LO QUE ACABA DE HACER EL REY FELIPE VI SERÁ SU FINAL COMO MONARCA!.

 

 

Hay frases que no se olvidan porque condensan en pocas palabras años de dolor, miedo y abandono. “Cuando a mí me tenían en la tumba, siendo torturado, Rodríguez Zapatero llamó a mi madre para presionarla y que no denunciara”.

 

 

No es una consigna política ni una exageración para redes sociales. Es el testimonio de un ciudadano que pasó por los centros de detención del chavismo y que hoy, libre, decide hablar.

 

Ese tipo de relatos cambian el eje del debate porque dejan de ser ideología y se convierten en humanidad pura, en carne, en cicatriz.

 

 

En los últimos días, la liberación de varios ciudadanos españoles retenidos —o encarcelados, según se quiera llamar a las cosas por su nombre— en Venezuela ha vuelto a colocar al régimen chavista y al papel de España en el centro del foco.

 

El Gobierno celebró el regreso de cinco compatriotas tras más de un año privados de libertad. El comunicado oficial habló de “retenidos”.

 

El lenguaje diplomático, una vez más, eligió palabras blandas para describir una realidad brutal.

 

 

Pero quienes han pasado por el Helicoide, por “la tumba” o por los calabozos del SEBIN saben que no se trata de una retención administrativa ni de un malentendido burocrático.

 

Se trata de detenciones arbitrarias, de presos políticos cuyo único delito fue pedir democracia, denunciar abusos o no alinearse con el poder.

 

Y en muchos casos, como han documentado organizaciones internacionales y medios de referencia, esas detenciones han ido acompañadas de torturas físicas y psicológicas.

 

 

El debate no es solo semántico. Llamar “retenido” a un preso político no es inocente.

 

Es una forma de rebajar la gravedad, de desactivar la indignación, de hacer digerible lo que, de otro modo, resultaría inaceptable.

 

Y ahí es donde muchos ciudadanos empiezan a sentir que algo no encaja. Que hay una distancia peligrosa entre lo que se dice y lo que realmente ocurre.

 

 

La conversación telefónica de Pedro Sánchez con Delcy Rodríguez, a quien buena parte de la oposición y de la comunidad internacional considera una figura central del aparato dictatorial venezolano, fue recibida con alivio por algunos y con profundo rechazo por otros.

 

 

El presidente del Gobierno habló también con Edmundo González, el líder opositor que ganó unas elecciones que, según múltiples observadores, fueron manipuladas por el régimen. Ese doble gesto pretendía mostrar equilibrio, pero para muchos resultó insuficiente.

 

 

Porque el problema de fondo no es a quién se llama, sino desde qué posición moral se llama. ¿Se habla como igual con un régimen acusado de crímenes contra la humanidad? ¿Se negocia sin exigir previamente el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos? ¿Se celebra una liberación sin mencionar a quienes siguen encarcelados, incluidos ciudadanos españoles de los que apenas se habla?

 

 

Las familias de los presos políticos llevan años denunciando una sensación constante de abandono.

 

Han tocado puertas, han esperado en pasillos, han confiado en mediadores que prometían soluciones que nunca llegaban.

 

El nombre de José Luis Rodríguez Zapatero aparece de forma recurrente en esos relatos.

 

No como salvador, sino como figura ambigua, acusada por algunos de actuar más como operador del régimen que como defensor de los derechos humanos.

 

 

Las acusaciones son graves y están ahí, grabadas, firmadas, repetidas por distintas voces.

 

Madres que aseguran haber recibido llamadas pidiendo silencio. Hijos que relatan cómo se utilizaba su sufrimiento como moneda de cambio.

 

Testimonios que, de ser ciertos —y muchos están documentados—, obligan a una reflexión profunda sobre los límites éticos de la mediación internacional.

 

 

Mientras tanto, desde España, el discurso institucional insiste en la prudencia, en el diálogo, en no “interferir” en los asuntos internos de Venezuela.

 

Incluso el rey Felipe VI, en unas declaraciones que han generado controversia, subrayó que deben ser los venezolanos los protagonistas de su propio destino.

 

Una frase que, aislada, suena razonable. Pero que, en el contexto de una dictadura, adquiere un matiz inquietante.

 

 

Porque cuando un pueblo está sometido, cuando las elecciones no son libres, cuando la represión es la norma, hablar de protagonismo suena casi a ironía.

 

No todos los pueblos pueden decidir su destino cuando tienen una bota en el cuello. Y esa es la sensación que muchos venezolanos, dentro y fuera del país, expresan con creciente frustración.

 

La liberación de cinco españoles es, sin duda, una buena noticia. Nadie sensato puede alegrarse de que un inocente permanezca en una celda.

