Alberto San Juan habla de lo que está pasando con el Gobierno de Sánchez de una forma que se le entiende todo.

“Parece evidente”.

Alberto San Juan ha vuelto a poner palabras a una idea que recorre desde hace tiempo una parte importante del debate progresista en España: la sospecha de que existe una convergencia de intereses políticos, mediáticos y judiciales para debilitar al Gobierno de Pedro Sánchez hasta hacerlo caer. El actor lo expresó con claridad durante su entrevista en Malas Lenguas Noche, el programa de Jesús Cintora, donde defendió que esa presión contra el Ejecutivo “parece evidente” y la conectó con una historia más larga de resistencia del poder frente a los movimientos populares.

La intervención de San Juan no fue una defensa cerrada del PSOE ni una adhesión entusiasta al sanchismo. De hecho, el intérprete se encargó de marcar distancia desde el principio. Aseguró que nunca diría que el PSOE pretende una transformación profunda para acabar con la desigualdad en España. Recordó incluso el clima del 15-M y aquel lema que situaba al PSOE y al PP dentro de una misma lógica de poder, una consigna que, según él, estaba bien fundamentada.

Ese matiz es importante porque coloca su análisis en un lugar distinto al de la simple defensa partidista. San Juan no presentó al Gobierno socialista como una fuerza revolucionaria ni como un proyecto plenamente transformador. Lo que planteó fue otra cosa: que incluso un Ejecutivo moderado, con una parte socialista que no representa ya el impulso original del 15-M, puede ser visto por determinados sectores del poder como una amenaza si mantiene abierta una mínima posibilidad de redistribución o de cuestionamiento del orden económico establecido.

El actor vinculó esa situación con lo que ocurrió tras el surgimiento del 15-M. A su juicio, aquel movimiento social abrió una grieta profunda en el sistema político español. No solo llenó plazas ni expresó indignación ciudadana contra la austeridad, la corrupción y la falta de representación. También puso sobre la mesa una pregunta incómoda: quién manda realmente en España y por qué las mayorías sociales tienen tan poca capacidad para modificar las estructuras económicas que condicionan su vida.

Según San Juan, desde ese momento se activó “toda la maquinaria profunda del poder”. En su lectura, el Estado, el poder judicial, los grandes partidos y otros espacios institucionales habrían trabajado no solo para frenar aquella movilización, sino para borrar su huella política. “Matar el espíritu del 15-M”, dijo, en una expresión que resume el tono de su intervención.

La frase es dura, pero conecta con una percepción extendida entre muchos sectores de la izquierda española. El 15-M no fue únicamente una protesta. Fue una ruptura emocional y política con el bipartidismo tradicional, con la resignación ante la desigualdad y con la idea de que la política debía limitarse a gestionar lo posible dentro de los márgenes fijados por los poderes económicos. Por eso, para quienes lo vivieron como un despertar colectivo, su posterior neutralización tuvo algo de derrota histórica.

San Juan amplió la reflexión y la situó en una perspectiva más larga. Afirmó que, históricamente, cada vez que las clases populares han intentado levantarse de su postración, han sido reprimidas. Su lectura no se queda en la coyuntura actual ni en la figura de Pedro Sánchez, sino que apunta a una tensión permanente entre movimientos democratizadores y estructuras de poder que buscan preservar sus privilegios.

Uno de los elementos más llamativos de la entrevista fue su referencia a la Segunda República. El actor explicó que había descubierto el papel que, según diversos análisis históricos, jugó una parte del Poder Judicial contra los gobiernos republicanos y contra reformas como las vinculadas a la propiedad de la tierra. Para San Juan, aquello demuestra que los poderes institucionales no siempre actúan como engranajes neutrales, sino que también pueden desempeñar un papel de bloqueo o ralentización frente a proyectos reformistas.

Esa comparación histórica resulta especialmente sensible en la España actual. Cada vez que se habla de jueces, lawfare o utilización política de los tribunales, el debate se vuelve explosivo. Para unos, cuestionar al Poder Judicial es una forma de atacar el Estado de derecho. Para otros, exigir que los jueces también estén sometidos a crítica pública forma parte precisamente de una democracia sana.

