JULIA OTERO HACE TEMBLAR A FEIJÓO Y ELISA BENI RABIA “HAN IMPUTADO A ZAPATERO POR APOYAR A SÁNCHEZ”.

.

.

La política española vuelve a atravesar uno de sus momentos más delicados. Las investigaciones judiciales, los cruces de acusaciones entre Gobierno y oposición, las denuncias sobre presuntas “cloacas”, el debate sobre el lawfare y la creciente desconfianza hacia las instituciones han creado un clima de enorme tensión política y mediática. En medio de esa tormenta, varios analistas, juristas y comentaristas han protagonizado uno de los debates más intensos de las últimas semanas, marcado por una pregunta de fondo que divide profundamente al país: ¿España vive una auténtica crisis democrática o simplemente una nueva fase extrema de polarización política?

.

El debate arrancó con una reflexión que resume buena parte del malestar actual. “Los tiempos de la política no son los tiempos de la justicia”, se afirmó durante la conversación. La frase no es nueva, pero vuelve a cobrar fuerza en un contexto donde algunos procedimientos judiciales parecen avanzar a gran velocidad mientras otros permanecen años bloqueados o avanzan lentamente.

 

Esa percepción alimenta una sensación muy extendida entre parte del electorado progresista: la idea de que determinadas investigaciones reciben un tratamiento judicial y mediático mucho más agresivo dependiendo del color político de las personas implicadas.

 

Precisamente ahí apareció uno de los nombres más sensibles del momento: José Luis Rodríguez Zapatero.

 

Durante el debate se planteó abiertamente una hipótesis que circula desde hace semanas en redes sociales y sectores próximos al Gobierno: que el expresidente no habría sido investigado si no hubiera apoyado activamente a Pedro Sánchez durante las últimas campañas electorales y en los momentos más delicados del actual Ejecutivo.

 

La politóloga Carolina Bescansa respondió con claridad. “Muy probablemente”, afirmó cuando le preguntaron si creía que Zapatero estaría hoy bajo el foco judicial de no haberse implicado políticamente junto a Sánchez. Sin embargo, añadió inmediatamente algo importante: que esa posibilidad no cambia necesariamente el fondo del asunto.

 

Para Bescansa, el problema principal es mucho más profundo y estructural. Según defendió, España lleva años viviendo un deterioro democrático marcado por la utilización política de determinados aparatos del Estado, campañas mediáticas y dinámicas de lawfare contra adversarios políticos.

 

La exdirigente de Podemos recordó que tanto el independentismo catalán como sectores de la formación morada denunciaron desde hace años haber sido víctimas de operaciones de desgaste político, mediático y judicial. “Lo denunciamos públicamente, lo hemos padecido y hemos sido víctimas de infinidad de ataques”, explicó.

 

El término lawfare —la utilización estratégica de mecanismos judiciales para desgastar políticamente a un adversario— volvió así al centro del debate español. Un concepto que durante años fue ridiculizado o minimizado por determinados sectores políticos y mediáticos, pero que ahora empieza a aparecer también en discursos próximos al PSOE.

 

Sin embargo, Bescansa introdujo un matiz importante. Reconoció que no todos los casos pueden meterse “en el mismo saco”. Según explicó, existen diferencias claras entre prácticas de enchufismo político tradicionales, posibles operaciones de lawfare y situaciones mucho más graves relacionadas con presuntas tramas organizadas para socavar el Estado de derecho.

 

Y ahí apareció el llamado “caso Leire”.

 

Según varias interpretaciones mediáticas y judiciales, esta trama habría intentado utilizar estructuras políticas y recursos vinculados al PSOE para presionar investigaciones judiciales, influir sobre fiscales o proteger políticamente a determinadas figuras del entorno socialista.

 

La gravedad de esas acusaciones ha provocado una enorme tensión política.

 

Bescansa llegó a advertir de que, si se demostrara una utilización organizada de estructuras partidistas para manipular procesos judiciales o desacreditar adversarios políticos, se estaría ante una amenaza muy seria para la democracia española.

 

Pero al mismo tiempo insistió en algo fundamental: muchas de las acusaciones actuales todavía deben probarse judicialmente y existe un riesgo evidente de convertir cada filtración o auto preliminar en una condena pública automática.

 

Ese equilibrio entre prudencia y gravedad atravesó todo el debate.

 

Mientras algunos participantes defendían que el deterioro democrático español es estructural y viene de décadas atrás, otros ponían el foco en la estrategia política del Partido Popular y en lo que consideran una “sobreactuación permanente” contra Pedro Sánchez.

 

El historiador Julián Casanova ofreció una lectura especialmente interesante sobre la impaciencia actual del PP.

 

Según explicó, la derecha española nunca terminó de aceptar plenamente el resultado político de las elecciones generales de 2023, donde Sánchez logró mantenerse en el poder gracias a una compleja coalición parlamentaria. Desde entonces, la estrategia del Partido Popular ha consistido en intentar desgastar continuamente al Gobierno y forzar un adelanto electoral.

