¡SILENCIO TOTAL! RUFIÁN REVIENTA el RELATO del PP 😳 “EL PROBLEMA ES LA MENTIRA”.
Hubo un instante en el Congreso en el que el murmullo habitual se detuvo. No fue un grito ni un insulto, tampoco una frase ingeniosa diseñada para redes sociales. Fue una advertencia.
Gabriel Rufián arrancó su intervención citando un libro, pero rápidamente dejó claro que aquello no iba de literatura. Iba de poder, de votos y de algo que ya está ocurriendo mientras muchos prefieren mirar a otro lado.
Un fantasma, dijo, recorre el hemiciclo. Y no tardó en ponerle nombre, apellidos y siglas: Partido Popular, Vox y Junts.
No fue una ocurrencia retórica. Rufián habló con números, con memoria reciente y con una sensación de urgencia que pocas veces se percibe en el Parlamento.
Treinta y cinco votaciones perdidas por el Gobierno. Treinta y cinco veces en las que ese bloque informal, no firmado pero perfectamente operativo, ha actuado como una mayoría alternativa.
Una de ellas, especialmente simbólica, fue la votación contra la regulación del alquiler.
Una votación que afecta de lleno a miles de personas que destinan la mayor parte de su salario a pagar una vivienda y que, sin embargo, fue rechazada sin rubor por quienes luego se presentan como defensores de la clase media.
La intervención de Rufián no buscaba aplausos fáciles. Buscaba incomodar. Porque mientras desde algunos sectores se repite como un mantra que “Junts no se atreverá”, que “Junts no puede ir con quienes niegan la nación catalana” o con quienes justificaron la violencia policial del 1 de octubre, la realidad parlamentaria dice otra cosa. Junts ya se ha atrevido. Ya ha votado junto al PP y Vox cuando ha convenido. Y no lo ha hecho por ingenuidad, sino por estrategia.
Ahí está uno de los ejes centrales del discurso: el blanqueamiento mediático.
Rufián lo señaló sin rodeos. Existe una enorme capacidad para normalizar pactos que hace apenas unos años habrían sido impensables.
Se repite el mensaje, se suaviza el lenguaje, se presentan las alianzas como inevitables o técnicas, y cuando la ciudadanía quiere darse cuenta, el bloque ya actúa como si gobernara.
No hace falta un acuerdo firmado, basta con votar juntos lo suficiente.
La pregunta que lanzó al presidente del Gobierno no fue retórica. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo cuando ese bloque ya se comporta como si tuviera el poder? ¿Qué estrategia existe para frenar una dinámica que no se anuncia con ruedas de prensa, pero se ejecuta voto a voto en el Congreso? Porque ignorar el problema no lo hace desaparecer. Y minimizarlo, aún menos.
La respuesta de Pedro Sánchez fue la que muchos esperaban y otros tantos temían. El presidente reivindicó la trayectoria de su Gobierno como el del diálogo y el acuerdo.
Sacó pecho de las comparecencias realizadas, de las leyes aprobadas, de los acuerdos sociales cerrados incluso ese mismo día.
Habló de la normalización de la situación en Cataluña, de decisiones difíciles pero necesarias, de una convivencia mejor que la de 2017. Y en buena medida, todo eso es cierto.
Pero el problema no estaba en el balance del pasado, sino en la incertidumbre del presente.
Porque mientras el Gobierno enumera logros, la aritmética parlamentaria sigue siendo endiablada.
Cada votación se convierte en una partida de ajedrez en la que el margen de error es mínimo.
Y en ese contexto, la capacidad de un bloque alternativo para tumbar iniciativas clave no es una hipótesis, es un hecho.
El debate sobre el alquiler se convirtió en una línea roja que dejó al descubierto las contradicciones.
Sánchez defendió que no tiene sentido transferir recursos a comunidades autónomas que luego los utilizan para hacer regalos fiscales a los más ricos.
Una crítica directa a los gobiernos autonómicos del PP, especialmente Madrid y Andalucía, donde la política fiscal ha sido utilizada como bandera ideológica.
