Carta abierta a Ayuso del padre de una víctima de agresión sexual en un hospital de Madrid.

 

 

 

Denuncia lo que considera una falta de sensibilidad institucional y una banalización del sufrimiento de las víctima..

 

 

Estado de la entrada de Urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

 

 

Hay palabras que no pasan desapercibidas. No porque sean nuevas, ni siquiera porque sean especialmente elaboradas, sino porque caen justo donde más duele.

 

Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió pronunciarse públicamente sobre las presuntas agresiones sexuales atribuidas a Julio Iglesias, el debate ya estaba encendido.

 

Pero su mensaje no solo avivó la polémica política y mediática: removió algo mucho más profundo.

 

Tocó una herida abierta que nunca terminó de cerrar para muchas víctimas anónimas.

 

Entre ellas, una familia madrileña que llevaba años conviviendo con el silencio, la impotencia y la sensación de abandono institucional.

 

 

El padre de una joven víctima de violencia sexual decidió entonces hacer lo que durante mucho tiempo no pudo, o no se atrevió: hablar.

 

Dar un paso al frente. Poner nombre —aunque no rostro— a una historia que no ocurrió lejos, ni en otro país, ni bajo otro sistema. Ocurrió aquí. En Madrid.

 

En un hospital público. Bajo la responsabilidad directa de la sanidad de la Comunidad que hoy preside Ayuso. Y ocurrió, además, con una sentencia judicial que reconoce los hechos.

 

 

Su hija tenía 18 años. Sufría graves problemas de salud mental. Estaba ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal, uno de los grandes centros de referencia del sistema público madrileño.

 

Allí, en un espacio que debería haber sido de cuidado, protección y vigilancia extrema, fue agredida sexualmente por un celador. No es una acusación. No es una sospecha.

 

Es un hecho probado por la justicia. Un antes y un después irreversible en la vida de esa joven y de toda su familia.

 

 

Cuando este padre leyó el mensaje de la presidenta hablando de “las mujeres violadas en Irán” y señalando a la “ultraizquierda”, algo se rompió definitivamente.

 

No porque negara el sufrimiento de las mujeres iraníes —él mismo lo deja claro—, sino porque sintió que ese dolor lejano era utilizado como cortina de humo, como arma política, mientras el dolor cercano, el que ocurrió dentro de las instituciones madrileñas, seguía sin reconocimiento público, sin autocrítica, sin un mínimo gesto de empatía.

 

 

Por eso decidió escribir una carta abierta. No a Ayuso directamente, sino a los medios de comunicación y a la opinión pública. Porque entendió que el problema ya no era solo personal, ni siquiera familiar. Era social. Institucional. Moral.

 

 

En su carta, que ha circulado ampliamente y ha sido reproducida por distintos medios, el padre no grita. No insulta. No exagera.

 

Habla desde un lugar mucho más incómodo: la dignidad herida. Desde la voz de quien ha tenido que aprender a convivir con la idea de que el sistema que debía proteger a su hija fue incapaz de hacerlo. Y de que, después, tampoco supo acompañarla.

 

La indignación que expresa no es puntual. Es acumulada. Es la de alguien que ve cómo una presidenta autonómica se pronuncia con contundencia cuando el foco está fuera, pero guarda silencio —o responde con frialdad burocrática— cuando la violencia se produce dentro de su propio ámbito de responsabilidad.

 

“No se trata de comparar sufrimientos”, escribe. Y esa frase es clave. Porque lo que denuncia no es una jerarquía del dolor, sino una incoherencia política y ética.

 

Su hija era una persona vulnerable. Menor de edad hasta hacía muy poco. Ingresada en una unidad psiquiátrica.

 

Dependiente completamente de los profesionales y del entorno institucional. Precisamente el perfil que más protección necesita.

 

Y aun así, el sistema falló. Falló en la prevención. Falló en la vigilancia. Falló en la respuesta. Y, según este padre, sigue fallando en el reconocimiento público de ese error.

 

El impacto de su testimonio es demoledor porque desmonta el discurso abstracto.

