Ayuso sale en defensa de Julio Iglesias tras las acusaciones de agresiones sexuales: “Es el cantante más universal de todos”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho a través de redes sociales que “jamás contribuirá al desprestigio de los artistas” y ha asegurado que “las mujeres atacadas están en Irán”.
Hay declaraciones que no se leen: se sienten como un golpe seco. Frases que, en apenas unas líneas, condensan una visión del mundo, una estrategia política y una forma muy concreta de entender el poder.
La reacción de Isabel Díaz Ayuso tras la exclusiva publicada por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias sobre las presuntas agresiones sexuales cometidas por Julio Iglesias en 2021 no solo ha encendido el debate político y social, sino que ha vuelto a colocar en el centro una pregunta incómoda que España arrastra desde hace décadas: ¿qué ocurre cuando la fama, el poder y la impunidad se cruzan con las denuncias de las mujeres?
La información periodística, construida a partir de testimonios de trabajadoras que relatan supuestos abusos sexuales, físicos y psicológicos en las propiedades del cantante, ya era de por sí un terremoto.
No se trata de un artista cualquiera. Julio Iglesias es uno de los nombres más reconocidos de la cultura popular española, un icono global, un símbolo de éxito internacional.
Precisamente por eso, el impacto es mayor. Porque cuando el acusado es “el cantante más universal”, el debate deja de ser solo judicial o mediático y se convierte en político, cultural y moral.
La presidenta de la Comunidad de Madrid decidió posicionarse de inmediato. Lo hizo con un mensaje en la red social X que no pasó desapercibido: “Las atacadas están en Irán, con el cómplice de la ultraizquierda”.
No mencionó directamente a Julio Iglesias en esa primera frase, pero el contexto lo decía todo.
La comparación, el desplazamiento del foco, la negación implícita del problema denunciado en España, provocaron una oleada de reacciones casi instantánea.
Ayuso no se quedó ahí. En el mismo mensaje dejó clara la postura de su gobierno: la Comunidad de Madrid, afirmó, “jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”.
En una sola frase, la presidenta vinculó la defensa institucional no a una investigación judicial concluida, sino a la imagen, al prestigio y al valor simbólico del artista.
Para muchos, ese fue el verdadero núcleo de la polémica: la prioridad no parecía ser esclarecer los hechos, sino proteger una figura pública.
Las palabras importan. Y en política, aún más. Porque cuando una presidenta autonómica habla, no lo hace solo como usuaria de una red social, sino como representante de una institución.
Su mensaje no fue interpretado como una opinión personal aislada, sino como una declaración de intenciones del gobierno regional frente a unas acusaciones graves.
Para unas personas, fue una defensa legítima del principio de presunción de inocencia. Para otras, un ejemplo más de cómo el poder se blinda a sí mismo frente a las denuncias incómodas.
El choque no tardó en trasladarse a la Asamblea de Madrid. Más Madrid, principal fuerza de la oposición, reaccionó con contundencia.
Su portavoz, Manuela Bergerot, pidió públicamente la retirada de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid concedida a Julio Iglesias.
No se trataba, subrayó, de una condena judicial anticipada, sino de una decisión política y simbólica. “Madrid no puede premiar la impunidad tras los relatos que hemos conocido”, afirmó, también en X.
Ese matiz es clave. La retirada de honores no es una sentencia penal, pero sí un posicionamiento ético.
Reconocer a alguien con una distinción institucional implica avalar una trayectoria, unos valores, una imagen pública.
Cuando surgen acusaciones de este calibre, mantener esos honores se convierte en una decisión política en sí misma. No hacer nada también es hacer algo.
La presión no se limitó al ámbito autonómico. Desde el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre elevó el tono y amplió las exigencias.
La portavoz de Más Madrid reclamó al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que se retire a Julio Iglesias la distinción de Hijo Predilecto de Madrid.
Su mensaje fue directo y sin rodeos: “Ni el más famoso ni el más admirado, nadie debe quedar impune”. Una frase que conectó rápidamente con una parte importante de la opinión pública.
Maestre fue más allá al señalar que los testimonios conocidos hablan de maltratos sexuales, físicos y psicológicos, y vinculó la capacidad de denunciar precisamente al avance del feminismo.
En su discurso no hay medias tintas: la fama no puede ser un escudo, la admiración pública no puede funcionar como blindaje.
Para ella, el debate no es solo sobre Julio Iglesias, sino sobre el mensaje que las instituciones envían a las víctimas cuando miran hacia otro lado.
En este punto, el foco se amplía inevitablemente. Porque este caso no ocurre en el vacío. Llega en un contexto en el que la sociedad española ha vivido, en los últimos años, un proceso profundo de revisión sobre cómo se tratan las denuncias de violencia sexual.
Casos judiciales mediáticos, cambios legislativos, debates intensos y polarizados han configurado un escenario en el que ya no basta con el silencio o la ambigüedad.