Sin embargo, la votación perdida demuestra que esa crítica, por sí sola, no basta para construir mayorías estables.
El cruce posterior entre la vicepresidenta María Jesús Montero y la portavoz del PP, Cuca Gamarra, elevó el tono y amplió el foco.
Gamarra acusó al Gobierno de ocultar un “cuponazo separatista” tras el acuerdo con Esquerra Republicana, cuestionando la solidaridad del sistema de financiación y alertando de recortes encubiertos al Estado del bienestar.
Montero respondió con dureza, acusando al PP de preferir una Cataluña en llamas antes que una Cataluña gobernada por un presidente socialista, y recordando que el acuerdo estaba publicado y era accesible para cualquiera que quisiera leerlo.
Más allá del intercambio de reproches, el fondo del asunto volvió a ser el mismo: dos modelos de país enfrentados y un bloque conservador que, según el Gobierno, utiliza la confrontación territorial y el miedo como principal herramienta política.
La vicepresidenta fue clara al señalar lo que considera el modelo del PP: deterioro de los servicios públicos y regalos fiscales a los más poderosos, mientras se renuncia a inversiones clave como las plazas públicas de educación infantil.
El debate se tensó aún más cuando entró en juego la cuestión migratoria y la atención a los menores extranjeros no acompañados.
El diputado popular Miguel Tellado acusó al Gobierno de incompetencia y de bloquear acuerdos con Canarias, mientras Montero replicó que el PP había votado en contra de la reforma de la Ley de Extranjería que permitiría redistribuir a miles de menores por el territorio.
De nuevo, las votaciones hablan más alto que los discursos.
Y es ahí donde la advertencia inicial de Rufián cobra todo su sentido. No se trata solo de lo que dice Vox, sino de lo que otros normalizan.
Cuando se vota contra el alquiler, contra la protección social o contra medidas que incomodan a determinados poderes económicos, el bloque queda retratado sin necesidad de grandes declaraciones. La política deja de ir de promesas y pasa a ir de responsabilidades concretas.
El blanqueamiento constante convierte lo impensable en rutina. Pactar con la ultraderecha deja de ser un escándalo para convertirse en una opción más del menú político.
Y cuando eso ocurre, el coste ya no es solo electoral, es democrático. Porque se desdibujan las líneas rojas y se banalizan discursos que cuestionan derechos fundamentales.
Rufián no cerró su intervención con un eslogan, sino con una pregunta incómoda que sigue flotando en el aire.
Si este bloque ya actúa como si gobernara, ¿quién va a explicar después que no se veía venir? ¿Quién asumirá la responsabilidad de haber subestimado una dinámica que estaba a la vista de todos, voto a voto, sesión a sesión?
La escena vivida en el Congreso no fue un episodio aislado. Es el reflejo de una legislatura frágil, de un Parlamento fragmentado y de una batalla por el relato que se libra tanto dentro como fuera del hemiciclo.
En un contexto de inflación, crisis de vivienda y desgaste institucional, cada decisión cuenta. Cada abstención, cada voto en contra, cada alianza tácita.
La advertencia está hecha. No desde la épica, sino desde la aritmética. No desde el miedo abstracto, sino desde los hechos comprobables.
Treinta y cinco votaciones perdidas no son una anécdota. Son un síntoma. Y como todo síntoma, ignorarlo no lo cura.
La política española se encuentra en un punto de inflexión silencioso. No hay golpes de efecto, pero sí movimientos constantes.
Y mientras algunos siguen repitiendo que “no se atreverán”, otros ya están votando juntos.
La pregunta ya no es si ese bloque existe, sino qué se va a hacer para impedir que su normalización termine por redefinir las reglas del juego.
Porque cuando llegue el momento de mirar atrás, nadie podrá decir que no hubo advertencias. Estaban ahí, dichas en voz alta, en sede parlamentaria.
El fantasma no se escondía en los pasillos. Recorre el Congreso a plena luz del día. Y esta vez, fingir que no se ve puede salir muy caro.
