CASO MAZÓN: BORRA TELEFONO, MIENTE A LA JUEZA Y 54 MIL EUROS.
La causa judicial abierta tras la tragedia de la DANA en la Comunitat Valenciana sigue arrojando hechos que, lejos de aclararse con el paso del tiempo, dibujan un escenario cada vez más inquietante.
No se trata solo de errores políticos o de decisiones discutibles en un contexto de emergencia.
Lo que está emergiendo, a partir de actuaciones judiciales documentadas y de diligencias ya incorporadas a la causa, apunta a comportamientos que afectan directamente a la credibilidad institucional, a la transparencia y al respeto debido a las víctimas.
Uno de los episodios que más impacto ha causado en los últimos días tiene como protagonista al entonces jefe de gabinete del president de la Generalitat, Carlos Mazón.
Según consta en el procedimiento, este alto cargo entregó su teléfono móvil a requerimiento judicial completamente borrado.
El dispositivo había sido reseteado, sin rastro alguno de mensajes, conversaciones o datos previos.
Este hecho adquiere una gravedad especial cuando se contrasta con su declaración anterior ante la jueza instructora, en la que aseguró que no conservaba mensajes porque había cambiado de móvil y que no se habían guardado en ninguna nube.
La comprobación técnica posterior, realizada una vez el terminal fue devuelto a la Generalitat tras su cese, desmonta esa versión.
El móvil no había sido sustituido sin más: había sido borrado de forma deliberada.
Esta contradicción abre la puerta, como mínimo, a la valoración de un posible falso testimonio, una figura penal que exige requisitos específicos pero que la magistrada deberá analizar a la luz de los hechos objetivos ya constatados.
Este punto es clave y conviene subrayarlo con claridad. Borrar un teléfono móvil, por sí solo, no constituye automáticamente un delito.
Así lo establece la jurisprudencia y así lo reconocen numerosos juristas.
Sin embargo, mentir a una jueza sobre ese borrado, ofrecer una versión falsa o incompleta en una declaración judicial, sí puede tener consecuencias penales.
La diferencia no es menor y marca la línea entre una conducta reprochable y una posible responsabilidad criminal.
La relevancia del caso no termina ahí. Mientras este asesor borraba los mensajes de su dispositivo, otras personas implicadas en la gestión de aquella jornada crítica sí conservaron sus comunicaciones.
La entonces consellera competente, Salomé Pradas, aportó mensajes ante notario y los remitió al juzgado.
También se han incorporado mensajes de otros responsables políticos.
Este contraste resulta revelador: quienes podían necesitar esos mensajes para acreditar su actuación los conservaron; quien estaba en una posición más comprometida, no.
A partir de esos mensajes ya conocidos, se ha podido reconstruir parte de lo ocurrido durante las horas más dramáticas de la DANA.
En ellos aparece un patrón preocupante: decisiones clave retrasadas, alertas que no se activan, órdenes que no se dan y, sobre todo, una prioridad política que parece imponerse a la urgencia de proteger vidas.
Entre los mensajes destaca uno especialmente sensible: el asesor sin competencias directas en emergencias indicando que no se molestara al president durante horas críticas, y desaconsejando medidas como el confinamiento de la población.
Este punto es especialmente grave desde el punto de vista institucional. El jefe de gabinete no tenía atribuciones legales para dirigir una emergencia ni para condicionar decisiones técnicas.
Y, sin embargo, los mensajes muestran que ejercía una influencia directa sobre quien sí tenía la responsabilidad formal.
Esa intromisión, documentada por las propias comunicaciones que otros sí conservaron, es hoy una de las piezas clave del procedimiento judicial.
La jueza instructora, ante las contradicciones detectadas entre las versiones de los implicados, tomó una decisión poco habitual pero plenamente justificada: ordenar un careo.
En ese cara a cara, las contradicciones quedaron aún más expuestas, no solo por lo que se dijo, sino por lo que ya estaba acreditado documentalmente.
Es en este contexto donde la magistrada deberá valorar si hubo una estrategia deliberada de ocultación o destrucción de pruebas.
Mientras todo esto ocurre en sede judicial, otro elemento ha añadido indignación social.
Tras dejar su cargo, el exjefe de gabinete fue contratado como asesor del expresident Carlos Mazón, con una retribución pública que ronda los 54.000 euros anuales.
