuela ha adquirido una nueva dimensión tras la actuación de Estados Unidos y el proceso judicial abierto en una corte norteamericana contra Nicolás Maduro por delitos relacionados con el narcotráfico.

 

Más allá de las implicaciones legales, el caso ha reavivado un debate profundo sobre soberanía, injerencia extranjera y el uso del poder por parte de las grandes potencias.

 

La comunidad internacional observa con atención cada movimiento, consciente de que lo que está en juego no es solo el futuro de un país, sino el precedente que puede sentarse para otros conflictos similares.

 

 

En España, el impacto político no se ha hecho esperar. La cuestión venezolana, históricamente cargada de simbolismo y polarización, vuelve a dividir a partidos, analistas y opinadores.

 

Mientras sectores de la izquierda, especialmente vinculados a Podemos, han rechazado de forma tajante cualquier tipo de intervención o presión externa que no se ajuste al derecho internacional, desde la derecha el discurso ha sido más ambiguo.

 

En el Partido Popular no ha habido un respaldo explícito a la actuación de Washington, pero tampoco una condena clara, lo que ha alimentado la percepción de una cierta complacencia hacia la política exterior de Trump cuando esta se dirige contra regímenes considerados autoritarios.

 

 

En este contexto, el Gobierno de España ha intentado marcar una línea nítida. El presidente Pedro Sánchez utilizó la red social X para difundir un comunicado conjunto con Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y México, en el que se expresaba una profunda preocupación por los hechos ocurridos en Venezuela.

 

El mensaje fue claro y medido: la crisis venezolana solo puede resolverse por vías pacíficas, a través del diálogo y la negociación, respetando la voluntad del pueblo venezolano y sin injerencias externas.

 

Una posición que busca alinearse con el derecho internacional y con una tradición diplomática que prioriza la mediación frente a la imposición.

 

 

 

Pero la postura de Sánchez no se ha limitado a Venezuela. Días antes, el 5 de enero, el presidente español ya había reaccionado públicamente a las declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa.

 

En aquel mensaje, Sánchez subrayó que el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados es un principio innegociable, y lo hizo vinculando distintos escenarios de tensión global: Ucrania, Gaza y Venezuela.

 

El mensaje tenía una doble lectura: una defensa del multilateralismo y, al mismo tiempo, una advertencia frente a cualquier tentación expansionista, venga de donde venga.

 

Esa insistencia en los principios ha sido interpretada por sus defensores como una muestra de coherencia y liderazgo moral en un momento de creciente inestabilidad internacional.

 

Sin embargo, también ha despertado críticas duras desde otros sectores, especialmente en el ámbito mediático conservador.

 

Uno de los comentarios más comentados fue el del periodista Antonio Naranjo, presentador en Telemadrid, que cuestionó abiertamente las prioridades del presidente del Gobierno.

 

 

En un mensaje publicado en X, Naranjo ironizó sobre la preocupación de Sánchez por la unidad territorial de Groenlandia y Dinamarca, contraponiéndola a lo que considera una actitud mucho más laxa frente a otros asuntos que afectan directamente a España.

 

Según el comunicador, al mismo presidente que ahora alza la voz en defensa de la soberanía de territorios lejanos no le habría importado que el independentismo “agreda a España”, ni que Gibraltar siga siendo británica, ni la situación del Sáhara Occidental, ni las aspiraciones de Marruecos sobre Ceuta, Melilla o incluso Canarias.

 

Sus palabras encapsulan una crítica recurrente: la acusación de incoherencia en la política exterior y territorial del Ejecutivo.

 

 

Este cruce de argumentos refleja algo más profundo que una simple discrepancia política.

 

Pone de manifiesto una tensión estructural en la sociedad española sobre cómo debe posicionarse el país en un mundo cada vez más polarizado.

 

Por un lado, existe una sensibilidad amplia que rechaza las intervenciones unilaterales y defiende un orden internacional basado en normas compartidas.

 

Por otro, hay quienes consideran que ese discurso se queda en lo simbólico y que España debería ser más pragmática y firme en la defensa de sus intereses estratégicos, incluso si eso implica alinearse con potencias como Estados Unidos.

 

 

La figura de Donald Trump actúa como catalizador de este debate. Sus declaraciones y decisiones, ya sea sobre Venezuela, Groenlandia u otros escenarios, generan reacciones intensas porque encarnan una forma de entender la política internacional basada en la fuerza, la presión y la negociación desde una posición de poder desnudo.

 

Para muchos analistas, esta estrategia no solo erosiona la credibilidad de las instituciones multilaterales, sino que también obliga a países aliados a definirse con mayor claridad.

 

 

España se encuentra en una posición especialmente delicada. Como miembro de la Unión Europea y aliado histórico de Estados Unidos, pero también como país con fuertes vínculos culturales y políticos con América Latina, cualquier movimiento en falso puede tener costes diplomáticos.

 

La apuesta del Gobierno por el lenguaje del derecho internacional y la coordinación con otros países de la región busca precisamente minimizar esos riesgos, aunque no siempre consiga acallar las críticas internas.

 

 

La reacción de Podemos y de otros sectores de la izquierda ha sido coherente con esta línea. Para ellos, la actuación de Estados Unidos en Venezuela representa un ejemplo más de una política exterior que prioriza intereses geopolíticos sobre el respeto a la soberanía de los pueblos.

 

Desde esta óptica, cualquier ambigüedad o silencio se interpreta como complicidad. En cambio, desde la derecha se insiste en que no se puede obviar la naturaleza del régimen de Maduro ni sus responsabilidades en la crisis humanitaria y democrática del país.

 

 

En medio de este choque de narrativas, el debate público se vuelve más emocional y menos matizado.

 

Venezuela deja de ser solo un país lejano para convertirse en un espejo en el que España proyecta sus propias contradicciones: la relación con Estados Unidos, el peso del derecho internacional, la coherencia territorial y la credibilidad de sus líderes políticos.

 

 

Lo que está claro es que la política internacional ha dejado de ser un asunto abstracto para el ciudadano medio.

 

Las decisiones que se toman a miles de kilómetros influyen en la percepción de seguridad, en la estabilidad económica y en la posición moral de los países.

 

En ese contexto, cada declaración, cada tuit y cada gesto cuenta.

 

 

España, como otros países europeos, se enfrenta al reto de mantener una voz propia en un escenario dominado por grandes potencias y discursos cada vez más duros.

 

La crisis venezolana, las palabras de Trump y las reacciones internas muestran que ese equilibrio no es sencillo.

 

Exige coherencia, claridad y una capacidad constante de explicar a la ciudadanía por qué se adoptan determinadas posiciones.

 

 

Más allá de la polémica inmediata, el debate abierto en torno a Venezuela y a la política exterior estadounidense anticipa un año políticamente intenso.

 

Un año en el que la política internacional seguirá cruzándose con la agenda nacional, obligando a los líderes a definirse y a los ciudadanos a formarse una opinión informada.

 

Porque, en un mundo interconectado, lo que ocurre fuera nunca es del todo ajeno a lo que sucede dentro.