ARDE TROYA “PEGAN PORRAZO EN LA CABEZA AL JEFE DE GABINETE DE MAZÓN A LAS PUERTAS DEL JUZGADO”.
La escena no ha sido una más. No ha sido rutina judicial ni una simple comparecencia técnica.
Lo ocurrido esta mañana a las puertas del juzgado de Catarroja ha dejado una imagen que, probablemente, quedará grabada durante mucho tiempo en la memoria colectiva valenciana.
Gritos de “asesino”, pancartas golpeando cuerpos protegidos por escoltas, víctimas desbordadas por el dolor y una sensación compartida: un año y tres meses después de la DANA, la herida sigue abierta y nadie ha asumido de verdad la responsabilidad.
La tensión era visible desde primera hora. No hacía falta ser experto para percibirlo.
Bastaba con mirar a los familiares de las víctimas, con los ojos enrojecidos, con la rabia contenida que estalla cuando sienten que, de nuevo, se les esquiva la verdad.
Cuando José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, salía escoltado por la Guardia Civil, una pancarta impactó contra él.
Se giró, encaró a quienes la sostenían. Los gritos subieron de tono. “Asesino”, “chulo”, “sinvergüenza”. No eran consignas políticas: eran gritos de duelo.
Apenas unos minutos después, la tensión se trasladó al otro foco del día: la salida de Salomé Pradas, exconsellera responsable de Emergencias.
Rodeada también por agentes, increpada por las víctimas, trató de abrirse paso entre cámaras y micrófonos.
El careo judicial entre Pradas y Cuenca, previsto como una diligencia excepcional para aclarar contradicciones clave, ya había comenzado a mostrar que no se trataba solo de una cuestión técnica. Era, sobre todo, una cuestión moral.
El objetivo del careo era claro: determinar quién tomó realmente las decisiones la tarde-noche del 29 de octubre, cuando la DANA arrasó municipios enteros y dejó 230 muertos.
En particular, aclarar por qué no se ordenó el confinamiento de la población en las zonas más afectadas, una medida que, según los autos judiciales y numerosos expertos, podría haber salvado decenas de vidas.
Salomé Pradas sostiene desde hace meses una versión que apunta hacia arriba. Afirma que no confinó porque recibió instrucciones de no hacerlo.
Que esas instrucciones venían del entorno directo del president de la Generalitat, Carlos Mazón, canalizadas a través de su jefe de gabinete.
En concreto, a través de José Manuel Cuenca. Pradas ha llegado a afirmar que entendía a Cuenca como “una extensión” del propio Mazón. Una frase demoledora.
Cuenca, por su parte, niega haber dado órdenes. Dice que solo ofreció opiniones, valoraciones, reflexiones.
Que nunca impartió instrucciones ejecutivas. La diferencia no es semántica. Es penal.
Si Cuenca actuó como mero asesor, la responsabilidad podría recaer en Pradas. Si actuó como transmisor de órdenes del president, el foco se desplaza peligrosamente hacia Mazón.
El careo se produce en un momento procesal clave. La Audiencia Provincial de Valencia rechazó recientemente el sobreseimiento solicitado por Pradas y avaló la línea de investigación de la jueza instructora, señalando indicios claros de una posible conducta omisiva grave.
El tribunal dejó claro que no se trata de juzgar previsiones meteorológicas, sino decisiones políticas y administrativas adoptadas —o no adoptadas— cuando la información ya era suficiente.
Y esa información existía. A las 12 del mediodía del día 29 ya se hablaba de un camionero desaparecido en Carlet.
A las cuatro de la tarde, según diversas declaraciones, ya había constancia de al menos dos víctimas mortales en la comarca de Utiel-Requena.
A las ocho de la tarde, cuando Mazón reaparece en el Palau de la Generalitat tras horas sin responder llamadas, su propio equipo le informa de que puede haber decenas de fallecidos. No era una sorpresa. No era imprevisible.
Sin embargo, el relato oficial durante meses fue otro: que nadie sabía nada, que la gravedad no se conoció hasta mucho más tarde, que todo fue una concatenación de imprevistos.
Ese relato empieza a resquebrajarse no solo por las pruebas judiciales, sino por las contradicciones internas del propio Partido Popular.
El papel de Alberto Núñez Feijóo es, en este punto, central. Durante 14 meses sostuvo públicamente que estuvo informado “en tiempo real” de lo que ocurría en Valencia.