San Juan se situó claramente en esta segunda posición. Durante la entrevista se preguntó por qué el Poder Judicial debería recibir menos críticas que el Ejecutivo o el Legislativo. “Cualquier estructura de poder ha de ser observada con una mirada crítica constante”, afirmó. Para él, la democracia no consiste en blindar a los poderes del Estado frente al escrutinio ciudadano, sino en someterlos a vigilancia permanente.

La reflexión llega en un momento de enorme tensión institucional. Las investigaciones judiciales que afectan al entorno del Gobierno, los casos relacionados con Begoña Gómez, David Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y otros procedimientos han colocado a la Justicia en el centro de la batalla política. El Ejecutivo y sectores progresistas denuncian una ofensiva judicial y mediática, mientras la oposición acusa al Gobierno de intentar desacreditar a los jueces cuando las investigaciones le resultan incómodas.

En ese contexto, las palabras de Alberto San Juan no son una intervención aislada. Forman parte de una conversación más amplia sobre la calidad democrática, la independencia judicial, el papel de los medios de comunicación y los límites de la confrontación política. La pregunta de fondo es si España vive una sucesión normal de investigaciones contra posibles irregularidades o si esas causas se están utilizando también como herramientas para erosionar políticamente a un Gobierno.

San Juan considera que la respuesta es clara. Para él, tumbar al Gobierno de Sánchez sería “el último capítulo” de un proceso más largo. No porque el PSOE represente, según su visión, una ruptura radical con el sistema, sino porque su Gobierno aún conserva cierto eco de aquella posibilidad abierta por el 15-M: la idea de que quienes concentran los beneficios económicos no deberían concentrarlos tanto.

Ese es quizá el punto más profundo de su razonamiento. El actor no defiende al PSOE por lo que es, sino por lo que su caída podría simbolizar dentro de una batalla histórica más amplia. Si incluso un Gobierno moderado, sostenido por una alianza parlamentaria progresista y plurinacional, resulta intolerable para ciertos poderes, entonces la democracia española tendría un problema mucho mayor que una simple disputa entre partidos.

La entrevista también dejó ver el tono emocional con el que San Juan observa la política. No habló como un técnico ni como un jurista, sino como un ciudadano preocupado por la desigualdad, por la memoria histórica y por la fragilidad de las conquistas sociales. Su discurso se apoya en una idea central: la democracia no puede reducirse a votar cada cuatro años si después los poderes económicos, judiciales o mediáticos pueden bloquear cualquier intento de redistribución real.

Esa visión puede generar adhesión o rechazo, pero toca una fibra sensible. España vive un momento de profunda desconfianza. Muchos ciudadanos sospechan de los políticos, pero también de los jueces, de los medios y de las grandes empresas. Cada nuevo escándalo, cada filtración y cada acusación cruzada alimentan la sensación de que existe una lucha de poder permanente bajo la superficie institucional.

La intervención de San Juan en Malas Lenguas Noche conecta precisamente con ese malestar. Su mensaje no fue que el Gobierno de Sánchez sea perfecto ni que esté libre de errores. Al contrario, reconoció que el PSOE no encarna una transformación profunda. Pero sostuvo que la presión que recibe no puede entenderse únicamente como una respuesta a sus fallos, sino como parte de una dinámica más amplia de defensa del orden establecido.

Al final, sus palabras dejan una pregunta difícil de esquivar: ¿quién puede criticar al poder judicial, a los medios o a las estructuras profundas del Estado sin ser acusado inmediatamente de atacar la democracia? Para San Juan, la respuesta debería ser sencilla: cualquier ciudadano. Porque en una democracia madura ningún poder debe quedar fuera del escrutinio.

El debate seguirá abierto. Habrá quienes vean en sus declaraciones una exageración ideológica y quienes las interpreten como una lectura lúcida de la España actual. Pero lo cierto es que Alberto San Juan ha vuelto a colocar sobre la mesa una cuestión esencial: la democracia no solo se mide por la existencia formal de tres poderes, sino por la capacidad real de la ciudadanía para vigilarlos, criticarlos y exigirles responsabilidad.

Y en una España marcada por la polarización, esa conversación resulta cada vez más urgente.