Un apartamento discreto. Testimonios que coinciden. Y una historia de la que nadie quiere hablar. ¿Qué dicen los testigos sobre la relación privada de Mazón en un espacio supuestamente “secreto”? Los detalles que acaban de salir a la luz están despertando serias sospechas y obligan a muchos a preguntarse qué ocurrió realmente tras puertas cerradas. Cuando las piezas empiezan a encajar… ¿se trata solo de rumores o de una verdad que nadie se atreve a confirmar públicamente?.
Lo que comenzó como una discusión técnica sobre tiempos, llamadas y registros oficiales ha terminado convirtiéndose en uno de los episodios políticos más turbios y emocionalmente demoledores de los últimos años en la Comunitat Valenciana.
El relato sobre qué hizo Carlos Mazón el día de la DANA, dónde estuvo exactamente durante las horas críticas y por qué hay un vacío temporal que nadie ha logrado aclarar con precisión, ya no es solo una cuestión de agenda o protocolo institucional.
Es una cuestión de verdad, de responsabilidad pública y, sobre todo, de respeto a las 229 personas que perdieron la vida.
La gravedad del asunto no reside únicamente en lo que se sabe, sino en lo que no se sabe. Y ese desconocimiento no es fruto del azar, sino de una cadena de silencios, contradicciones y explicaciones parciales que han ido erosionando la credibilidad del president de la Generalitat.
En política, como en la vida, hay errores que se pueden asumir y otros que se pagan caro. Mentir —o dar versiones incompletas— en un contexto de emergencia con víctimas mortales pertenece claramente a la segunda categoría.
Los datos objetivos son el punto de partida. El día de la DANA, mientras la situación meteorológica se deterioraba de forma alarmante y los sistemas de alerta se retrasaban, Carlos Mazón se encontraba en una comida privada en el restaurante El Ventorro, en Valencia.
Esto no es una suposición ni una filtración interesada: ha sido confirmado por múltiples fuentes y por los propios protagonistas, aunque con versiones cambiantes sobre horarios y circunstancias.
La comida comenzó alrededor de las 15:15 horas y se prolongó durante varias horas, en un momento en el que la información en tiempo real era crucial.
Aquí aparece el primer elemento inquietante: la llamada clave no se produce hasta las 17:37. Antes de esa hora, no hay constancia de que el president realizara gestiones relevantes relacionadas con la emergencia.
No hay registros públicos, no hay comunicaciones verificables, no hay instrucciones claras. En una crisis de esta magnitud, dos horas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Y en este caso, esas dos horas están envueltas en una nebulosa que nadie ha despejado de forma convincente.
El segundo elemento que dispara todas las alarmas es la conversación con Salomé Pradas, vicepresidenta presente en el CECOPI.
Esa llamada se produce apenas un minuto antes de que se envíe el mensaje de alerta a la población valenciana.
Un minuto. Ese dato, confirmado por registros, sugiere que la decisión se tomó tarde y mal, incluso aunque se intente maquillar como una actuación de última hora.
La propia Amazon —empresa implicada en la gestión tecnológica del sistema— ha negado retrasos técnicos atribuibles a su infraestructura, lo que desmonta uno de los argumentos defensivos iniciales.
A partir de ahí, el relato se fragmenta. Aparece un vacío temporal de aproximadamente una hora del que no hay explicación sólida.
Sabemos que Mazón abandona el restaurante, que se dirige a un aparcamiento cercano y que, supuestamente, conversa con la periodista Maribel Vilaplana.
Pero entre las 19:00 y las 20:00 horas, el rastro se diluye. No hay escolta, no hay registros claros de desplazamiento, no hay llamadas documentadas que justifiquen su incomparecencia en el centro de coordinación de emergencias.
Este “agujero negro” temporal no es un detalle menor. Es el núcleo del problema. Porque mientras los ciudadanos estaban atrapados, las carreteras colapsaban y los servicios de emergencia trabajaban al límite, el máximo responsable político de la Comunitat no puede explicar con precisión dónde estaba ni qué hacía. En democracia, eso no es aceptable. Y menos aún cuando hay casi 230 muertos.
Uno de los aspectos más comentados ha sido el cambio de vestimenta del president.
Puede parecer anecdótico, pero no lo es. Carlos Mazón aparece posteriormente con ropa distinta a la que llevaba durante la comida: sin americana, sin corbata, con un estilo más informal.
