BALTASAR GARZÓN SUELTA BOMBA Y HACE TEMBLAR EL TRIBUNAL SUPREMO “LA SALA SEGUNDA INCUMPLE LA LEY”.

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Baltasar Garzón eleva el tono contra el Tribunal Supremo y denuncia una justicia atrapada en la batalla política.

Baltasar Garzón ha vuelto a situar el debate judicial en el centro de la conversación pública española. El exjuez de la Audiencia Nacional, una de las figuras más reconocibles y polémicas de la justicia española de las últimas décadas, ha reaparecido con un discurso duro, sereno y cargado de fondo político-jurídico: España, sostiene, tiene un problema cuando se niega a mirar de frente las advertencias internacionales sobre su propio sistema judicial.

Su intervención no fue una simple queja personal. Fue una advertencia mucho más amplia sobre la salud democrática, la confianza ciudadana en los tribunales, el papel del Tribunal Supremo y la forma en que determinados procedimientos judiciales acaban convertidos en combustible político antes incluso de llegar a juicio.

Garzón parte de una herida que sigue abierta: su inhabilitación como juez tras la condena del Tribunal Supremo por las escuchas del caso Gürtel. Años después, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que aquel proceso fue arbitrario y que no se respetaron garantías esenciales. Para el exmagistrado, España no ha respondido como debería a esa resolución internacional. Y ahí nace una de sus críticas más contundentes: la tendencia de las instituciones españolas a descalificar aquello que viene de fuera cuando cuestiona una decisión interna.

El exjuez lo expresa con una mezcla de ironía y amargura. España, viene a decir, actúa a veces como si fuera “el ombligo del mundo”, como si cualquier dictamen internacional que incomode pudiera ser apartado con el argumento de que no es una sentencia. Pero, según Garzón, esa respuesta ignora que España ha ratificado convenios internacionales que obligan a respetar determinados estándares de derechos humanos.

El fondo del asunto no es menor. Garzón no solo reclama una reparación personal. Reclama que se cumplan las consecuencias derivadas de una resolución internacional que cuestionó seriamente el procedimiento por el que fue expulsado de la carrera judicial. Entre esas consecuencias, cita la cancelación de sus antecedentes penales, una medida que, según denuncia, continúa sin resolverse pese al tiempo transcurrido.

Pero la conversación va mucho más allá de su caso. Garzón utiliza su propia experiencia como punto de partida para hablar de un problema estructural: el enorme poder de la Sala Segunda del Tribunal Supremo cuando juzga a personas aforadas. Según su análisis, quienes son juzgados directamente por el Supremo carecen de una segunda instancia real para recurrir la sentencia. Y eso, a su juicio, concede a esa sala un poder desmesurado que debería estar equilibrado por algún mecanismo de control o revisión.

Esta reflexión toca una cuestión muy sensible en España: la relación entre poder judicial, política y confianza ciudadana. Garzón no dice que todos los jueces estén politizados. Su crítica es más precisa. Sostiene que el poder judicial, dentro de una democracia, también es un poder político en el sentido institucional del término. Toma decisiones que afectan a la vida pública, a cargos públicos, a gobiernos y a derechos fundamentales. Por eso, afirma, debe estar sometido a controles, transparencia y límites que impidan cualquier sensación de impunidad corporativa.

En su diagnóstico, existe una élite judicial consciente de su fuerza institucional. Y, en determinados casos, esa fuerza se habría orientado en una dirección política concreta. Es una acusación grave, pero Garzón la formula desde una preocupación que muchos ciudadanos reconocen: la sensación de que algunas resoluciones judiciales son interpretadas inmediatamente en clave partidista, como si cada auto o cada sentencia beneficiara a un bloque político y perjudicara a otro.

Esa percepción, advierte, es letal para la confianza pública. Porque la confianza en la justicia no nace de comunicados solemnes del Consejo General del Poder Judicial. Nace de resoluciones claras, comprensibles, proporcionadas y capaces de resistir la lectura ciudadana sin que parezcan escritas desde una trinchera ideológica.

Garzón también pone el foco en el papel de la acción popular y en cómo determinados partidos, asociaciones o grupos profesionales han utilizado los tribunales como extensión del combate político. Cita a Vox, al Partido Popular, al Partido Socialista en algunos casos, y también a asociaciones fiscales o judiciales que actúan en procedimientos especialmente sensibles. Su preocupación no es que exista la acción popular, una figura reconocida en el sistema español, sino que se utilice de manera desnaturalizada, como herramienta de militancia política más que como instrumento de defensa del interés general.

Ese punto conecta con uno de los debates más intensos de los últimos años: la judicialización de la política y la politización de la justicia. Dos expresiones que se repiten tanto que a veces pierden fuerza, pero que describen una realidad incómoda. Cada vez más causas con impacto político se convierten en guerras de comunicación. Los autos se filtran, las investigaciones se comentan antes de completarse, los acusados son presentados como culpables antes del juicio y la presunción de inocencia queda debilitada por una maquinaria mediática imposible de detener.

Garzón insiste especialmente en ese peligro. Critica que haya resoluciones judiciales que aparezcan en los medios antes de llegar con normalidad a las partes. Critica que una persona investigada sea tratada públicamente como culpable. Y critica que la palabra “imputado”, ya sustituida en la ley por “investigado”, siga utilizándose socialmente como una condena anticipada.

Para el exjuez, el derecho de defensa no puede quedar subordinado al impacto informativo. No basta con pedir respeto a la independencia judicial si al mismo tiempo se permite que una investigación se convierta en un juicio público irreversible. Los jueces merecen respeto, sostiene, pero los ciudadanos investigados también merecen garantías.

