Se está revelando una verdad impactante. Las víctimas de Adamuz podrían no tener derecho a evaluar ni supervisar la investigación debido al marco legal adoptado tras la tragedia de Angros. Una ley presentada como “más eficiente” ahora es criticada por silenciar las voces de quienes más sufrieron. ¿A quién protege realmente esta limitación? ¿Y por qué, cada vez que se menciona la rendición de cuentas, la puerta legal se cierra más que nunca?