Entre audiencias, memoria televisiva y verificación: la respuesta de Cintora que convierte el ataque a RTVE en otro debate incómodo.
Entre audiencias, memoria televisiva y verificación: la respuesta de Cintora que convierte el ataque a RTVE en otro debate incómodo.
.
.
Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a situar a RTVE en el centro de la batalla política. En una entrevista radiofónica, el líder del Partido Popular cargó contra la televisión pública, la definió como “televisión del régimen” y sembró dudas sobre el funcionamiento de sus audiencias. La respuesta no tardó en llegar desde “Malas Lenguas”, donde Jesús Cintora utilizó un recuerdo muy concreto para devolver el golpe: la famosa entrevista de Silvia Intxaurrondo a Feijóo en “La Hora de La 1”.
El episodio vuelve a demostrar que la pelea por la televisión pública ya no es una discusión lateral. Es uno de los frentes más sensibles de la política española. Los partidos no solo compiten por votos, leyes o relatos parlamentarios. También compiten por la autoridad de los medios, por quién puede explicar la realidad y por quién consigue convencer al público de que el árbitro está comprado antes incluso de que empiece el partido.
Feijóo afirmó que no ve RTVE y justificó su posición con una crítica frontal a la cadena. Según sus palabras, la televisión pública ya no cumpliría su función como debería y estaría ofreciendo datos de audiencia que, a su juicio, resultan difíciles de creer. Además, mencionó situaciones llamativas, como un supuesto buen dato durante un apagón, para poner en cuestión el sistema de medición.
La frase “televisión del régimen” tiene una carga política evidente. No es una crítica técnica. No dice simplemente que un programa le parece sesgado, que un informativo debería mejorar o que una dirección concreta merece ser fiscalizada. La expresión coloca a RTVE dentro de una acusación de alineamiento institucional con el Gobierno. Y cuando un líder de la oposición usa ese marco, la discusión deja de ser televisiva y pasa a ser democrática.
Ahora bien, conviene separar varias cosas.
Criticar RTVE es legítimo. La televisión pública debe ser examinada con lupa. Sus informativos, sus fichajes, sus contratos, sus audiencias, sus criterios de pluralidad y sus decisiones editoriales tienen que poder discutirse. RTVE se financia con recursos públicos y presta un servicio público. Por tanto, nadie debería exigir que se hable de ella como si fuera un jarrón de museo que no se puede tocar.
Pero una cosa es fiscalizar y otra sembrar sospechas sin aportar una prueba sólida. Si se cuestiona un dato de audiencia, debe explicarse qué parte del sistema se considera fallida, qué medición alternativa se propone y qué evidencia concreta muestra un error. Si no, el debate se transforma en una nube de sospecha: muy visible, muy densa, pero difícil de agarrar con las manos.
Ahí es donde entró Jesús Cintora.
El presentador de “Malas Lenguas” respondió recordando un capítulo que sigue pesando en la relación entre Feijóo y RTVE: la entrevista que Silvia Intxaurrondo le realizó en julio de 2023. Aquel día, Intxaurrondo corrigió en directo al entonces candidato del PP cuando este afirmó que su partido siempre había revalorizado las pensiones conforme al IPC. La periodista le señaló que esa afirmación no era correcta en todos los ejercicios y el momento se convirtió en uno de los episodios más comentados de la campaña electoral.
Cintora lo resumió con una idea clara: para entender el presente, hay que mirar el pasado. Según su lectura, Feijóo no habría terminado de superar aquella entrevista en la que una periodista de la televisión pública le confrontó con datos. Y remató la respuesta con una invitación: si el líder del PP quiere volver a RTVE, las puertas están abiertas, pero si dice algo que no es verdad, se le volverá a corregir.
Ese punto es clave porque introduce una pregunta de fondo: ¿qué debe hacer una televisión pública cuando un dirigente político dice algo inexacto en directo?
