ABOGADO VÍCTIMAS DE LA DANA HACE TEMBLAR A FEIJÓO “PREGUNTA POR MARCIAL DORADO ANTE JUEZA CATARROJA”.
Lo que se conoció en las horas posteriores a la declaración de Alberto Núñez Feijóo ante la jueza que instruye la causa de la DANA ha ido mucho más allá de una simple comparecencia judicial.
Con el paso de los días, y a medida que han trascendido fragmentos de los interrogatorios, mensajes y testimonios recogidos en el sumario, se ha ido dibujando un escenario político y humano de enorme gravedad.
No solo por el número de víctimas mortales y el sufrimiento causado, sino por la sensación creciente de que durante meses se ha sostenido un relato público que no encaja con los hechos documentados.
La comparecencia del líder del Partido Popular marcó un punto de inflexión. Feijóo acudió como testigo, pero salió del juzgado de Catarroja con algo más pesado que una simple obligación procesal: la constatación de que sus palabras públicas tras la tragedia no coinciden con lo que ha reconocido ante la jueza.
Y esa discrepancia, en un país con más de doscientas víctimas mortales por una catástrofe natural mal gestionada, no es un matiz político. Es un problema de credibilidad democrática.
Durante un año, Feijóo sostuvo que había estado informado “en tiempo real” por el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre la evolución de la emergencia.
Esa frase se repitió en entrevistas, ruedas de prensa y debates parlamentarios. Servía para dos cosas: proteger a Mazón y construir un marco en el que la responsabilidad se desplazaba hacia el Gobierno central.
Sin embargo, los mensajes aportados al procedimiento judicial desmontan esa versión con una precisión casi quirúrgica.
El primer mensaje entre Mazón y Feijóo llega a las 19:59 del día de la DANA. A esa hora, llevaba lloviendo desde la mañana, la situación se había agravado por la tarde y ya se estaban produciendo inundaciones severas.
La respuesta de Feijóo llega a las 20:08. Hablar de “información en tiempo real” cuando el primer contacto se produce entrada ya la noche no es una interpretación política: es una falsedad objetiva.
Y así lo ha tenido que reconocer el propio Feijóo ante la jueza, matizando, rectificando y, en la práctica, desdiciéndose.
Esa es solo la primera contradicción. La segunda aparece cuando se analizan los mensajes en los que Mazón informa a Feijóo de que ya ha hablado con el presidente del Gobierno, con varios ministros clave —Interior, Defensa, Hacienda— y de que se ha desplegado la UME.
“Tenemos todo lo que necesitamos ahora mismo”, llega a decir Mazón. Ese mensaje privado contrasta frontalmente con el discurso público que, horas después, se lanzaría desde la Generalitat y desde la dirección nacional del PP: el de un Gobierno que había abandonado a Valencia.
Mientras los mensajes internos mostraban coordinación institucional, en público se alimentaba la idea de dejación de funciones del Ejecutivo central.
Esa doble versión no es un detalle menor. Tiene consecuencias políticas, sí, pero también morales.
Porque mientras se construía ese relato, había familias esperando auxilio, personas atrapadas en garajes, en bajos inundados, sin recibir una alerta clara que les permitiera salvar la vida.
La tercera contradicción es, probablemente, la más dura de asumir. En los mensajes intercambiados, Mazón informa a Feijóo de que ya están apareciendo muertos en Utiel y de que la situación va a empeorar. “Esto va a ser un desastre”, le escribe.
A pesar de ello, tanto Mazón como Feijóo sostuvieron públicamente durante días que nadie sabía que la gente se estaba ahogando, que no se tuvo conciencia real de la magnitud hasta la madrugada siguiente. Los mensajes prueban que eso no es cierto.
Este punto es clave porque conecta directamente con la responsabilidad penal. La jueza de Catarroja ha dejado claro en sus autos que muchas de las muertes se produjeron antes del envío del mensaje de alerta a la población.
Es decir, en un intervalo de tiempo en el que la información ya existía, pero no se tradujo en decisiones eficaces. La tragedia no fue solo natural. Fue, en parte, evitable.
En este contexto, las palabras de Manolo Mata, abogado de una de las asociaciones de víctimas y letrado de la acusación popular, han añadido una dimensión aún más inquietante.
Mata ha relatado momentos especialmente tensos de la declaración de Feijóo, como cuando se le preguntó por las inundaciones de Galicia de 2013, siendo él presidente de la Xunta.
Aquel episodio fue relevante no solo por su gestión, sino porque en aquellos años desaparecieron de forma misteriosa documentos clave relacionados con el narcotraficante Marcial Dorado y sus conexiones políticas.