La reacción de Ayuso se inserta en esa batalla cultural más amplia. Su referencia a Irán no fue casual.
Es una estrategia retórica conocida: desplazar el problema a otros lugares, señalar atrocidades mayores para minimizar las propias, construir un “ellos” lejano frente a un “nosotros” supuestamente ejemplar.
El problema es que ese desplazamiento suele ser leído como una negación del sufrimiento cercano, como una forma de deslegitimar las denuncias que incomodan.
Desde sectores feministas y de derechos humanos, la crítica fue inmediata. Recordaron que la existencia de violencias extremas en otros países no invalida ni minimiza las agresiones denunciadas en España.
El argumento del “hay lugares peores” no protege a las víctimas, solo las silencia. Y cuando ese argumento se utiliza desde una posición de poder institucional, el impacto es aún mayor.
También hubo voces que defendieron la postura de la presidenta. Alegaron que no se puede destruir la reputación de una persona sin una condena judicial firme, que las filtraciones periodísticas deben tratarse con cautela y que el prestigio cultural de Julio Iglesias forma parte del patrimonio simbólico del país.
Para este sector, retirar honores antes de una resolución judicial sería una forma de linchamiento público.
Ahí está el nudo del conflicto: el choque entre presunción de inocencia y responsabilidad política.
Nadie discute que en el ámbito penal una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Pero las instituciones no funcionan solo con códigos penales; funcionan también con valores, símbolos y mensajes.
La pregunta es qué mensaje se envía cuando se prioriza la protección del prestigio frente a la escucha activa de las denunciantes.
El caso también pone el foco en el papel del periodismo. La investigación publicada por elDiario.es y Univision Noticias se apoya en testimonios, en contrastes, en un trabajo que ha pasado filtros editoriales y legales.
No es un rumor de redes sociales. Es una pieza periodística que, como tantas otras en la historia, ha incomodado al poder.
Y cada reacción política a esa investigación también es una forma de evaluar la libertad de prensa y su impacto real.
No es la primera vez que una figura pública de enorme relevancia es cuestionada por abusos cometidos en el ámbito privado.
Lo que cambia, con el paso del tiempo, es la respuesta social. Hace décadas, este tipo de relatos rara vez llegaban a los medios.
Hoy, aunque el camino sigue siendo difícil y lleno de obstáculos, existen más herramientas para que las víctimas hablen y sean escuchadas.
Por eso, el debate no se agota en si Julio Iglesias es culpable o no. Eso deberá determinarlo la justicia, si el proceso llega a ese punto.
El debate real es cómo reaccionan las instituciones ante las denuncias, qué prioridades marcan, a quién protegen primero. Y en ese terreno, cada palabra cuenta.
Madrid, como capital y como símbolo, tiene un peso especial. Las distinciones que concede no son meros trámites administrativos; son declaraciones públicas de admiración y respaldo.
Mantenerlas o retirarlas es una decisión que habla de la ciudad y de quienes la gobiernan. De qué valores se colocan en primer plano cuando la reputación choca con la ética.
Mientras tanto, las trabajadoras que han dado su testimonio siguen en un segundo plano mediático.
Sus nombres no son conocidos, sus rostros no aparecen en portadas, su poder es limitado.
Ese desequilibrio es precisamente lo que hace tan relevante el debate.
Porque cuando la balanza se inclina sistemáticamente hacia el lado del poderoso, el mensaje para las víctimas es claro: hablar tiene un coste muy alto.
Este episodio deja al descubierto una fractura profunda en la sociedad española. Una fractura entre quienes creen que la mejor forma de proteger la justicia es no mover nada hasta que haya una sentencia, y quienes piensan que la neutralidad institucional ante denuncias graves es, en sí misma, una forma de toma de partido. No hay respuestas fáciles, pero sí responsabilidades claras.
Quizá lo más inquietante de todo no sea la existencia de posturas enfrentadas, sino la normalización del descrédito hacia quienes denuncian.
Cada vez que se desvía el foco, cada vez que se relativiza el testimonio, se refuerza un sistema que ha permitido durante años que muchos abusos quedaran ocultos.
Y deshacer ese sistema requiere algo más que eslóganes o comparaciones lejanas.
Este caso obliga a mirar de frente una realidad incómoda. A preguntarse qué tipo de referentes queremos proteger, qué peso tiene la fama frente a la dignidad, qué significa realmente apoyar a las víctimas.
Obliga también a exigir a los responsables políticos algo más que frases efectistas: coherencia, prudencia y, sobre todo, humanidad.
Porque al final, más allá de Julio Iglesias, de Ayuso, de Más Madrid o del Ayuntamiento, lo que está en juego es el mensaje colectivo.
Un mensaje que dice si este país está dispuesto a escuchar, aunque duela. Si está preparado para revisar sus mitos.
Y si entiende que la verdadera grandeza cultural no se mide solo en discos vendidos o premios recibidos, sino en la capacidad de proteger a quienes históricamente han sido silenciadas.