 

De repente, la violencia sexual deja de ser un concepto lejano o una estadística para convertirse en una historia concreta, con nombre propio, con hospital, con sentencia.

 

Ya no se puede hablar solo de ideología o de bandos. Hay una joven real, con secuelas reales, y una familia que aún hoy espera algo tan básico como dignidad.

 

La carta pone el dedo en una de las llagas más incómodas del debate actual: la revictimización institucional.

 

No siempre se produce mediante insultos o negaciones explícitas. A veces adopta formas más sutiles: el silencio, la omisión, la falta de sensibilidad, la ausencia de gestos simbólicos.

 

Cuando una autoridad pública utiliza el dolor de unas víctimas para desacreditar a adversarios políticos, pero no menciona ni una sola vez a las víctimas que dependen directamente de su gestión, el mensaje implícito es devastador.

 

“¿Dónde estaba esa voz de denuncia cuando mi hija fue agredida en un hospital madrileño?”, se pregunta el padre.

 

La pregunta no busca una respuesta concreta. Busca evidenciar un vacío. Un vacío que muchas víctimas reconocen demasiado bien: el de sentirse solas frente a estructuras enormes que nunca parecen asumir responsabilidades.

 

Este testimonio llega, además, en un contexto especialmente sensible. España lleva años intentando avanzar en el reconocimiento de la violencia sexual como un problema estructural, no anecdótico.

 

Las leyes, los protocolos y el discurso público han evolucionado, pero los casos como este recuerdan que el cambio no siempre se traduce en prácticas reales dentro de las instituciones. Y que cuando el agresor pertenece al sistema, la respuesta suele ser más lenta, más opaca y más defensiva.

 

La historia de esta joven no es una excepción aislada. Es un síntoma. Un síntoma de lo que ocurre cuando los discursos políticos se alejan de la realidad cotidiana de las víctimas.

 

Cuando la defensa de una imagen, de una marca o de una ideología pesa más que la empatía. Cuando se habla de justicia solo en abstracto, o solo cuando conviene.

 

El padre no pide venganza. No pide titulares grandilocuentes. Pide algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más difícil: coherencia.

 

Que quienes gobiernan no solo señalen injusticias en otros países, sino que miren de frente las que ocurren bajo su propia responsabilidad.

 

Que no trivialicen el sufrimiento de quienes han sido dañados dentro de las instituciones públicas. Que no utilicen el dolor ajeno como arma retórica.

 

Su carta termina con una frase que resuena con fuerza: “Un padre que aún espera justicia y dignidad para su hija”. No habla de castigo, sino de dignidad.

 

De reconocimiento. De reparación moral. Algo que no se logra con sentencias judiciales únicamente, sino con gestos políticos claros, con palabras cuidadas, con silencios que no sean cómplices.

 

Este caso obliga a replantear muchas cosas. Obliga a preguntarse qué significa realmente proteger a las víctimas.

 

Obliga a cuestionar el papel de las instituciones cuando fallan. Obliga a reflexionar sobre el uso del poder y del lenguaje.

 

Porque cuando una presidenta autonómica habla, no lo hace solo como ciudadana. Habla desde una posición de autoridad que tiene consecuencias.

 

La viralidad de esta historia no nace del morbo ni de la confrontación fácil. Nace del choque entre dos realidades: la del discurso político y la de la experiencia humana.

 

Y en ese choque, muchas personas se reconocen. Padres, madres, víctimas, profesionales sanitarios, ciudadanos que confían —o quieren confiar— en que los espacios públicos sean seguros.

 

Escuchar esta voz no es tomar partido ideológico. Es asumir una responsabilidad colectiva. La de no mirar hacia otro lado cuando la violencia ocurre cerca.

 

La de exigir que el compromiso con las víctimas sea coherente, constante y valiente. La de recordar que la dignidad no entiende de banderas, ni de tweets, ni de estrategias de comunicación.

 

Porque al final, detrás de cada debate público, hay vidas reales. Y cuando esas vidas se rompen, lo mínimo que puede hacer una sociedad es escuchar. Y actuar.