BOMBA SÁNCHEZ DEJA TEMBLANDO A FEIJÓO Y ABASCAL CON TREMENDA LECCIÓN. PATÉTICA DERECHA RETRATRADA.

 

 

 

 

A veces la historia no avanza con un estruendo, sino con una sucesión de frases dichas en un hemiciclo, miradas esquivas y silencios demasiado ruidosos.

 

Lo que ocurrió en el Congreso no fue un debate más de política exterior: fue un retrato descarnado de un mundo que está dejando atrás las reglas para abrazar la ley del más fuerte.

 

Groenlandia, Venezuela, Gaza, Ucrania, Trump, la ultraderecha europea, la prensa subvencionada y el papel de España en medio de esta tormenta global se entrelazaron en un discurso que, para quien supo escucharlo, fue una advertencia clara: lo que está en juego ya no es una cuestión ideológica, sino el futuro mismo de la democracia.

 

 

La simple mención de Groenlandia bastó para tensar el ambiente. No se habló de un territorio lejano ni de una excentricidad geopolítica, sino de un precedente peligroso.

 

La idea de que Estados Unidos pudiera presionar, o incluso intervenir, sobre un territorio con soberanía reconocida encendió todas las alarmas.

 

Groenlandia no es un solar en venta ni una pieza de ajedrez para grandes potencias.

 

Es un territorio con derechos, con una población que ha expresado claramente su voluntad de seguir siendo parte de Dinamarca y de la Unión Europea.

 

Cuestionar eso es cuestionar el orden internacional que ha sostenido décadas de estabilidad relativa en Europa.

 

Ahí apareció una de las ideas más repetidas y, a la vez, más ignoradas del debate: la legalidad internacional.

 

Europa, se insistió, no puede permitirse que el mundo derive hacia la ley de la selva.

 

No puede aceptar relaciones transatlánticas basadas en el vasallaje ni en la obediencia ciega.

 

La relación con Estados Unidos debe ser constructiva, sí, pero entre iguales. Lo contrario supondría aceptar que la soberanía nacional es negociable cuando conviene a los poderosos.

 

El problema, y ahí el discurso se volvió incómodo para muchos, es que no todos en Europa parecen compartir esa preocupación.

 

El silencio de algunos partidos ante las presiones sobre Groenlandia, su tibieza frente a los aranceles o su entusiasmo con determinadas figuras políticas estadounidenses fue señalado como una señal de alarma.

 

No se trata solo de discrepancias políticas, sino de una alineación peligrosa con un modelo autoritario que desprecia las normas internacionales.

 

En paralelo, se abrió otro frente igual de revelador: el avance de la ultraderecha en Europa y el papel que ha jugado parte de la prensa conservadora en su blanqueamiento.

 

No fue una acusación genérica, sino respaldada por datos concretos sobre el uso de dinero público para financiar medios digitales afines.

 

Gobiernos autonómicos y ayuntamientos gobernados por el Partido Popular han repartido durante años cientos de miles de euros a determinados medios, creando una red de altavoces que normaliza discursos extremistas mientras se presenta como “periodismo incómodo”.

 

Este fenómeno no es aislado ni casual. Forma parte de una estrategia más amplia donde la desinformación, los bulos y la victimización constante se convierten en armas políticas.

 

Se denunció con dureza cómo esos mismos actores que hablan de libertad de prensa utilizan fondos públicos para premiar la lealtad ideológica y castigar la crítica. Una contradicción que erosiona la confianza ciudadana y alimenta el cinismo político.

 

 

El debate dio un giro aún más intenso cuando entró en escena Venezuela. Durante años, el Partido Popular y Vox han utilizado la situación venezolana como arma arrojadiza en la política española.

 

Sin embargo, se les acusó de algo más grave que la demagogia: de instrumentalizar el dolor de los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, con fines electorales.

 

Se recordó que España es uno de los países que más ha hecho por la población venezolana en términos diplomáticos y humanitarios, frente a un discurso opositor centrado más en la confrontación que en las soluciones reales.

 

 

La ironía alcanzó su punto máximo cuando se mencionó que el propio Donald Trump ha cuestionado la legitimidad de la oposición venezolana que algunos en España defendieron con fervor.

 

Ese dato dejó en evidencia una contradicción incómoda: quienes se alinearon sin matices con Trump ahora deben explicar por qué ignoran sus palabras cuando no encajan en su relato.

