¡MUY FUERTE! HA CAÍDO FELIPE VI CON IKER JIMÉNEZ EN HORIZONTE Y RIDÍCULO POR JULIO IGLESIAS EN TVE.
En las últimas horas se ha producido una tormenta perfecta en el debate público español, una de esas que mezclan política, medios de comunicación, monarquía, feminismo, geopolítica y una sensación creciente de hartazgo ciudadano.
No es un hecho aislado ni una anécdota más del ruido diario. Es el síntoma de algo más profundo: la percepción de que los grandes temas se están utilizando como munición ideológica mientras la verdad, la humanidad y la coherencia quedan relegadas a un segundo plano.
Todo empieza con un patrón que ya resulta familiar para millones de espectadores: la sensación de manipulación informativa en la televisión pública.
RTVE vuelve a situarse en el centro de la polémica por el tratamiento de determinados asuntos sensibles, especialmente cuando afectan a figuras públicas asociadas, de un modo u otro, a una determinada corriente política.
El caso de Julio Iglesias, convertido de repente en “mito de la derecha española” en un reportaje televisivo, ha sido la gota que colma el vaso para muchos ciudadanos.
La reacción no se ha hecho esperar. En redes sociales, en programas de análisis y en canales alternativos de información, se repite una idea con fuerza: las presuntas víctimas importan menos que el rédito político que pueda extraerse de su historia
Y esa acusación, dura pero cada vez más extendida, es la que explica el enfado, el tono y la indignación que se han visto reflejados en espacios como Horizonte, el programa dirigido por Iker Jiménez.
El enfoque de RTVE sobre Julio Iglesias ha sido percibido por una parte importante de la audiencia como un ejercicio de selección interesada de la realidad.
Se subrayan sus vínculos históricos con el Partido Popular, se construye un relato ideológico alrededor de su figura y se omiten deliberadamente otros hechos incómodos para esa narrativa.
Entre ellos, uno especialmente significativo: el propio Julio Iglesias reconoció públicamente que José Luis Rodríguez Zapatero, cuando era presidente del Gobierno, le pidió ayuda para tender puentes políticos en Estados Unidos.
Ese dato, confirmado en entrevistas y recogido por medios generalistas en su momento, desaparece del relato televisivo actual.
La pregunta que muchos se hacen es sencilla: si el objetivo fuera informar con honestidad, ¿por qué seleccionar solo una parte de la historia? ¿Por qué presentar a un artista como símbolo exclusivo de una ideología cuando su relación con el poder político ha sido transversal y pragmática, como la de tantos otros personajes públicos?
Esta forma de actuar refuerza la idea de que las denuncias, en lugar de tratarse con la seriedad y el respeto que merecen, se convierten en herramientas arrojadizas.
La presunción de inocencia queda diluida, la investigación judicial pasa a un segundo plano y lo que ocupa el centro del escenario es el señalamiento político.
Para muchos ciudadanos, esto no solo es injusto, sino profundamente peligroso.
El malestar no se limita a este caso concreto. Forma parte de una sensación más amplia de hipocresía selectiva.
Se denuncia con vehemencia aquello que encaja en el relato propio y se guarda silencio cuando las víctimas no encajan en la agenda ideológica.
Un ejemplo que ha generado especial indignación es la postura de Sumar y Podemos en relación con las mujeres iraníes.
Diversos medios, entre ellos OK Diario y otros de tirada nacional, informaron de que ambas formaciones rechazaron firmar un texto de apoyo a la valentía de las mujeres iraníes que se juegan la vida enfrentándose al régimen de los ayatolás. El PSOE, en cambio, sí firmó ese documento.
Para muchos ciudadanos, resulta incomprensible que quienes se autodefinen como abanderados del feminismo global den la espalda a mujeres que están siendo encarceladas, torturadas y asesinadas por no llevar un velo o por reclamar derechos básicos.
Esa contradicción alimenta una percepción devastadora: no se defiende a las mujeres, se defiende un relato.
Este doble rasero se extiende también al ámbito internacional y, en particular, a Venezuela. España mantiene una relación ambigua con el régimen de Maduro, y esa ambigüedad tiene nombres y apellidos.
José Luis Rodríguez Zapatero aparece de forma recurrente como el principal interlocutor con Caracas, una figura con acceso a información sensible y con un papel que despierta inquietud incluso entre analistas internacionales.
En el programa Horizonte se han puesto sobre la mesa datos especialmente graves.
Se ha recordado que Zapatero ha tenido acceso a información del CNI, algo que, de confirmarse en toda su extensión, plantea preguntas inquietantes sobre la cadena de responsabilidades y la subordinación de los intereses de seguridad nacional.
