GRAVE INCIDENTE😱 “CHANCHULLO HISTÓRICO de la MAFIOSA ARMENGOL EN EL CONGRESO” para SALVAR a SÁNCHEZ.
La sesión arrancó con una tensión que se podía cortar en el aire. No era un pleno cualquiera ni una discusión técnica más.
Desde el primer minuto, el Congreso de los Diputados se convirtió en el escenario de un choque frontal entre reglamento, estrategia política y un clima de desgaste institucional que lleva meses acumulándose.
Lo que se vivió no fue solo un intercambio de palabras: fue el reflejo de una legislatura al límite, de una Cámara crispada y de una agenda política atravesada por la desconfianza.
La presidenta abrió la sesión siguiendo el procedimiento habitual, leyendo las modificaciones del orden del día acordadas previamente en la Junta de Portavoces.
Un trámite que, en condiciones normales, apenas genera ruido. Pero esta vez no lo fue.
El Partido Popular había registrado minutos antes un escrito solicitando alterar el orden del día para forzar la comparecencia inmediata del presidente del Gobierno por un presunto caso de corrupción que, según los populares, afecta directamente al PSOE y al Ejecutivo.
La dimisión de Santos Cerdán había actuado como detonante político y el PP quiso aprovechar el pleno en curso para llevar el asunto al centro del hemiciclo.
Miguel Tellado pidió la palabra con un tono que ya anticipaba conflicto. Invocó el artículo 68.1 del Reglamento del Congreso, el mismo que había citado la presidenta minutos antes, para defender que una quinta parte de los diputados puede solicitar la alteración del orden del día.
Su intervención fue directa, calculada y orientada a un objetivo claro: obligar a la Cámara a votar en ese mismo momento la comparecencia de Pedro Sánchez.
“Queremos cumplirle el capricho”, dijo, en referencia a las palabras del propio presidente anunciando que comparecería “en la primera fecha posible”.
La respuesta de la presidenta fue tajante. Recordó que el Reglamento no se aplica de forma aislada, sino conforme a una interpretación consolidada y a las prácticas parlamentarias.
En un pleno ya iniciado, explicó, solo la unanimidad de la Junta de Portavoces permite alterar el orden del día.
Y esa unanimidad no existía. No era una cuestión de voluntad política, insistió, sino de respeto a las reglas que protegen los derechos de todos los diputados.
Ahí comenzó un pulso institucional que fue subiendo de tono. Tellado insistió. Interrumpió. Volvió a pedir la palabra.
Recurrió a otros artículos del Reglamento, acusó a la presidencia de anteponer “costumbres” al texto legal y reclamó una aplicación “estricta” de la norma.
La presidenta, visiblemente molesta, tuvo que llamarle al orden en varias ocasiones y recordarle que no estaba debatiendo con ella, sino representando a un grupo parlamentario.
Ese intercambio, cargado de tensión, dejó una imagen potente: un Congreso atrapado entre el formalismo jurídico y la confrontación política.
No se debatía solo una cuestión procedimental, sino el control del relato. Para el PP, impedir la comparecencia inmediata del presidente era una forma de blindaje político.
Para la presidencia de la Cámara y la mayoría parlamentaria, aceptar esa maniobra habría supuesto vulnerar el funcionamiento ordinario de la institución.
Superado —a medias— el enfrentamiento inicial, el pleno continuó con el siguiente punto del orden del día: la toma en consideración de una proposición de ley del Partido Popular para garantizar la aportación de la energía nuclear en la descarbonización del sistema energético.
Pero el ambiente seguía enrarecido. Cada intervención arrastraba el eco del choque previo.
El diputado Requena Ruiz tomó la palabra y, lejos de rebajar el tono, lo elevó. Su discurso mezcló datos técnicos, referencias europeas, reproches ideológicos y ataques directos al Gobierno.
Defendió que el PP lleva años alertando de los riesgos de cerrar las centrales nucleares sin una alternativa sólida y acusó al Ejecutivo de actuar por dogmatismo ideológico, poniendo en peligro la seguridad energética y encareciendo la factura eléctrica.