 

“La impaciencia no es de ahora”, afirmó Casanova. “Viene desde el primer día.”

 

Sin embargo, señaló que los nuevos casos judiciales y las investigaciones recientes han dado al PP una sensación de mayor legitimidad política para intensificar esa presión.

 

La estrategia actual del partido de Alberto Núñez Feijóo parece clara: convencer a los socios parlamentarios de Sánchez de que mantener el apoyo al Gobierno puede acabar teniendo un elevado coste político.

 

La presión sobre el PNV y Junts se ha incrementado especialmente en las últimas semanas. El PP intenta trasladarles la idea de que, si continúan sosteniendo al Ejecutivo, terminarán siendo corresponsables de todo lo que ocurra judicial y políticamente alrededor del PSOE.

 

Pero Casanova también advirtió de los límites de esa estrategia.

 

Ni Junts ni el PNV parecen dispuestos por ahora a facilitar una moción de censura que pudiera abrir la puerta a un gobierno dependiente de Vox. Y precisamente ahí aparece otro de los grandes elementos del debate actual: el papel de la extrema derecha en el deterioro político español.

 

El historiador lanzó una reflexión especialmente contundente. Según afirmó, buena parte del deterioro democrático relacionado con Vox no nace únicamente de la corrupción o de los casos judiciales, sino de la introducción en el debate público de discursos y valores profundamente antidemocráticos.

 

“La ultraderecha empezó atacando a la democracia por temas como la inmigración y determinados consensos democráticos”, explicó.

 

La reflexión resulta importante porque rompe con una idea muy repetida en los últimos años: que el auge de la extrema derecha se explica exclusivamente por la corrupción de los partidos tradicionales. Casanova defendió que el fenómeno es más complejo y tiene también una dimensión ideológica y cultural.

 

Mientras tanto, el debate continuó girando alrededor de las investigaciones judiciales y las acusaciones sobre presuntas operaciones clandestinas vinculadas al PSOE.

 

Uno de los puntos más delicados fue la discusión sobre el auto judicial relacionado con el “caso Leire”. Según se explicó durante el programa, la investigación sostiene que Santos Cerdán habría convocado reuniones en Ferraz durante abril de 2024 con el supuesto objetivo de ayudar políticamente al presidente tras la apertura de la causa contra Begoña Gómez.

 

El juez investiga presuntos intentos de soborno a jueces, fiscales y testigos, además del posible uso de recursos del partido para financiar determinadas actuaciones.

 

Sin embargo, también aparecieron desmentidos importantes.

 

El fiscal Grinda negó públicamente haber recibido ofertas económicas. Y la abogada vinculada a otra de las conversaciones investigadas aseguró tener grabaciones que demostrarían que determinadas acusaciones contenidas en el auto no son ciertas.

 

Esos desmentidos llevaron al catedrático Javier Pérez Royo a cuestionar seriamente la solidez jurídica del documento judicial.

 

“Es un auto muy fullero”, afirmó. Según explicó, el texto mezcla conversaciones, interpretaciones y fragmentos descontextualizados de manera poco consistente. Y añadió algo especialmente significativo: cuando un auto contiene afirmaciones que pueden ser desmentidas objetivamente por sus protagonistas, la credibilidad del conjunto queda muy dañada.

 

Pérez Royo también criticó el procedimiento judicial relacionado con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

 

Recordó que los hechos investigados se remontan a 2016 y 2017, que el procedimiento de contratación fue supervisado administrativamente y que ningún candidato presentó recurso contencioso-administrativo en su momento.

 

“De pronto aparece en 2024 este auto a partir de una denuncia de Manos Limpias”, señaló, insinuando que la dimensión política del caso resulta imposible de ignorar.

 

Todo este escenario refleja un problema cada vez más evidente en España: la mezcla constante entre justicia, política y espectáculo mediático.

 

Cada nuevo auto judicial se convierte inmediatamente en arma partidista. Cada filtración alimenta titulares explosivos. Cada desmentido es interpretado según el sesgo ideológico de quien escucha. Y mientras tanto, la ciudadanía observa cómo la confianza institucional se erosiona lentamente.

 

El riesgo es enorme.

 

Porque cuando una democracia entra en una dinámica donde millones de personas creen que jueces, fiscales, policías, periodistas y partidos actúan guiados únicamente por intereses políticos, el deterioro deja de afectar solo a un gobierno concreto.

 

Empieza a afectar al propio sistema democrático.

 

Ese fue, probablemente, el verdadero fondo del debate.

 

No solo si Sánchez, Zapatero o el PP tienen razón en esta batalla concreta. Sino si España está perdiendo progresivamente algo mucho más importante: la capacidad de confiar colectivamente en sus instituciones.

 

Y esa es una crisis mucho más difícil de resolver que cualquier escándalo político pasajero.