Feijóo negó cualquier papel o vínculo documental, pero el mero recuerdo de aquel precedente añade peso a las dudas actuales.
La instrucción judicial está sacando a la luz algo que va más allá de una cadena de errores.
Lo que se está dibujando es una estructura de mando que falló de arriba abajo. La ley es clara: las competencias en materia de emergencias son autonómicas.
Así lo recordó la jueza en varias ocasiones durante el interrogatorio, llegando incluso a frenar a Feijóo cuando intentó derivar responsabilidades hacia una hipotética emergencia nacional no declarada.
La Generalitat Valenciana era la responsable directa de activar los protocolos, de coordinar a los cuerpos de seguridad, de alertar a la población.
Y tenía medios para hacerlo. Miles de policías locales, sistemas de alerta masiva, contacto directo con alcaldes, radios y televisiones públicas.
No se trataba de inventar nada, sino de aplicar planes que ya existían y que se habían usado con éxito en catástrofes anteriores, como la DANA de la Vega Baja en 2019 o incluso la pantanada de 1982, cuando se evacuó a más de cien mil personas sin la tecnología actual.
Uno de los aspectos más graves revelados en la causa es el papel del CECOPI, el centro de coordinación de emergencias.
Según un informe remitido por la propia Generalitat a la jueza, las cámaras del recinto indican que Carlos Mazón no llegó hasta pasadas las 20:11, a pesar de que él afirmó públicamente haber estado allí antes.
Sin embargo, periodistas de RTVE y RNE manejan fuentes que sitúan su llegada entre las 20:04 y las 20:10. Si se confirma que la Generalitat envió un informe falso a la jueza, estaríamos ante un escenario de enorme gravedad jurídica.
La actuación de la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, también está bajo lupa. A las 14:20 de ese mismo día, publicó un tuit alertando del riesgo de avenidas de agua en el barranco del Poyo y el río Magro.
Un aviso correcto, pero insuficiente. Ese mensaje llegó a unos pocos miles de seguidores en redes sociales, cuando tenía a su disposición todos los mecanismos para alertar a más de un millón de personas. Esa decisión, o esa omisión, puede tener consecuencias penales.
La jueza no descarta delitos de homicidio imprudente, e incluso se ha puesto sobre la mesa la figura del dolo eventual: la posibilidad de que se aceptara conscientemente el riesgo de que hubiera víctimas mortales al no actuar con la diligencia debida.
En la cadena de mando aparecen varios nombres, pero el primero es el del president de la Generalitat. La responsabilidad política no se diluye porque alguien no estuviera físicamente presente en un despacho.
Mientras tanto, el Partido Popular intenta sostener una línea defensiva basada en separar el “relato político” del “relato judicial”.
Una distinción que chirría cuando lo que está en juego no es una discrepancia ideológica, sino la vida de cientos de personas.
El propio Feijóo ha tenido que reconocer ante la jueza que no tenía la información que dijo tener. Eso no es un matiz. Es admitir que se faltó a la verdad.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Desde el Gobierno, ministros como Félix Bolaños han sido contundentes al señalar que Feijóo falseó su conocimiento de los hechos con un único objetivo: atacar al Ejecutivo central y proteger a su partido.
Pero más allá del cruce de declaraciones, hay una pregunta que sobrevuela todo el proceso: ¿cómo puede alguien que aspira a gobernar el país gestionar una tragedia así desde el cálculo político?
Las víctimas y sus familias lo tienen claro. No piden venganza. Piden verdad. Piden saber por qué nadie les dijo que subieran a los pisos superiores, que no bajaran a los garajes, que se pusieran a salvo.
Piden respuestas a una cadena de decisiones que, de haberse tomado a tiempo, podrían haber cambiado el desenlace.
Este caso marcará un antes y un después. No solo en los tribunales, sino en la memoria colectiva.
Se estudiará en universidades, en manuales de gestión de emergencias y en análisis políticos durante años.
Porque la DANA no fue solo una catástrofe natural. Fue el retrato de una forma de gobernar en la que el relato importó más que la reacción, y la imagen más que la vida.
A medida que avance la instrucción, seguirán apareciendo datos, contradicciones y responsabilidades.
Pero ya hay algo que no se puede revertir: la ruptura de confianza. Cuando un líder político reconoce ante una jueza que no dijo la verdad tras una de las mayores tragedias recientes de España, el daño no es solo personal.
Es institucional. Y la pregunta ya no es qué ocurrió aquel día, sino qué estamos dispuestos a tolerar como sociedad cuando quienes nos gobiernan fallan de manera tan estrepitosa.