Para algunos, corregir a un invitado puede parecer una falta de neutralidad. Para otros, es exactamente lo contrario: la prueba de que el periodista no está allí para hacer de perchero del discurso político. La neutralidad no consiste en dejar que cualquier afirmación pase intacta por miedo a incomodar. La neutralidad seria consiste en aplicar el mismo criterio a todos: si un dato es falso o incompleto, se corrige, venga de quien venga.
El problema es que en España la palabra “neutralidad” se ha convertido muchas veces en refugio de la comodidad. Hay quien llama neutralidad a no molestar a nadie. Pero el periodismo que no molesta nunca suele tener dos posibilidades: o está dormido o está muy bien domesticado.
Intxaurrondo incomodó a Feijóo porque hizo algo elemental: repreguntar y contrastar. No gritó. No insultó. No hizo una escena teatral. Simplemente colocó un dato sobre la mesa y obligó al entrevistado a responder. Esa es la razón por la que aquel momento sigue teniendo tanta fuerza simbólica. No fue una pelea de egos. Fue un choque entre relato político y verificación periodística.
Cintora, al recuperar esa escena, buscó tocar el nervio. Su mensaje era sencillo: quizá el problema no sea que RTVE sea “del régimen”, sino que en RTVE hubo una periodista que no permitió que una afirmación discutible quedara sin respuesta.
La frase es políticamente potente, pero debe manejarse con cuidado. No se puede afirmar que esa entrevista sea la causa única de la tensión actual entre Feijóo y la televisión pública. Las relaciones entre partidos y medios son más complejas. Hay estrategia, presión, campaña, ideología, audiencias y una larga historia de conflictos entre gobiernos, oposiciones y radiotelevisiones públicas. Pero sí es razonable decir que aquella entrevista se convirtió en un símbolo.
Y los símbolos en política pesan más que algunas encuestas.
Después de la respuesta de Cintora, el debate en “Malas Lenguas” se amplió hacia las televisiones autonómicas. Manuel Rico recordó las protestas de trabajadores de la televisión gallega, conocidas como “venres negros”, que desde 2018 denuncian falta de independencia y manipulación informativa en la CRTVG. Es importante formularlo con precisión: son denuncias y protestas de trabajadores y colectivos profesionales, no una sentencia general contra todos los profesionales de la cadena.
La existencia de esas protestas, prolongadas durante años, sí permite abrir una comparación incómoda. Si un líder político critica con tanta dureza RTVE por supuesta falta de neutralidad, también debe aceptar que se revisen los antecedentes de los medios públicos bajo gobiernos de su partido. No para responder a una sospecha con otra sospecha, sino para evitar una moral selectiva.
Porque en política española hay una costumbre curiosa: el medio público es siempre sospechoso cuando gobierna el otro. Cuando gobiernan los míos, entonces se llama “gestión”, “pluralidad” o “normalidad institucional”. El mando a distancia cambia de manos, pero la tentación de controlar el relato permanece.
Y ahí está el verdadero debate.
España necesita medios públicos independientes, gobierne quien gobierne. RTVE debe ser fiscalizada cuando el Gobierno es socialista. La CRTVG debe ser fiscalizada cuando gobierna el PP en Galicia. Telemadrid debe ser fiscalizada cuando gobierna el PP en Madrid. À Punt debe ser fiscalizada cuando gobierna el PP en la Comunidad Valenciana. Canal Sur debe ser fiscalizada cuando gobierna el PP en Andalucía. Y cualquier televisión pública autonómica debe ser vigilada cuando gobierne cualquier otro partido.
La independencia no puede ser una bandera que se saca del cajón solo cuando conviene.
También apareció en el debate el asunto de las audiencias. Feijóo cuestionó el sistema de medición y expresó sorpresa por determinados resultados de RTVE. Aquí conviene introducir un poco de contexto. Las audiencias televisivas no se calculan preguntando a todo el país qué vio la noche anterior. Se estiman a partir de paneles representativos y dispositivos de medición instalados en hogares seleccionados. Es un sistema estadístico, no una votación nacional minuto a minuto.
