Manuel Jabois necesita solo una palabra para calificar que se estudie retirar la medalla de bellas Artes a Julio Iglesias: pocos lo han dicho así.

 

 

 

“Estamos instalados en la mezquindad de los extremos”, sentencia.

 

 

 

 

Todo se desencadenó a raíz de las declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien aseguró en el programa Mañaneros 360 de RTVE que su departamento estaba “estudiando” la posible retirada de la Medalla de Bellas Artes concedida a Julio Iglesias.

 

Lo hacía, según explicó, desde un compromiso firme con las víctimas y con la igualdad, subrayando que el ministerio siempre estará “a favor de las mujeres”.

 

La afirmación llegó apenas unas horas después de que se hicieran públicas las denuncias de dos extrabajadoras del cantante por presunta agresión sexual.

 

 

La reacción no se hizo esperar. Más allá del ruido habitual en redes sociales, fue la reflexión de Manuel Jabois en Hora 25, el emblemático programa de la Cadena SER, la que encendió un debate mucho más profundo.

 

Su monólogo, compartido y aplaudido por decenas de usuarios, no atacaba a las víctimas ni defendía al denunciado, sino que cuestionaba el modo y el tiempo en que se están lanzando ciertos mensajes desde las instituciones.

 

 

Jabois comenzó con una idea aparentemente sencilla, pero cargada de intención: estudiar está bien, estudiar es necesario y estudiar es lo que hacen constantemente las administraciones públicas.

 

Se estudian querellas, se estudian dimisiones, se estudian medidas. El problema, señalaba, no es estudiar, sino anunciar que se está estudiando algo tan sensible en un momento tan inflamable.

 

Para él, hacerlo no aporta serenidad ni justicia, sino todo lo contrario: añade combustible a un fuego que ya está descontrolado.

 

 

Desde su punto de vista, el procedimiento lógico sería otro: estudiar en silencio, tomar una decisión con criterios claros y anunciarla cuando esté madura. Lo que considera irresponsable es convertir el propio proceso de reflexión en un titular.

 

Anunciar que se está valorando retirar una medalla a una figura pública horas después de una denuncia por agresión sexual, afirmaba, es “echar gasolina a la hoguera”.

 

No por la retirada en sí, sino por el mensaje implícito que se lanza antes incluso de que la justicia haya hablado.

 

 

La crítica fue más allá cuando Jabois formuló una pregunta que muchos ciudadanos se hacen en privado, pero que rara vez se expresa en voz alta desde un micrófono tan influyente: si las instituciones empiezan a tomar medidas basándose únicamente en denuncias todavía no investigadas, ¿para qué sirve entonces la justicia? La pregunta no pretende restar credibilidad a quienes denuncian, sino recordar que el Estado de derecho se construye precisamente para evitar que las decisiones se tomen al calor de la presión mediática o de la urgencia política.

 

 

En su análisis, Jabois dibujó un escenario que calificó de “mezquindad de los extremos”.

 

Por un lado, líderes políticos que cierran filas de manera automática con el denunciado, sin mostrar la más mínima cautela ni respeto hacia las posibles víctimas.

 

Por otro, responsables institucionales que se apresuran a anunciar castigos simbólicos antes de que exista una investigación concluyente.

 

Dos respuestas opuestas, pero igualmente problemáticas, que convierten un asunto gravísimo en una batalla de posicionamientos.

 

En el fondo, advertía el periodista, planea una sospecha especialmente dañina: la de que las simpatías políticas del cantante —reales o supuestas— influyen en la rapidez y en el tono de las reacciones. Y eso, subrayaba, es profundamente injusto.

 

Las denuncias por agresión sexual son demasiado serias como para ser utilizadas como munición ideológica.

 

Exigen, precisamente, lo contrario: desideologización urgente, rigor y respeto tanto hacia quienes denuncian como hacia quien es denunciado.

 

Jabois insistió en algo que, en medio del ruido, parece haberse vuelto incómodo de recordar: aquí hay hombres y mujeres, hay denuncias graves que deben investigarse a fondo, hay una investigación en marcha y hay un principio básico que no debería depender de simpatías ni antipatías políticas, la presunción de inocencia.

 

Reconocer ese derecho no significa negar el sufrimiento de las denunciantes ni minimizar los hechos relatados, sino asumir que la justicia es el único camino legítimo para determinar responsabilidades.

 

 

 

Su conclusión fue demoledora por su sencillez. El Gobierno, afirmó, no puede estudiar todavía nada en términos de retirada de honores mientras no exista una resolución clara.

 

Y si aun así quiere hacerlo, lo que no puede hacer es decirlo públicamente.

 

Porque al hacerlo no protege a las víctimas ni fortalece la igualdad, sino que introduce un elemento de presión política que puede contaminar tanto la investigación como el debate social.

 

Este episodio ha servido también para que muchos ciudadanos se pregunten cómo funciona realmente la retirada de distinciones honoríficas como la Medalla de Bellas Artes.

 

No se trata de un gesto automático ni de una decisión improvisada. Requiere la apertura de un expediente concreto, informes jurídicos y una decisión administrativa o política formal por parte de la institución que concedió el reconocimiento.

 

En España, la retirada de honores ha estado históricamente vinculada a la Ley de Memoria Democrática en el caso de figuras franquistas.

 

En otros supuestos, el debate se mueve en terrenos mucho más resbaladizos, como la ética pública, la ejemplaridad o el impacto social de determinadas conductas.

 

 

Por eso, muchos juristas y analistas advierten de que anticipar públicamente una retirada basada únicamente en denuncias aún no probadas puede sentar un precedente peligroso.

 

No solo para este caso concreto, sino para cualquier persona reconocida institucionalmente que se vea envuelta en una acusación.

 

La pregunta no es si las víctimas merecen apoyo —eso debería ser indiscutible—, sino cómo se articula ese apoyo sin dinamitar principios básicos del Estado de derecho.

 

El eco del monólogo de Jabois demuestra que existe una parte importante de la sociedad que no se siente cómoda ni con el silencio cómplice ni con el castigo anticipado.

 

Una ciudadanía que reclama algo tan poco espectacular como sensatez, tiempos justos y decisiones responsables.

 

Que entiende la gravedad de las denuncias, pero también el daño irreversible que puede causar una condena política o simbólica antes de que haya una sentencia.

 

En un clima marcado por la polarización y por la inmediatez, este tipo de reflexiones actúan casi como un freno de emergencia.

 

Obligan a bajar el tono, a pensar más allá del titular y a recordar que la defensa de las mujeres, la lucha contra la violencia sexual y el respeto a la presunción de inocencia no son valores incompatibles, sino pilares que deberían sostenerse mutuamente.

 

 

El caso de Julio Iglesias sigue abierto, tanto en el ámbito judicial como en el debate público. Nadie sabe aún cuál será su desenlace.

 

Pero lo que sí está claro es que la forma en que se gestionen las palabras, los tiempos y las decisiones desde las instituciones marcará un precedente.

 

Y ahí es donde la advertencia de Manuel Jabois cobra todo su sentido: en asuntos tan graves, no todo lo que se piensa debe anunciarse, y no todo lo que se estudia debe convertirse en espectáculo.

 

Porque, al final, la justicia no se fortalece a golpe de titulares, sino con silencio, rigor y responsabilidad.