VARAPALO AL TRIBUNAL SUPREMO “INDULTO FISCAL GENERAL DEL ESTADO” GOBIERNO EMPIEZA SU TRAMITE.
La noche política se cerró con una noticia que nadie esperaba tan pronto y que, desde el primer minuto, encendió el debate en despachos, redacciones y tertulias: el Gobierno ha iniciado la tramitación de la primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
No es un rumor, no es una filtración interesada ni una hipótesis de futuro. Es un hecho administrativo ya en marcha, confirmado por fuentes oficiales, que vuelve a colocar en el centro del tablero una de las sentencias más polémicas de los últimos años y reabre una herida que muchos daban por cerrada… pero que nunca dejó de supurar.
Todo ocurre en un contexto cargado de electricidad política y jurídica. Apenas han pasado unos meses desde que el Tribunal Supremo condenara a García Ortiz a dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado y al pago de más de 17.000 euros en multas e indemnizaciones por un delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Una sentencia que, desde el mismo día en que se conoció, provocó una división profunda no solo entre partidos políticos, sino también dentro del propio mundo jurídico.
La clave está en cómo arranca este proceso de indulto. No ha sido solicitado por el propio condenado ni por su entorno directo, sino por dos ciudadanos particulares que, amparados en la ley, han registrado la petición ante el Ministerio de Justicia alegando razones de justicia y equidad.
Es un detalle nada menor. La legislación española permite que cualquier ciudadano solicite un indulto, y cuando eso ocurre, el Gobierno no puede mirar hacia otro lado: tiene la obligación legal de tramitar la solicitud, aunque después decida concederla o denegarla.
Y eso es exactamente lo que ha hecho el departamento que dirige Félix Bolaños. Justicia ha activado ya el procedimiento formal y ha pedido un informe al Tribunal Supremo, el órgano que dictó la condena.
A partir de ahí, el engranaje institucional sigue su curso: deberán recabarse también informes de la Fiscalía y del perjudicado por el delito, en este caso González Amador.
Todos esos informes, conviene subrayarlo, no son vinculantes. El Gobierno puede tenerlos en cuenta o ignorarlos, como ya ocurrió en precedentes tan significativos como los indultos del procés.
Sin embargo, el contexto político actual es radicalmente distinto. Los indultos se han convertido en una figura profundamente impopular en una sociedad cada vez más punitiva, más inclinada al castigo que al perdón.
Y aun así, esta petición llega acompañada de un movimiento inusual: más de 150 juristas, entre ellos magistrados, fiscales y catedráticos de Derecho, han firmado un manifiesto demoledor contra la condena a García Ortiz.
El texto no se limita a expresar desacuerdo. Va mucho más allá. Denuncia que el Supremo ha condenado al ex fiscal general basándose en conjeturas, sin una sola prueba directa que acredite que fuera él quien filtró el correo electrónico a la Cadena SER.
De hecho, el propio tribunal admite en la sentencia que no puede probarse esa filtración, pero aun así sostiene que “tuvo que ser él o alguien de su entorno”, una afirmación que los firmantes califican de impensable en un Estado de derecho para justificar una condena penal.
El manifiesto también critica duramente que el tribunal haya descartado los testimonios de los periodistas que aseguraron que García Ortiz no fue su fuente, amparándose en una desconfianza genérica hacia el secreto profesional.
Para estos juristas, esa decisión no solo es discutible, sino peligrosa, porque erosiona uno de los pilares básicos del periodismo y de la democracia.
Además, acusan al Supremo de haber realizado una interpretación “sumamente distorsionada” del delito de revelación de secretos, llegando a considerar delictiva una nota de prensa que, para muchos fiscales, era una obligación legal para desmentir un bulo que ya circulaba de forma masiva.
Este clima de contestación explica por qué la noticia del indulto no ha caído como una bomba aislada, sino como la continuación lógica de un conflicto que nunca se cerró del todo.
Desde el Gobierno, las reacciones tras la sentencia fueron claras: varios ministros la calificaron abiertamente de injusta.
El propio presidente del Gobierno defendió públicamente la inocencia de García Ortiz, un gesto que fue duramente criticado por la oposición y por sectores que consideran que un jefe del Ejecutivo no debe pronunciarse así sobre una causa judicial en marcha.