En ese marco, Garzón analiza casos recientes que afectan al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez, como los procedimientos relacionados con Begoña Gómez, David Sánchez o el fiscal general del Estado. Su crítica principal es la idea de investigación prospectiva: abrir una causa sin un objeto claramente definido e ir buscando después por dónde sostenerla. Según explica, cuando el objeto del procedimiento cambia continuamente, la defensa se vuelve casi imposible, porque la persona investigada no sabe con precisión de qué debe defenderse.

El caso del fiscal general del Estado aparece como uno de los puntos de inflexión en su análisis. Garzón considera que toda sentencia debe basarse en hechos probados y que, en determinados procedimientos recientes, los hechos se han construido mirando solo una parte del escenario. Esta afirmación encaja con una preocupación más amplia entre sectores jurídicos progresistas: que algunos procesos penales de alto impacto político puedan apoyarse más en indicios, sospechas o interpretaciones que en pruebas sólidas.

También cuestiona la forma en que algunos informes policiales son incorporados a resoluciones judiciales. No niega la importancia de la policía judicial ni de unidades como la UCO o la UDEF. Lo que critica es que determinados informes parezcan asumirse como verdades cerradas sin una valoración judicial suficientemente autónoma. Para Garzón, un informe policial puede aportar elementos, pero las conclusiones jurídicas corresponden al juez. Si el juez se limita a absorber esas conclusiones sin explicarlas, el procedimiento pierde calidad y aumenta el riesgo de contaminación política.

El exmagistrado no plantea estas críticas como una defensa automática del Gobierno. De hecho, habla también de corrupción, de lobbies, de desinformación, de odio político y de la degradación del lenguaje público. Su denuncia apunta a un clima general: una democracia sobrecargada de sospechas, filtraciones, insultos y procedimientos que se convierten en espectáculo antes de convertirse en verdad judicial.

En ese contexto, su nuevo libro aparece como una herramienta de combate cívico. Garzón lo presenta como un texto escrito “desde las tripas”, pero también como una llamada a nombrar las cosas con claridad. No quiere, dice, que el ciudadano tenga que enfrentarse a resoluciones incomprensibles o a debates judiciales encerrados en tecnicismos. Quiere abrir una conversación sobre lo que está ocurriendo: la justicia, la migración, la desinformación, el derecho internacional, la corrupción y la confrontación política.

La frase más poderosa de su intervención quizás no sea la más dura contra el Supremo, sino la más democrática: de la justicia se puede y se debe hablar. Garzón rechaza la idea de que criticar una resolución judicial equivalga a atacar a todos los jueces. En una democracia, las sentencias se acatan, pero también se analizan, se discuten y se cuestionan si se considera que vulneran derechos o generan efectos injustos.

Ese equilibrio es difícil, pero imprescindible. La independencia judicial no puede convertirse en un muro que impida toda crítica. Pero la crítica política tampoco puede transformarse en una campaña de demolición contra jueces concretos. Entre ambos extremos se encuentra el terreno que Garzón reclama: una justicia fuerte, sí, pero también transparente; respetada, sí, pero también responsable; independiente, sí, pero no blindada frente al escrutinio público.

El problema de fondo es la confianza. España vive un momento de enorme tensión institucional. Cada decisión judicial relevante se interpreta desde el eje izquierda-derecha. Cada procedimiento que afecta a un cargo público se convierte en munición partidista. Cada comunicado del Consejo General del Poder Judicial es leído como una toma de posición. Y cada crítica del Gobierno a los jueces provoca una reacción inmediata de quienes ven en ella un ataque a la separación de poderes.

Garzón introduce una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la separación de poderes se invoca solo para proteger a uno de esos poderes de toda crítica, pero no para garantizar plenamente los derechos de quienes son investigados? ¿Dónde queda el derecho de defensa cuando una persona ya ha sido condenada socialmente antes de que exista una sentencia firme? ¿Cómo se repara el daño personal y profesional cuando un procedimiento se filtra, se comenta y se convierte en relato político desde el primer día?

Estas preguntas no tienen una respuesta sencilla. Pero precisamente por eso resultan necesarias. La justicia no puede sostenerse solo sobre autoridad formal. Necesita legitimidad cotidiana. Necesita que los ciudadanos crean que los procedimientos son justos, que las pruebas se valoran con equilibrio, que las resoluciones son comprensibles y que nadie utiliza los tribunales como una herramienta de desgaste político.

La intervención de Baltasar Garzón vuelve a remover una vieja tensión española: la dificultad de hablar de justicia sin que todo derive inmediatamente en trincheras. Para unos, Garzón representa a un juez que desafió poderes intocables y pagó un precio enorme. Para otros, representa a una figura judicial que también tomó decisiones controvertidas y cuya trayectoria genera rechazo. Pero, más allá de la valoración personal, sus palabras colocan sobre la mesa un debate que España no puede esquivar.

La democracia no solo se mide por la existencia de tribunales independientes. También se mide por la capacidad de esos tribunales para aceptar el escrutinio, corregir errores, cumplir los estándares internacionales y proteger los derechos de todos, incluso de quienes resultan incómodos.

Garzón no pide que se deje de respetar a los jueces. Pide que no se confunda respeto con silencio. Pide que no se utilice la toga como escudo frente a cualquier crítica. Pide que la justicia sea clara, transparente, igualitaria y capaz de generar confianza por sus actos, no solo por sus comunicados.

Y en una España marcada por la polarización, los casos judiciales de alto voltaje y la desconfianza institucional, esa petición suena menos como una defensa personal y más como una advertencia colectiva: cuando la justicia deja de ser percibida como un espacio común, toda la democracia empieza a resentirse.