El caso del Pollo Carvajal es paradigmático. Antiguo jefe de inteligencia venezolana, reclamado por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, permaneció durante un tiempo en España bajo una protección que muchos consideran injustificable.
Según informaciones publicadas por medios como El Debate, ABC o La Razón, Carvajal estuvo alojado en pisos de Valdebebas y Seseña mientras se dilataba su extradición.
Estados Unidos reclamaba su entrega para que colaborara con la justicia norteamericana, pero España parecía jugar a otra cosa.
La sospecha, cada vez más extendida, es que no se quería que hablara, que no se quería que ciertas informaciones comprometedoras salieran a la luz.
Y es en este contexto donde irrumpe la figura de Felipe VI. El discurso del Rey tras la liberación de varios españoles detenidos en Venezuela ha provocado una ola de críticas que trasciende las trincheras ideológicas habituales.
El término utilizado, “retenidos”, ha sido calificado de indigno por periodistas, analistas y ciudadanos de a pie.
No se trata de una cuestión semántica menor. Llamar “retenido” a alguien que ha pasado meses en un centro de tortura, sin atención médica adecuada, sometido a malos tratos y presión psicológica, es percibido como una minimización intolerable del sufrimiento.
Testimonios recogidos por la prensa hablan de compatriotas españoles con lesiones graves, como fracturas óseas, que permanecieron meses sin tratamiento en cárceles venezolanas. Eso no es una retención administrativa, es una detención política con tortura.
Las críticas a Felipe VI no parten solo de sectores republicanos o antimonárquicos. Muchos monárquicos confesos han expresado su decepción.
Consideran que el Rey, incluso dentro de los límites constitucionales, podría haber mostrado mayor valentía moral.
La sensación de que se limita a leer discursos redactados por el Gobierno, sin margen para expresar una mínima humanidad, ha erosionado su imagen pública.
Algunos analistas lo han expresado con crudeza: si el Jefe del Estado no puede llamar a las cosas por su nombre cuando ciudadanos españoles son torturados en el extranjero, ¿para qué sirve su figura? Esta pregunta, antes marginal, empieza a escucharse en sectores cada vez más amplios de la sociedad.
La intervención de voces como la de Bea Talegón o el doctor Cabrera en Horizonte ha reforzado esta percepción.
Ambos coincidieron en señalar que el Rey parece alinearse sistemáticamente con la línea editorial del Gobierno de turno, renunciando a cualquier gesto de independencia moral. Y eso, en un momento de crisis de confianza institucional, tiene un coste enorme.
El silencio impuesto a los españoles liberados tampoco ayuda a disipar las sospechas.
Las medidas cautelares que les impiden hablar públicamente sobre lo vivido en Venezuela generan una inquietud lógica.
¿Qué no se quiere que se sepa? ¿Qué relatos podrían incomodar a determinadas figuras políticas si salieran a la luz? En un Estado democrático, la transparencia debería ser la norma, no la excepción.
Todo este cúmulo de hechos, aparentemente inconexos, dibuja un panorama preocupante.
La política española parece atrapada en una lógica de bandos donde la verdad importa menos que la conveniencia.
Las víctimas se convierten en instrumentos, la justicia se supedita al relato y las instituciones pierden credibilidad a ojos de una ciudadanía cada vez más escéptica.
La indignación que se percibe en la calle, en redes y en determinados programas no es solo enfado.
Es cansancio. Cansancio de la manipulación, de la hipocresía, del uso selectivo de la moral.
Cansancio de ver cómo se habla de derechos humanos solo cuando conviene y se mira hacia otro lado cuando incomoda.
Este momento exige algo más que indignación puntual. Exige reflexión, memoria y acción cívica. Exige exigir a los medios públicos rigor y pluralidad.
Exige pedir a los representantes políticos coherencia y humanidad. Exige recordar que las víctimas no son banderas ni armas arrojadizas, sino personas.
Porque cuando se normaliza llamar “retenido” a un torturado, cuando se utiliza a una presunta víctima para ajustar cuentas ideológicas, cuando se protege el silencio en lugar de la verdad, algo se rompe.
Y lo que se rompe no es solo la confianza en un gobierno, en un rey o en un medio de comunicación. Lo que se rompe es el contrato moral entre las instituciones y la sociedad.
La pregunta ya no es qué ha pasado exactamente en cada uno de estos casos. La pregunta es si estamos dispuestos a seguir aceptando este estado de cosas como normal. Y la respuesta, cada vez más clara en la calle, parece ser que no.