La decisión, aunque legal en términos administrativos, plantea un problema evidente de ética pública y de oportunidad política.
La imagen que proyecta es demoledora: alguien que ha mentido ante una jueza y ha entregado un móvil borrado pasa a ser recompensado con un puesto bien remunerado sufragado con dinero público.
Este hecho ha sido interpretado por muchos ciudadanos como una forma de blindaje o protección, una manera de garantizar silencio o lealtad en un momento extremadamente delicado.
No es necesario afirmar que exista una compra de voluntades para entender el daño reputacional que provoca una decisión así.
En política, las formas importan tanto como los fondos, y aquí el mensaje es difícil de defender.
Todo ello se produce mientras las familias de las víctimas de la DANA siguen luchando por algo tan básico como la verdad.
Lejos de resignarse, han acudido a los juzgados, han soportado declaraciones durísimas y han encarado cara a cara a los responsables políticos.
Su actitud ha sido ejemplar: firme, serena y persistente. Han demostrado que la memoria de quienes murieron no se defiende con discursos, sino con hechos y con constancia.
En ese camino, el papel de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra está siendo determinante. Su instrucción, rigurosa y ajena al ruido mediático, ha permitido que los hechos vayan emergiendo con claridad.
Cuando la justicia actúa con independencia, se nota. Y cuando lo hace frente a presiones, bulos o intentos de desviar la atención, su valor democrático se multiplica.
El caso también ha puesto en evidencia el papel de ciertos pseudomedios que, desde el primer momento, intentaron construir un relato alternativo.
Un relato basado en la confusión, en medias verdades y en ataques personales, mientras los hechos documentales seguían otro camino muy distinto.
Hoy, con mensajes incorporados a la causa, con móviles analizados y con contradicciones acreditadas, muchos de esos relatos se desmoronan por sí solos.
La DANA no fue solo una tragedia natural. Fue también una prueba de estrés para las instituciones.
Y esa prueba ha revelado debilidades profundas: falta de previsión, mala gestión de la comunicación, decisiones políticas que primaron la imagen sobre la seguridad y, posteriormente, intentos de ocultación que agravan aún más la responsabilidad inicial.
Este caso conecta con una preocupación más amplia que atraviesa la sociedad española: la sensación de que las instituciones están debilitadas, cuando no directamente contaminadas por prácticas opacas.
La comparación con otros episodios recientes, como el trato dado a determinadas figuras institucionales, refuerza esa percepción de doble rasero y de instrumentalización del aparato del Estado.
Por eso, lo que está ocurriendo en este juzgado no es un asunto menor ni local. Tiene implicaciones nacionales.
Habla de cómo se gestionan las emergencias, de cómo se asumen responsabilidades y de qué ocurre cuando el poder se siente impune. Habla, en definitiva, de la calidad democrática.
La ciudadanía tiene un papel fundamental en este momento. No como espectadora pasiva, sino como sujeto activo que exige explicaciones, transparencia y justicia.
La unión de los familiares de las víctimas es una lección cívica que trasciende este caso concreto. Demuestra que, incluso cuando las instituciones fallan, la presión ciudadana puede abrir grietas por las que entre la verdad.
Nada de lo que se está conociendo habría salido a la luz sin esa persistencia, sin esa negativa a aceptar el olvido como respuesta.
Y nada garantiza que esto no vuelva a ocurrir si no se depuran responsabilidades políticas y, en su caso, penales.
El borrado de un móvil no borra los hechos. Las mentiras no resisten cuando existen pruebas cruzadas.
Y las decisiones tomadas en momentos críticos dejan huella, por mucho que algunos intenten reescribir la historia después.
Hoy, gracias a una instrucción judicial sólida y al coraje de las víctimas, esa huella está quedando al descubierto.
Lo que está en juego no es solo el futuro político de unos nombres concretos. Es algo mucho más profundo: la confianza de la ciudadanía en que, cuando llegue la próxima emergencia, quienes estén al mando actuarán pensando primero en salvar vidas, no en proteger su agenda ni su imagen.
Esa es la verdadera lección de todo lo que estamos conociendo. Y esa es la razón por la que mirar hacia otro lado ya no es una opción.
