España vuelve a mirar al cielo con preocupación. En apenas dos meses, el país ha encadenado siete borrascas de gran intensidad, un fenómeno que ya no puede considerarse excepcional, sino parte de una nueva normalidad climática. Ante este escenario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje contundente: es necesario un “gran acuerdo de país” para dar una respuesta conjunta, coordinada y estructural a una crisis que trasciende ideologías, territorios y ciclos electorales.

Sus palabras llegan en un momento especialmente delicado, con amplias zonas del territorio afectadas por lluvias torrenciales, inundaciones, pérdidas agrícolas, infraestructuras dañadas y una creciente sensación de fragilidad institucional frente a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.

Siete borrascas y una señal de alarma estructural

“Siete borrascas en lo que llevamos de año”. La frase se ha repetido como un mantra en las comparecencias oficiales de las últimas semanas. No es solo una cifra: es un síntoma. Un indicador de que el clima de España ha entrado en una fase distinta, más volátil, más impredecible y, sobre todo, más peligrosa.

Las borrascas no solo han traído lluvias intensas, sino también vientos huracanados, crecidas de ríos, desbordamientos de embalses y cortes en carreteras y vías ferroviarias. Comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón han sufrido impactos directos, con miles de hectáreas agrícolas dañadas y decenas de municipios en situación de emergencia.

El patrón se repite: lluvias concentradas en poco tiempo, suelos incapaces de absorber el agua, sistemas de drenaje colapsados y una gestión de emergencias que, aunque ha mejorado en las últimas décadas, sigue mostrando carencias estructurales.

El mensaje político: unidad en diagnóstico y respuesta

En este contexto, Sánchez ha sido claro: no basta con reaccionar cuando llega la catástrofe. Hay que anticiparse. Y para eso, afirma, se necesita algo más que decretos puntuales o ayudas de emergencia. Se necesita un consenso nacional.

“Creo que la ciudadanía nos exige estar unidos en la respuesta, pero también en el diagnóstico y en la anticipación”, afirmó el presidente. Una frase clave, porque introduce un elemento político de fondo: la crisis climática no es solo un problema técnico o meteorológico, es un desafío de gobernanza.

Sánchez propone un “gran acuerdo de país” que implique:

Al Gobierno central.

A las comunidades autónomas.

A los ayuntamientos.

A los sectores productivos.

A la comunidad científica.

Y a la sociedad civil.

La idea es construir una estrategia climática de largo plazo, que no dependa de mayorías parlamentarias cambiantes ni de ciclos electorales, sino que se convierta en una política de Estado.

Más allá de la emergencia: reconstrucción y prevención

Uno de los puntos más relevantes del discurso presidencial ha sido la insistencia en que la reconstrucción no puede limitarse a devolver las cosas a como estaban antes. Reconstruir, según Sánchez, debe significar adaptar.

“No se trata solo de reparar daños, sino de hacerlo de manera que estemos mejor preparados para lo que viene”, señalan fuentes del Ejecutivo.

Esto implica revisar:

La planificación urbana en zonas inundables.

Los sistemas de drenaje en ciudades.

La protección de cuencas fluviales.

La gestión forestal.

Y las infraestructuras críticas (carreteras, puentes, presas, redes eléctricas).

La experiencia de otras crisis recientes, como la DANA de 2019, el temporal Filomena en 2021 o los incendios forestales de los últimos veranos, ha demostrado que el coste de no anticiparse siempre es mayor que el de invertir en prevención.

Los agricultores en el centro de la tormenta

Uno de los colectivos más afectados por esta sucesión de borrascas es el sector agrícola. Pequeños agricultores, comunidades de regantes y explotaciones familiares se han visto golpeados por pérdidas de cosechas, erosión de suelos y daños en infraestructuras de riego.

Sánchez ha prometido ayudas directas, rápidas y efectivas, insistiendo en que la Administración General del Estado no solo aportará recursos económicos, sino también agilidad burocrática.

“No solamente con la ayuda, sino con la prontitud en la recepción de esas ayudas”, subrayó, consciente de que uno de los grandes problemas históricos de las políticas de emergencia es la lentitud administrativa.

En muchas zonas rurales, especialmente en el sureste peninsular, la agricultura no es solo una actividad económica: es el principal sostén social. Cuando falla, se acelera la despoblación, se rompen equilibrios territoriales y se agravan desigualdades ya existentes.