 

Pero también es legítimo preguntarse por qué tardó tanto. Por qué esos ciudadanos pasaron más de un año encarcelados.

 

Por qué no hubo una presión más firme desde el principio. Y, sobre todo, qué pasa con los demás.

 

 

Porque siguen quedando decenas de presos políticos. Porque siguen existiendo centros de tortura. Porque sigue habiendo exiliados que no pueden volver a su país.

 

Celebrar una liberación parcial sin abordar el problema estructural es, para muchos, una forma de maquillaje político.

 

 

El debate se amplía cuando entra en juego la política interna española. Las críticas al Gobierno no se limitan a su relación con Venezuela.

 

Se conectan con una percepción más amplia de fragilidad institucional: un Ejecutivo sin presupuestos aprobados, sin mayoría parlamentaria sólida, que gobierna a base de equilibrios precarios y acuerdos puntuales.

 

En ese contexto, cada gesto en política exterior se interpreta también como una maniobra de supervivencia.

 

 

Algunos ven en los viajes, las llamadas y las declaraciones internacionales una forma de proyectar liderazgo global cuando faltan consensos en casa.

 

Ucrania, Groenlandia, Venezuela… el discurso de que España puede jugar un papel clave en conflictos complejos genera escepticismo en una parte creciente de la población, que percibe una desconexión entre ambición retórica y capacidad real.

 

 

A esto se suma el uso del lenguaje como herramienta política. No es un fenómeno nuevo, pero sí cada vez más evidente.

 

Cambiar palabras para cambiar percepciones. Retenidos en lugar de presos. Mediación en lugar de complicidad. Diálogo en lugar de concesión.

 

El problema es que, cuando el lenguaje se estira demasiado, acaba rompiéndose.

 

 

Las declaraciones de algunos de los españoles liberados han sido especialmente duras. Han hablado de Zapatero como “enemigo de la libertad en Venezuela”.

 

No es una acusación menor. Proviene de personas que han vivido el horror en primera persona.

 

Ignorarlas o minimizar su testimonio no solo es injusto, sino peligroso para la credibilidad de cualquier democracia.

 

Más allá de nombres propios, lo que está en juego es un modelo. Un modelo de relación con regímenes autoritarios.

 

Un modelo de defensa de los derechos humanos que no dependa de afinidades ideológicas.

 

Un modelo de política exterior que no sacrifique principios por conveniencia.

 

El chavismo, desde sus orígenes, ha defendido una idea que hoy resulta especialmente perturbadora: mantener a los pobres pobres, pero con esperanza.

 

Lo dijo Hugo Chávez en conversaciones que hoy circulan abiertamente. La pobreza como herramienta de control político.

 

La dependencia como garantía de lealtad. No es una teoría conspirativa, es una estrategia reconocida por sus propios protagonistas.

 

Ese modelo ha tenido consecuencias devastadoras. Millones de personas empobrecidas, una clase media destruida, una diáspora que se cuenta por millones.

 

Y, aun así, hay sectores en Europa que siguen relativizando lo que ocurre en Venezuela, como si se tratara de un experimento fallido pero bienintencionado.

 

 

España, por su historia, por sus lazos culturales y humanos con América Latina, tiene una responsabilidad especial.

 

No puede permitirse la ambigüedad permanente. No puede hablar de derechos humanos en unos contextos y callar en otros.

 

No puede exigir democracia fuera mientras tolera abusos cuando conviene.

 

La indignación que se percibe en muchos ciudadanos no nace solo de la ideología, sino de una sensación de traición.

 

De sentir que el Estado no estuvo cuando debía. Que miró hacia otro lado. Que prefirió la comodidad del silencio al ruido incómodo de la denuncia.

 

 

Este no es un debate para expertos encerrados en despachos. Es un debate que interpela a cualquiera que crea en la libertad, en la dignidad humana, en la igualdad ante la ley.

 

Porque hoy son venezolanos. Mañana puede ser cualquier otro pueblo. Y pasado, cualquiera de nosotros.

 

 

Las palabras importan. Las decisiones importan. Y los silencios, a veces, importan más que todo lo demás.

 

Frente a testimonios de tortura, frente a denuncias documentadas, frente a vidas rotas, no basta con comunicados tibios ni con gestos simbólicos. Hace falta claridad, valentía y coherencia.

 

 

España está a tiempo de elegir de qué lado quiere estar. Del lado de quienes sufren o del lado de quienes administran el sufrimiento.

 

Del lado de la verdad incómoda o del relato cómodo. Esa elección no se hace en un discurso ni en una llamada telefónica. Se hace con hechos.

 

Y esos hechos, tarde o temprano, siempre pasan factura.