Esta es la razón que esgrimió el gobierno de Ayuso para justificar su no intervención en la venta de Fidere, lo que ha llevado a muchos a preguntarse por qué, ante la creciente presión social, la respuesta se limitó a un solo argumento: nada más y nada menos. Cuando una decisión que afecta a miles de familias se explica en pocas líneas, la pregunta clave no es qué permite la ley, sino: ¿alguien quiere ir más allá?