 

 

Pero el discurso no se quedó en Venezuela. Todo estaba conectado, se repitió una y otra vez. Gaza, Ucrania, Irán, Groenlandia.

 

Conflictos distintos, contextos complejos, pero una misma lógica de fondo: el debilitamiento del derecho internacional y el auge de la fuerza bruta como herramienta política.

 

Se denunció la catástrofe humanitaria en Palestina, la necesidad urgente de permitir la entrada masiva de ayuda y de proteger el trabajo de las ONG, incluidas las españolas.

 

Se defendió una posición coherente, sin dobles estándares, algo que España ha intentado mantener incluso cuando ha resultado incómodo para sus aliados.

 

 

Uno de los momentos más duros llegó con la acusación directa al Partido Popular de haber mentido sistemáticamente a lo largo de su historia reciente.

 

Desde el 11M hasta tragedias como el Alvia, el Madrid Arena, el Yak-42, la pandemia, los incendios o las danas.

 

En todos esos casos, se dijo, hubo víctimas que fueron ignoradas o atacadas. Esa reiteración de mentiras no sería solo una cuestión ética, sino una pérdida total de legitimidad moral para dar lecciones sobre derechos humanos o presos políticos.

 

 

La intervención dirigida a Vox fue aún más clara: defender la democracia, el derecho internacional y el proyecto europeo no es cortejar a la extrema izquierda, es asumir los valores básicos de una sociedad democrática.

 

Vox, se afirmó sin rodeos, es un peligro para la soberanía de España precisamente porque rechaza el proyecto europeo y abraza un nacionalismo que, en la práctica, nos deja más débiles frente a las grandes potencias.

 

 

También hubo reproches para otros grupos parlamentarios por su ausencia, por no quedarse a escuchar las réplicas, por convertir el Congreso en un plató para titulares rápidos en redes sociales. Se recordó que la política no es solo hablar, sino escuchar, y que huir del debate es una forma de cobardía.

 

 

Más allá de los cruces partidistas, el mensaje central fue uno: estamos ante un punto de inflexión histórico.

 

Las coordenadas geopolíticas que han definido el mundo durante décadas están cambiando a una velocidad vertiginosa.

 

La reconfiguración del modelo de defensa y seguridad europeo ya no es una hipótesis lejana, sino una urgencia.

 

Europa ha enviado tropas, ha asumido riesgos que hace cinco años eran impensables. Y aun así, la respuesta sigue siendo insuficiente si no va acompañada de una unidad política y moral clara.

 

Se advirtió sobre el impacto de las campañas de desinformación, diseñadas para influir en elecciones y debilitar las democracias desde dentro.

 

El apoyo explícito a la “ley del más fuerte” no solo viola el derecho internacional, sino que mina los cimientos mismos del proyecto europeo.

 

Y esa amenaza no viene solo del exterior, sino también de fuerzas internas que nunca han ocultado su rechazo a la Unión Europea y a los procesos democráticos.

 

Europa, se dijo, sigue siendo el principal recurso del que disponemos para tener peso en un mundo dominado por grandes potencias.

 

Renunciar a ella, fragmentarla o vaciarla de contenido sería un error histórico. Frente a quienes quieren volver a las soberanías limitadas y a las esferas de influencia, la respuesta debe ser más Europa, más democracia y más cooperación.

 

 

España, en este contexto, fue presentada como un actor que está intentando jugar un papel protagonista. No por arrogancia, sino por coherencia.

 

Mantener una misma vara de medir para Gaza, Ucrania, Venezuela o Groenlandia no es una postura cómoda, pero sí una postura reconocida internacionalmente. Esa coherencia es la que permite levantar la voz sin caer en el cinismo.

 

El cierre del discurso fue casi una llamada a filas, no militar, sino cívica. La dicotomía actual es clara: autoritarismo o democracia.

 

 

No hay zonas grises cuando se cuestiona la soberanía de los pueblos, se normaliza la desinformación o se utiliza el dolor ajeno como moneda política.

 

Este es un tiempo para la unión de todos los demócratas, para dejar de lado cálculos cortoplacistas y entender que lo que está en juego nos afecta a todos.

 

 

Lo ocurrido en el Congreso no debería quedar reducido a un clip viral o a un titular pasajero. Es un espejo incómodo de nuestra época.

 

La pregunta no es solo qué harán los gobiernos o los partidos, sino qué haremos los ciudadanos ante este momento histórico.

 

Mirar hacia otro lado también es una forma de tomar partido. Y esta vez, el precio del silencio puede ser demasiado alto.