Lo repitió en ruedas de prensa, lo utilizó para blindar políticamente a Mazón cuando ya se cuestionaba dónde estaba durante la emergencia.
Sin embargo, ante la jueza de la DANA, como testigo y obligado a decir la verdad, Feijóo acabó reconociendo que no tenía información en tiempo real, que no la pidió y que no sabía dónde estaba Mazón.
Cinco horas de declaración testifical bastaron para desmontar un relato sostenido durante más de un año.
Feijóo intentó matizar, hablar de errores de expresión, de confusión de fechas, de que se refería a los días posteriores. Pero el daño ya estaba hecho.
Porque la frase no fue inocente. Sirvió para desactivar críticas, para calmar preguntas incómodas, para construir una coartada política que hoy se cae.
La contradicción más grave, sin embargo, no es solo la de Feijóo consigo mismo, sino la que mantiene con Mazón.
Feijóo declaró que Mazón le comunicó a las 23:25 de la noche del día 29 que había fallecidos.
Mazón dijo en el Congreso que no tuvo noticia de ningún muerto hasta el día siguiente.
Ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y cuando las versiones chocan de esa manera, la sombra de la mentira se hace inevitable.
Mientras tanto, las víctimas observan. Escuchan. Esperan. Un año y tres meses después, siguen sin saber quién decidió no confinar, quién dijo “no molestéis al president”, quién valoró que era mejor no generar alarma mientras el agua subía y las llamadas al 112 se multiplicaban.
Más de 20.000 llamadas, según los autos judiciales. Más de 155 víctimas mortales antes incluso de que se enviara el mensaje de alerta.
En este contexto, el gesto de Salomé Pradas al acercarse a las víctimas ha generado reacciones encontradas.
Según ha explicado ella misma, se dirigió a una de las portavoces de la Asociación de Víctimas del 29 de Octubre para trasladarle su apoyo y proponer un encuentro “con calma, fuera de focos”.
Un café, una conversación. Para explicar “lo que sintió” y “lo que vivió”.
Para algunas víctimas, ese gesto llega tarde. Muy tarde. No se trata de emociones, sino de decisiones.
No se trata de comprensión personal, sino de responsabilidades políticas y penales.
La sensación general es que, durante más de un año, se les ha negado una explicación clara, mientras los responsables se protegían unos a otros.
El caso de José Manuel Cuenca añade una capa más de indignación. El exjefe de gabinete entregó a la Generalitat un teléfono móvil completamente reseteado, sin rastro de mensajes, incluidos los intercambios con Mazón la tarde de la DANA.
La propia administración ha confirmado que llegó a tener hasta cuatro terminales. No se sabe qué ocurrió con los otros. Lo que sí se sabe es que los mensajes no están.
Y, además, Cuenca ha sido nombrado por el propio Mazón como personal de apoyo en su oficina de expresident, con un sueldo que ronda los 58.000 euros anuales y carácter prácticamente vitalicio mientras Mazón mantenga esa oficina.
Una atadura económica que, para muchos, explica la férrea lealtad mostrada por Cuenca en su declaración.
La frontera es clara: admitir que transmitió órdenes podría implicar al expresident. Negarlo lo protege… y se protege.
La jueza sabe que este es un punto crítico. Por eso el careo. Por eso una diligencia excepcional.
Porque aquí no se trata de matices, sino de determinar si alguien mintió. Y si ese alguien es un testigo, las consecuencias pueden ser penales por falso testimonio.
No cualquier contradicción vale, es cierto. Pero una mentira relevante, sobre hechos esenciales, sí tiene recorrido judicial.
Lo que está en juego va mucho más allá de este procedimiento concreto. Está en juego la credibilidad de las instituciones, la confianza de la ciudadanía y el derecho de las víctimas a la verdad.
También el futuro político de quienes aspiran a gobernar España mientras arrastran una mochila de contradicciones, silencios y medias verdades.
La imagen de esta mañana, con pancartas golpeando escoltas y gritos de “asesino”, no es un exceso.
Es la expresión cruda de una sociedad que siente que se le ha fallado. Que siente que, mientras ellos enterraban a sus muertos, otros construían relatos para sobrevivir políticamente.
Nada de lo que ocurra a partir de ahora devolverá las vidas perdidas. Pero sí puede marcar una diferencia fundamental: saber quién decidió, quién calló, quién mintió y quién miró hacia otro lado.
Porque sin verdad no hay reparación. Y sin responsabilidades, la herida seguirá supurando, por mucho que pase el tiempo.