El factor psicológico: la percepción de vulnerabilidad

Más allá de los daños materiales, hay un elemento menos visible pero igual de importante: el impacto psicológico colectivo. La repetición constante de fenómenos extremos genera una sensación de inseguridad permanente.

La ciudadanía empieza a interiorizar que:

Las inundaciones ya no son excepcionales.

Las olas de calor son más largas.

Los incendios son más agresivos.

Las sequías se alternan con lluvias torrenciales.

Este cambio de percepción tiene efectos políticos profundos. La población exige respuestas más rápidas, más coordinadas y más eficaces. La tolerancia al error institucional disminuye. Y la confianza en las administraciones se vuelve más frágil.

En este sentido, el “gran acuerdo de país” que propone Sánchez no es solo una fórmula técnica, sino también una estrategia de legitimidad política: demostrar que el sistema es capaz de proteger a la población en un entorno cada vez más hostil.

Cambio climático: de debate ideológico a realidad material

Durante años, el cambio climático ha sido objeto de debates ideológicos, negacionismos parciales y discursos abstractos. Hoy, sin embargo, se ha convertido en una experiencia cotidiana.

Ya no se habla solo de grados centígrados o partes por millón de CO₂. Se habla de casas inundadas, carreteras cortadas, cosechas perdidas y pueblos aislados.

La diferencia es fundamental: cuando el problema se vuelve tangible, deja de ser teórico. Y cuando deja de ser teórico, se convierte en una urgencia política real.

España, por su posición geográfica, es uno de los países europeos más expuestos al impacto del cambio climático: frontera entre zonas húmedas y áridas, con una fuerte dependencia del agua y una gran concentración de población en áreas costeras.

La coordinación institucional como punto débil histórico

Uno de los grandes retos estructurales sigue siendo la coordinación entre administraciones. Las competencias están repartidas entre:

Estado.

Comunidades autónomas.

Diputaciones.

Ayuntamientos.

En situaciones normales, esta descentralización permite una gestión más cercana. Pero en emergencias climáticas, puede convertirse en un laberinto de responsabilidades difusas, retrasos y conflictos políticos.

El mensaje de Sánchez apunta directamente a este problema: sin un marco común, cada administración actúa según su propio criterio, lo que genera desigualdades territoriales y respuestas fragmentadas.

El “acuerdo de país” busca precisamente crear protocolos compartidos, bases de datos unificadas, sistemas de alerta coordinados y fondos de emergencia de acceso automático.

¿Un consenso real o una consigna política?

La gran pregunta es si este llamamiento a la unidad se traducirá en hechos o quedará en el plano simbólico.

Históricamente, los grandes pactos de Estado en España han tenido resultados desiguales. La polarización política, la competencia electoral y la lógica partidista dificultan acuerdos transversales sostenidos en el tiempo.

Sin embargo, el contexto climático introduce un factor nuevo: el problema no se puede posponer. No admite aplazamientos. No espera a la próxima legislatura.

Cada nueva borrasca, cada incendio, cada sequía, refuerza la sensación de que el margen de maniobra se reduce.

Una nueva forma de gobernar el territorio

En el fondo, lo que plantea Sánchez es un cambio de paradigma: pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, de una política de emergencia a una política de resiliencia.

Esto implica:

Pensar el territorio en función del riesgo.

Rediseñar ciudades para resistir fenómenos extremos.

Proteger infraestructuras críticas.

Invertir en ciencia climática.

Educar a la población en cultura de prevención.

No es una tarea de un gobierno, ni de una legislatura. Es una transformación estructural del modelo de país.

España ante su propio espejo climático

Las siete borrascas no son una anomalía puntual. Son un espejo. Reflejan una España más expuesta, más vulnerable y más consciente de sus límites.

El discurso de Sánchez, más allá de su dimensión política, marca un punto de inflexión simbólico: el reconocimiento explícito de que la crisis climática ya no es futura, es presente.

Y que la pregunta ya no es si ocurrirá, sino cómo se gestionará.

Con improvisación o con planificación.
Con enfrentamiento político o con consenso.
Con parches temporales o con reformas estructurales.

Ese es el verdadero significado del “gran acuerdo de país”: no un eslogan, sino una prueba de madurez institucional ante el mayor desafío colectivo del siglo XXI.