Como todo sistema estadístico, puede ser discutido, actualizado y mejorado. De hecho, en los últimos años la medición audiovisual se ha complicado porque ya no solo vemos televisión lineal. Vemos contenido en diferido, plataformas, móviles, tablets, aplicaciones y televisores conectados. Por eso las empresas de medición han ido incorporando herramientas híbridas para intentar captar mejor el consumo real.
¿Puede criticarse ese modelo? Por supuesto. ¿Puede pedirse más transparencia metodológica? También. ¿Puede un político decir que no entiende un dato concreto? Claro. Pero insinuar que las audiencias están amañadas o que solo favorecen a una cadena exige pruebas muy concretas. Sin ellas, el argumento queda en el terreno de la sospecha política.
Y la sospecha, ya lo sabemos, es muy barata de producir y carísima de limpiar.
El comentario del apagón es un buen ejemplo de cómo una anécdota puede convertirse en munición política. Puede haber explicaciones técnicas, cambios de consumo, concentración de espectadores en determinados canales o alteraciones puntuales del comportamiento de la audiencia. Pero para convertir eso en prueba de manipulación hace falta algo más que extrañeza. Hace falta evidencia.
La política actual vive de convertir extrañezas en sospechas y sospechas en titulares. Es un mecanismo eficaz, pero peligroso. Primero se dice “qué raro”. Luego “habrá que investigarlo”. Después “algo ocultan”. Y cuando llega la explicación técnica, ya hay media audiencia convencida de que todo estaba preparado.
En ese clima, el papel de los periodistas debería ser exactamente el contrario: bajar la temperatura, separar hechos de opiniones y no permitir que una frase llamativa sustituya al análisis.
Cintora optó por responder desde el terreno político y simbólico. Recordó a Intxaurrondo, invitó a Feijóo a volver y reivindicó el derecho de un periodista a decir en directo que algo no es verdad. Esa defensa del fact-checking en pantalla es especialmente importante en una época donde muchos entrevistados prefieren monólogos largos antes que preguntas incómodas.
La entrevista política no debería ser un paseo por alfombra roja. Debería parecerse más a pasar la ITV: uno llega con su vehículo discursivo, le revisan frenos, luces, emisiones y, si algo no funciona, se lo dicen. No es persecución. Es seguridad democrática.
La clave, por supuesto, es que la ITV se aplique a todos. Si Feijóo dice algo incorrecto, se corrige. Si Pedro Sánchez dice algo incorrecto, también. Si Yolanda Díaz, Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso o cualquier ministro ofrece un dato falso, se corrige igualmente. La credibilidad de una televisión pública no se gana defendiendo a un partido, sino demostrando que incomoda a todos cuando hace falta.
Ese debería ser el estándar.
El choque entre Feijóo y Cintora deja una lección más amplia: la batalla por RTVE es también una batalla por el tipo de democracia mediática que España quiere tener. Una televisión pública puede equivocarse, puede sesgarse, puede mejorar y debe rendir cuentas. Pero destruir su legitimidad con etiquetas gruesas sin demostrar los hechos tampoco ayuda a construir un mejor servicio público.
La solución no es callar las críticas a RTVE. La solución es hacerlas mejor.
Menos consignas y más datos. Menos “televisión del régimen” y más propuestas concretas de independencia. Menos sospecha sobre las audiencias y más debate técnico sobre la medición audiovisual. Menos ataques a periodistas incómodos y más disposición a sentarse frente a ellos.
Feijóo tiene todo el derecho a criticar RTVE. Cintora tiene todo el derecho a responder. Intxaurrondo tuvo todo el derecho, y casi la obligación profesional, de corregir un dato inexacto en directo. Y los ciudadanos tienen derecho a exigir que los medios públicos no sean ni altavoz del Gobierno ni campo de tiro de la oposición.
Porque al final, RTVE no debería pertenecer a ningún Ejecutivo.
Tampoco a ningún partido.
Debería pertenecer a la audiencia, que no necesita propaganda de un lado ni sospechas sin pruebas del otro. Necesita información, contexto, pluralidad y periodistas capaces de hacer preguntas que incomoden.
Incluso cuando el invitado preferiría estar en un plató más amable.