Recordó que mientras España avanzaba hacia el cierre nuclear, países de la Unión Europea apostaban por reforzar esta fuente de energía.
Citó la taxonomía verde europea, los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el respaldo del Organismo Internacional de la Energía Atómica y las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, que sitúan a la nuclear en máximos históricos de producción en los próximos años. Su mensaje era claro: cerrar las nucleares no es progresista, es irresponsable.
El diputado popular fue más allá. Enumeró las comarcas afectadas por las centrales nucleares, habló de empleo, de tejido industrial, de soberanía energética.
Apeló directamente a diputados de distintas comunidades autónomas, recordándoles que la electricidad no entiende de fronteras administrativas y que el sistema eléctrico es interdependiente.
Cataluña, País Vasco, Madrid o Andalucía, insistió, dependen en gran medida de la energía nuclear, aunque no siempre lo reconozcan.
También cargó contra el Gobierno por el aumento de la compra de gas ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania, señalando una contradicción que incomoda al Ejecutivo: cerrar nucleares mientras se incrementa la dependencia exterior.
Según los datos citados, España habría gastado miles de millones en gas ruso, una cifra que choca con el discurso oficial de transición energética y autonomía estratégica.
El discurso, sin embargo, no se limitó a lo energético. Requena introdujo de nuevo el elemento de la corrupción, enlazándolo con el debate político general.
Acusó al Gobierno de estar “cercado”, de no tener legitimidad para tomar decisiones estructurales de largo plazo y de intentar ganar tiempo mientras se deteriora la confianza institucional.
Sus palabras, duras y provocadoras, generaron murmullos, protestas y nuevas llamadas al orden desde la presidencia.
La escena era reveladora. Un Congreso dividido no solo por ideologías, sino por la forma de entender la política.
De un lado, una oposición que busca forzar cada resquicio reglamentario para arrinconar al Gobierno.
Del otro, una mayoría que se aferra a los procedimientos para evitar que el pleno se convierta en un campo de batalla permanente.
Más allá del ruido, el fondo del debate no es menor. España se enfrenta a una decisión estratégica sobre su modelo energético.
El calendario de cierre de las centrales nucleares, pactado hace años, coincide ahora con un contexto internacional marcado por la guerra, la volatilidad de los precios energéticos y la urgencia climática.
Reabrir ese debate no es trivial y tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales de largo alcance.
La crispación parlamentaria refleja, en el fondo, la ausencia de un consenso de Estado en materias clave.
Energía, modelo productivo, lucha contra la corrupción, calidad democrática. Todo se mezcla en un mismo escenario y se convierte en munición política.
El resultado es un pleno en el que el reglamento se convierte en arma arrojadiza y la presidencia en diana constante.
Para el ciudadano que observa desde fuera, la imagen es preocupante. No tanto por la confrontación —consustancial a la democracia— sino por la sensación de bloqueo.
Las reglas existen para ordenar el conflicto, no para ocultarlo ni para exacerbarlo. Cuando cada artículo del reglamento se interpreta como un arma, la institución se resiente.
El episodio vivido en esta sesión no será el último. La legislatura avanza en un clima de desgaste acelerado, con una oposición que no concede tregua y un Gobierno que gobierna con mayorías frágiles. En ese contexto, cada pleno se convierte en una prueba de resistencia institucional.
La pregunta que queda en el aire no es solo si habrá comparecencia del presidente, ni si se revisará el calendario nuclear.
La pregunta de fondo es si el Congreso será capaz de recuperar un mínimo de serenidad para debatir los grandes retos del país sin convertir cada sesión en un espectáculo de tensión permanente.
Porque más allá de quién tenga razón en este o aquel punto, lo que está en juego es algo más profundo: la credibilidad de la política y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Y esa, una vez perdida, no se recupera con gritos, ni con maniobras reglamentarias, ni con discursos inflamados.
Se recupera con responsabilidad, rigor y una altura de miras que, hoy por hoy, escasea en el hemiciclo.
