La Audiencia Nacional juzga a Villarejo, su socio y dos ex policías por el presunto espionaje a un empresario marbellí
El comisario jubilado José Manuel Villarejo se enfrenta este lunes a un nuevo juicio en la Audiencia Nacional por haber investigado por encargo, presuntamente, al empresario marbellí Felipe Gómez Zotano a petición de una mujer, Marzena Katarina, por una disputa inmobiliaria.
Un encargo por el que la Fiscalía Anticorrupción le pide nueve años de prisión por delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento de secretos cometido por funcionario público.
El caso está recogido en una de la treintena de piezas en las que se dividió el caso Tandem.
En concreto, se trata de la causa número 8, conocida como Marbella, en la que también están acusados el exinspector de la Comisaría General de Información Constancio Riaño, para el que Anticorrupción pide ocho años de cárcel, y el exinspector Antonio Bonilla y el socio de Villarejo Rafael Redondo, para los que el Ministerio Público reclama cuatro años y nueve meses, respectivamente.
Quien finalmente no será juzgado por esta pieza es el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, para quien Anticorrupción solicitaba inicialmente nueve años de prisión, ya que el juez de instrucción acordó el archivo provisional en lo referente a él debido al ictus que sufrió en mayo de 2022, que conllevó a una “incapacidad mental sobrevenida, y como consecuencia su inimputabilidad”.
El origen: una disputa inmobiliaria
Según Anticorrupción, Villarejo asumió el 24 de julio de 2015 como titular real del Grupo Cenyt, y en concreto a través de la mercantil Stuart & Mckenzie (filial de dicho grupo), el encargo realizado por Katarzina para realizar una investigación y ejercitar las acciones penales y civiles a que hubiera lugar con motivo de los conflictos que mantenía con Gómez Zotano, autorizando la contratación y supervisando su posterior desarrollo y, concretamente, el acceso a fuentes policiales no abiertas para la obtención de datos.
“Tales conflictos tenían su origen en el contrato de arrendamiento con opción de compra que ambos habían celebrado sobre una vivienda ubicada en la localidad de Benhavís (Málaga) propiedad de Zotano y habían dado lugar a la presentación por parte de Katarzina de una querella tramitada en los Juzgados de Marbella, que terminó siendo sobreseída, así como a diversos procedimientos civiles de reclamación de cantidad”, indica.
En la ejecución del citado encargo (tanto en el ejercicio de las acciones judiciales como en la investigación sobre Zotano) “intervino también, por cuenta del Grupo Cenyt y en su condición de letrado del bufete Stuart & Mckenzie, el encausado Rafael Redondo”, añade la Fiscalía, que sitúa al resto de mandos policiales dentro de la “organización criminal”.
Según el Ministerio Público, Villarejo y en cumplimiento del encargo realizado por Katarzina, “con la imprescindible intervención de los demás encausados, llevó a cabo una investigación sobre Zotano que culminó en un denominado informe fechado el 7 de septiembre de 2015, que llegó a ser presentado en el Juzgado de Marbella que conocía de la querella que habían presentado contra Zotano”.
En el curso de esa investigación, añade Anticorrupción, los encausados llegaron a acceder a datos de carácter reservado del propio empresario.
La información obtenida: de sus escrituras públicas a huellas dactilares
Al hilo, la Fiscalía sostiene que el 18 de agosto de 2015 Riaño actuó “en connivencia con los demás encausados, sirviéndose de la posición que ocupaba en la UCAO“, para hacerse, a través de sus subordinados, con el informe de actividad de Zotano”.
En dicho dossier constaban “todas las escrituras públicas” que el empresario marbellí había otorgado ante “todos los notarios españoles” y que obraba en el Organo Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado.
En esta línea, Anitcorrupción indica que “una vez obtenida la información a través de la UCAO, Riaño la remitió a Cenyt por correo electrónico de 18 de agosto de 2015 a través de Bonilla, director de operaciones” del grupo y quien “a su vez, lo remitió, por correo electrónico de 19 de agosto de 2015” a Redondo.
La Fiscalía asegura a su vez que Riaño consultó a través de sus subordinados los datos que de Zotano constaban en la base de datos policial ADDNIFIL, un fichero de huellas dactilares que el Cuerpo Nacional de Policía utiliza y que se nutre de los datos obtenidos de los expedientes del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Según explica el Ministerio Público, “no consta que Katarzina realizara pago alguno a ninguno de los encausados, ni al bufete Stuart & Mckenzie ni a ninguna otra de las sociedades de Grupo Cenyt”.
“Sin embargo, en la hoja de encargo de servicios de 24 de julio de 2015 sí se pactaron honorarios a percibir por Villarejo, como titular real de Cenyt, y que ascenderían a un porcentaje de los bienes que se llegaran a recuperar del perjudicado Zotano en los procedimientos judiciales iniciados, sin que ninguna de las acciones ejercitadas a estos efectos, tanto penales como civiles, resultaran estimadas”, expone en el escrito.
Rebajada la primera condena a Villarejo por Tandem
Hace unos días, se hizo pública la sentencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que admitía parcialmente el recurso de Villarejo contra su primera condena por tres piezas del caso Tándem que se juzgaron de forma conjunta, y que le ha supuesto una rebaja de la pena de 19 a 13 años de cárcel al absolverle del delito de falsedad documental.
La Sala mantuvo además, en contra del criterio de Anticorrupción, su absolución por el delito de cohecho pasivo, al entender que los encargos que hizo al frente de su empresa, Cenyt, fueron al margen de su condición de policía.