Ahora, con el indulto sobre la mesa, vuelve la pregunta que nadie puede responder con certeza: ¿tiene realmente intención el Gobierno de concederlo? Las fuentes consultadas reconocen que no hay una decisión tomada, pero también admiten que el Ejecutivo difícilmente va a pagar un coste político mayor del que ya ha asumido.
La oposición, previsiblemente, pondrá el grito en el cielo, pero el asunto está, en gran medida, “sustanciado”. La pena principal ya se está cumpliendo: García Ortiz ha dejado el cargo de fiscal general y ha abonado las cantidades económicas impuestas.
Este detalle es clave. El indulto se tramita cuando la sentencia ya ha sido ejecutada en lo esencial.
No se trata de evitar que la condena se cumpla, sino de reparar, al menos parcialmente, un daño que muchos consideran irreparable.
De hecho, dentro del propio entorno jurídico se debate qué le conviene más al ex fiscal general: un indulto rápido o agotar todas las vías judiciales, incluido el recurso al Tribunal Constitucional, aunque eso implique años de desgaste y una batalla constante contra la sospecha de politización.
Porque ese es otro de los grandes elefantes en la habitación. Si el Constitucional acabara dando la razón a García Ortiz, una parte de la opinión pública diría que lo hace por órdenes del Gobierno.
Si no lo hace, se reforzaría la idea de que la condena era intocable. El resultado, en términos de confianza institucional, parece igual de corrosivo.
Mientras tanto, las asociaciones de fiscales alzan la voz. La Asociación Progresista de Fiscales ha advertido de que esta sentencia sienta un precedente extremadamente peligroso.
No solo para los fiscales, sino para la democracia en su conjunto. Su presidente ha explicado que la presunción de inocencia no es un concepto técnico reservado a juristas, sino una intuición democrática compartida por la sociedad.
Y que lo que ha ocurrido con García Ortiz ha generado una sensación social de injusticia que va mucho más allá de las siglas.
El debate ha salido de los despachos y ha llegado a la calle. Se comenta en bares, en partidos de fútbol amateur, en reuniones familiares.
No como una cuestión técnica, sino como una inquietud profunda: ¿puede un fiscal ser condenado penalmente por intentar desmentir un bulo? ¿Puede una nota informativa ser delito para unos magistrados y una obligación legal para otros, como sostienen los votos particulares de la propia sentencia?
Esa fractura interna del Supremo, con magistrados discrepantes que consideran que se ha vulnerado la presunción de inocencia, ha alimentado aún más la sensación de que algo no ha funcionado bien. Y esa percepción, justa o no, es letal para la credibilidad de las instituciones.
En este contexto, la petición de indulto no es solo un trámite administrativo. Es un símbolo. Un reflejo de una crisis más profunda que afecta a la relación entre justicia, política y opinión pública.
También es una prueba de estrés para el Gobierno, que deberá decidir si asume el coste de un indulto coherente con su discurso previo o si opta por una prudencia extrema para no avivar la polémica.
Lo que está claro es que nada de esto va a desaparecer de un día para otro. El caso García Ortiz ha abierto un debate incómodo sobre los límites del derecho penal, la protección de los fiscales frente a los bulos y la deshumanización del debate público.
Incluso quienes discrepan sobre el fondo coinciden en una cosa: esta historia no va solo de una persona, sino de la salud de las instituciones.
Quizá por eso, quienes han seguido de cerca a García Ortiz destacan un detalle que ha pasado casi desapercibido: el día de la toma de posesión de la nueva fiscal general del Estado, él insistió en que no era lo importante, que lo importante era la institución.
Un mensaje que contrasta con la dureza del debate y que invita a una reflexión final: en un país donde la polarización lo devora todo, tal vez el verdadero desafío no sea decidir si hay indulto o no, sino reconstruir la confianza perdida.
Porque la justicia no empieza ni termina en los tribunales. Empieza mucho antes, con información veraz, con garantías, con prudencia institucional y con la certeza de que, cuando se castiga, se hace con pruebas.
Y termina, o debería terminar, con una sociedad que entiende las decisiones, aunque no siempre las comparta. En eso, este caso ya ha dejado una lección que nadie debería ignorar.