Testigos directos aseguran haberlo visto ya cambiado antes de llegar a determinados puntos.
La pregunta es inevitable: ¿dónde se cambió? ¿En su domicilio? ¿En otro lugar? ¿Por qué no se ha aclarado desde el primer momento?
Mazón ha negado haber pasado por su casa, pero esa negativa choca con varios indicios: la proximidad geográfica, el tiempo disponible y la ausencia de escolta durante un tramo significativo.
Pasar por casa no sería, en sí mismo, un escándalo. El problema no es ese.
El problema es haberlo negado reiteradamente y haber construido una versión que se cae por su propio peso a medida que surgen nuevos datos.
La figura de Maribel Vilaplana añade otra capa de complejidad. Periodista reconocida, con una trayectoria sólida, se ha visto atrapada en una situación que nadie en su lugar habría deseado.
Ella misma ha admitido errores, ha reconocido que ese día estuvo comiendo con el president y ha expresado su arrepentimiento por no haber dimensionado el impacto que tendría esa coincidencia.
Su testimonio ante el juez deja abiertas varias posibilidades, incluyendo que Mazón se marchara más tarde de lo que inicialmente se dijo.
Aquí no se trata de criminalizar a una periodista ni de alimentar insinuaciones personales. De hecho, insistir en ese camino sería injusto y profundamente machista.
El foco debe mantenerse donde corresponde: en la actuación del president y en su obligación de decir la verdad.
Las amistades, las comidas privadas y las conversaciones personales no son el problema. El problema es mentir sobre ellas cuando hay una tragedia de esta magnitud de fondo.
El periodismo ha hecho lo que tenía que hacer. Medios como Levante y directordeldiario.es han cruzado testimonios, contrastado horarios, hablado con fuentes presenciales y reconstruido los hechos con paciencia y rigor.
Gracias a ese trabajo, hoy sabemos que la versión oficial no encaja. Sabemos que hay incoherencias. Sabemos que se ha intentado ganar tiempo, corregir relatos y minimizar responsabilidades.
Y esto nos lleva a la cuestión política de fondo. Carlos Mazón no dimitió por empatía con las víctimas.
No dio un paso atrás porque sintiera que había fallado. Su resistencia a asumir responsabilidades ha sido constante, basada en la convicción de que “hizo lo correcto”.
Esa actitud es, quizá, lo más doloroso para los familiares de las víctimas. Porque no hay reconocimiento del error, no hay petición de perdón sincera, no hay asunción del impacto real de sus decisiones.
En sociedades abiertas, con ciudadanos informados y con una prensa activa, las estrategias de ocultación tienen las patas muy cortas.
Cada mentira genera otra. Cada silencio abre una nueva pregunta. Y al final, la verdad termina saliendo, aunque sea por acumulación de indicios. Este caso no es una excepción.
La investigación judicial sigue su curso. La comisión de investigación parlamentaria también.
Quedan por aclarar muchos extremos: los registros del vehículo oficial, los datos de geolocalización, los tiempos exactos de desplazamiento, las comunicaciones completas de esa tarde.
Todo eso llegará. Y cuando llegue, confirmará o desmontará definitivamente las versiones actuales.
Mientras tanto, hay algo que no puede esperar: la exigencia de responsabilidad política. No se trata de venganza ni de desgaste partidista.
Se trata de dignidad democrática. Cuando un dirigente no puede explicar qué hizo durante una hora crítica en una emergencia mortal, su continuidad en el cargo se vuelve insostenible.
Las 229 víctimas no son una cifra. Son personas. Familias rotas. Historias truncadas.
Cada minuto de retraso, cada decisión no tomada, cada llamada no realizada pesa como una losa sobre quienes tenían el poder de actuar. Y eso no se borra con comunicados ni con comparecencias evasivas.
Este caso debería marcar un antes y un después. Para la política valenciana, para la gestión de emergencias y para la cultura de la rendición de cuentas en España.
Porque si algo ha quedado claro es que la verdad no puede depender de la conveniencia del momento. La verdad es una obligación. Y cuando se oculta, el coste lo paga toda la sociedad.
Ahora la pelota está en el tejado de las instituciones, de los tribunales y de la ciudadanía. Mirar hacia otro lado no es una opción.
Exigir explicaciones completas, asumir errores y cambiar lo que no funciona es el único camino posible si no queremos que tragedias como esta se repitan. Porque la próxima vez, ya no habrá excusas.
