Varapalo del Constitucional al PP de Ayuso: estima un recurso del PSOE por vetar las preguntas sobre las amenazas de MAR.
Entiende el tribunal que la Mesa de la Asamblea de Madrid vulneró los derechos de los diputados de la oposición.
Hay decisiones judiciales que no solo corrigen un procedimiento, sino que envían un mensaje político nítido, casi pedagógico, sobre los límites del poder.
La última resolución del Tribunal Constitucional contra el veto impuesto por el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid es una de ellas.
No es un simple ajuste técnico ni una disputa parlamentaria menor: es un toque de atención serio sobre cómo se está ejerciendo el poder en la Comunidad de Madrid y hasta dónde puede llegar una mayoría absoluta cuando confunde control institucional con censura.
Durante meses, el bloqueo de preguntas de la oposición sobre Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, fue presentado por el PP como una cuestión de forma, casi burocrática.
Una interpretación reglamentaria, decían. El Constitucional acaba de desmontar ese argumento de raíz y lo ha hecho con una contundencia poco habitual: por unanimidad. No hay fisuras, no hay votos particulares, no hay dudas.
La Mesa de la Asamblea vulneró derechos fundamentales de los diputados de la oposición y, con ello, dañó el funcionamiento democrático de la Cámara.
La sentencia no llega en un vacío político. Llega en un contexto marcado por la creciente tensión institucional en Madrid, por la acumulación de polémicas alrededor del entorno más cercano de Ayuso y por una estrategia de confrontación que ha convertido el Parlamento regional en un campo de batalla donde el rodillo de la mayoría se ha impuesto demasiadas veces al debate democrático.
El origen del conflicto se remonta a julio de 2024. La diputada socialista Marta Bernardo registró varias preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno regional.
No eran preguntas genéricas ni caprichosas. Se centraban en el comportamiento de Miguel Ángel Rodríguez y en si sus mensajes y actuaciones eran compatibles con el código ético de los altos cargos de la Comunidad de Madrid.
Entre esos mensajes figuraban expresiones como “os vamos a triturar” o “vais a tener que cerrar”, dirigidas a una periodista, que generaron un profundo malestar en el ámbito mediático y político.
La reacción de la Mesa de la Asamblea, controlada por la mayoría absoluta del PP, fue tajante: inadmitir a trámite hasta cinco preguntas de la oposición alegando que no se referían a acciones de control del Gobierno.
Con ese argumento, se cerró en falso un debate que iba mucho más allá de una anécdota verbal. Se trataba de analizar si el comportamiento del jefe de gabinete de la presidenta respetaba los principios éticos exigibles a un alto cargo y si el Ejecutivo regional miraba hacia otro lado.
El PSOE de Madrid decidió no resignarse. Presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional al considerar que se había producido una vulneración clara del derecho de los diputados a ejercer su función de control al Gobierno.
Lo que estaba en juego no era solo una pregunta parlamentaria, sino el equilibrio entre mayoría y oposición en una institución democrática.
La respuesta del Constitucional ha sido clara y demoledora para el PP madrileño.
La sala segunda ha estimado el recurso socialista y ha concluido que la Mesa de la Asamblea de Madrid actuó de forma injustificada al vetar las preguntas.
La sentencia, cuyo ponente es el magistrado Enrique Arnaldo, subraya que esas preguntas estaban plenamente justificadas dentro de la labor de control parlamentario y que impedir su tramitación supuso una limitación ilegítima del derecho constitucional de los diputados.
No es un matiz menor. El derecho a formular preguntas al Gobierno forma parte del núcleo esencial del mandato representativo.
No es una concesión graciosa de la mayoría, ni un favor que pueda retirarse cuando resulta incómodo.
Es una herramienta básica para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el control del poder ejecutivo.
La consecuencia jurídica es directa: las resoluciones por las que se ejerció el veto quedan declaradas nulas.
La Mesa de la Asamblea, pese a su mayoría del PP, está obligada a admitir de nuevo las preguntas y a respetar los derechos fundamentales de la oposición.
En términos políticos, el mensaje es aún más potente: no todo vale, ni siquiera con mayoría absoluta.
Desde el PSOE madrileño, la reacción ha sido inmediata y contundente. Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea, ha interpretado la sentencia como una victoria democrática, no partidista.
“Ayuso ha querido poner la mordaza a los socialistas y a Madrid para ocultar las barrabasadas de Miguel Ángel Rodríguez”, afirmó, acusando al PP de intentar tapar comportamientos impropios y de protagonizar un “atropello democrático”.
Sus palabras apuntan a un problema de fondo: la tentación de convertir las instituciones en un muro de protección política para el entorno del poder.
Según Espinar, la estrategia del Gobierno regional no era otra que blindar a Miguel Ángel Rodríguez y evitar que se hablara de sus mensajes, de sus amenazas y de su papel en un contexto más amplio de polémicas que rodean a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, y los casos judiciales vinculados a su figura.
