La Audiencia Nacional abre diligencias por una denuncia contra Puente por el accidente de Adamuz.

Advierte “la posible existencia de una infracción penal” y da traslado a la Fiscalía para que informe sobre la competencia del tribunal.

El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto diligencias previas para investigar una denuncia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, presentada contra él por la asociación Libertad y Justicia por homicidio imprudente, entre otros delitos, a raíz del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) donde fallecieron 45 personas.

En el auto en el que acuerda la medida, adelantado por The Objective y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 del citado tribunal afirma que los hechos denunciados por el abogado Pedro Muñoz Lorite “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.

De ahí que “antes de proceder a la tramitación del presente procedimiento” acuerda dar traslado de la denuncia a la Fiscalía para que informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la denuncia “y, en su caso, solicite diligencias a practicar”.

Según las fuentes consultadas, la denuncia no solo se dirige contra el titular de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, sino también contra su antecesor, José Luis Ábalos; el que fuera su asesor, Koldo García (ambos en prisión provisional por el «caso Koldo»); el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y varios altos cargos del gestor de infraestructuras ferroviarias (entre ellos los jefes de los departamentos de Circulación y Mantenimiento); los responsables de la UTE Guadálmez-Córdoba a la que se adjudicó la renovación del tramo accidentado (Ferrovial, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania, Convensa y Azvi); así como, en calidad de personas jurídicas, Adif, Adif Alta Velocidad y las sociedades que integraron esa UTE.

Al margen de 45 homicidios por imprudencia grave (tantos como fallecidos en el accidente), Libertad y Justicia imputa a los denunciados 152 delitos de lesiones por imprudencia grave, prevaricación administrativa, omisión del deber de impedir delitos, malversación y cohecho.

Según esas mismas fuentes, además del interrogatorio de los denunciados, la asociación reclama que el juez acuerde el embargo preventivo de sus bienes por valor de 150 millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles.

Y, también, que se les prohíba salir de España para evitar una posible fuga, que sean suspendidos en sus cargos y que se impida contratar con la Administración Pública a las empresas que conformaron esa UTE.

Testifical de los maquinistas.

La asociación insta igualmente al juez de la Audiencia Nacional a que cite a declarar como testigos a los representantes del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) que alertó en agosto de 2025 de las deficiencias en la vía y propuso a Adif reducir a 250 km/h la velocidad de los trenes.

También quiere que testifiquen los maquinistas del Alvia y del Iryo que han sobrevivido al accidente ferroviario, así como los pasajeros supervivientes.

Libertad y Justicia considera que Adif ignoró esas advertencias minimizando los problemas en las vías denunciados por el sindicato de maquinistas hace solo cinco meses.

A Puente le señala como «máximo responsable político», pero también apunta a Ábalos porque el procedimiento de licitación del tramo siniestrado se inició en diciembre de 2011 con él al frente del Ministerio de Transportes.

Al antecesor de Puente también le reprocha las adjudicaciones efectuadas a empresas vinculadas a tramas de corrupción por las que está siendo investigado en la actualidad.

En cuanto a Koldo García, sostiene que su participación en la supuesta trama de corrupción por la que está imputado en el Supremo pudo condicionar las adjudicaciones y la calidad de los trabajos de renovación de la vía.

La asociación descarta que el accidente se debiera a una fatalidad y atribuye el accidente a una cadena de «negligencias administrativas» –apuntan esas mismas fuentes– de quienes tenían el deber de garantizar la seguridad de los viajeros.