La referencia al nombre “Alberto Quirón”, supuestamente registrado en el móvil de Rodríguez, añade una capa más de opacidad y de sospecha que la oposición quería esclarecer mediante preguntas legítimas.
No se trataba de un juicio paralelo, sino de exigir explicaciones políticas en el foro adecuado: el Parlamento.
Espinar lo resumió con una frase cargada de simbolismo: “Le hemos doblado el brazo.
No ganamos nosotros, no ganan los socialistas de Madrid; gana la democracia, ganan los madrileños”.
Más allá del tono combativo, hay una idea central que conecta con la resolución del Constitucional: cuando se corrige un abuso de poder institucional, el beneficio no es para un partido concreto, sino para el conjunto del sistema democrático.
El fallo del Tribunal Constitucional también deja en una posición incómoda a Isabel Díaz Ayuso. Aunque la sentencia se dirige formalmente contra la Mesa de la Asamblea, es evidente que la estrategia de blindaje político responde a una lógica impulsada desde el Ejecutivo regional.
El intento de cerrar el debate sobre Miguel Ángel Rodríguez no fue un error aislado, sino parte de una forma de gobernar que tiende a identificar crítica con ataque y control parlamentario con hostilidad.
Desde hace años, Ayuso ha construido un relato de confrontación permanente, presentándose como víctima de una oposición y de unos medios que, según su discurso, buscan desgastarla.
Ese relato, eficaz en términos electorales, choca frontalmente con el principio básico de rendición de cuentas.
Gobernar implica dar explicaciones, incluso cuando son incómodas, y aceptar que el Parlamento no es un decorado, sino un espacio de fiscalización real.
La sentencia del Constitucional refuerza esa idea y marca un precedente relevante. Advierte a las mayorías parlamentarias de que no pueden utilizar los reglamentos de forma arbitraria para silenciar a la oposición.
El control del orden del día, de la admisión de iniciativas o de las preguntas no puede convertirse en un instrumento de censura política.
En un contexto de polarización creciente, esta resolución adquiere una dimensión que va más allá de la Asamblea de Madrid.
Afecta al debate sobre la calidad democrática en España, sobre el papel de los parlamentos autonómicos y sobre la necesidad de proteger los derechos de las minorías políticas frente al rodillo de las mayorías absolutas.
No es casual que el Constitucional subraye que las preguntas vetadas estaban directamente relacionadas con la acción del Gobierno.
El jefe de gabinete de la presidenta no es un actor privado ajeno a la administración. Es una figura clave del Ejecutivo regional, con influencia directa en la comunicación y en la estrategia política del Gobierno.
Preguntar por su conducta y por su adecuación al código ético no solo es pertinente, sino necesario.
El intento de presentar esas preguntas como irrelevantes o ajenas al control parlamentario revela una concepción muy restrictiva, casi patrimonial, del poder.
Como si solo se pudiera preguntar por lo que la mayoría considera aceptable. Esa lógica es incompatible con una democracia madura.
A partir de ahora, la Mesa de la Asamblea deberá readmitir las preguntas y permitir que el debate se produzca.
Queda por ver cómo gestionará el PP este escenario. Si optará por una defensa política de Miguel Ángel Rodríguez, por un silencio estratégico o por una rectificación más profunda.
En cualquier caso, el foco vuelve a estar donde se intentó apagar: en el comportamiento del entorno más cercano de Ayuso y en la transparencia de su Gobierno.
La decisión del Constitucional también interpela a la ciudadanía. Porque el derecho de los diputados a preguntar no es un privilegio corporativo, sino una garantía indirecta del derecho de los ciudadanos a saber.
Cada pregunta vetada es una información que no llega, una explicación que se posterga, una sombra que se alarga.
En un momento en el que la desafección política crece y la confianza en las instituciones se resiente, este tipo de resoluciones recuerdan que existen contrapesos y que el abuso de poder no es irreversible.
La justicia constitucional, aunque lenta y a menudo cuestionada, cumple aquí una función esencial: restaurar derechos y marcar límites.
La polémica alrededor de Miguel Ángel Rodríguez, sus mensajes y su papel en el entorno de Ayuso no desaparecerá con esta sentencia.
Probablemente, se intensifique. Pero lo que ya no podrá hacerse es silenciar el debate desde un despacho o desde una Mesa parlamentaria.
El debate volverá al hemiciclo, que es donde siempre debió estar.
En última instancia, este episodio deja una lección clara para todos los actores políticos: la democracia no se defiende solo con discursos grandilocuentes, sino respetando las reglas del juego, incluso —y sobre todo— cuando incomodan.
Vetar preguntas puede parecer una victoria táctica a corto plazo, pero a largo plazo erosiona la credibilidad institucional y alimenta la percepción de autoritarismo.
El Tribunal Constitucional ha hablado y lo ha hecho con claridad. Ahora le toca a la Asamblea de Madrid cumplir la sentencia y al Gobierno de Ayuso asumir que gobernar no es mandar callar, sino dar la cara. Porque cuando se intenta poner una mordaza al Parlamento, no se silencia a un partido: se debilita la democracia.
