Ayuso creía tenerlo todo bajo control… hasta hoy. Durante meses, desafió a la prensa, defendió a su amante y negó cualquier atisbo de escándalo. Pero el tiempo se agotaba. El juzgado de Madrid confirmó la acusación contra González Amador, y la noticia cayó como un rayo en la sede del gobierno regional. Minutos después de confirmarse la acusación contra su novio, se vio a Ayuso salir de su despacho, con el rostro desencajado. Tras ella, susurros, teléfonos sonando, miradas tensas. La noticia del fraude fiscal de González Amador no fue solo un shock personal… fue un terremoto político. Internamente, se hablaba de una “crisis total”, se hacían llamadas urgentes a Moncloa y los asesores se quedaban sin palabras. Se cerraban puertas, se daban órdenes a la ligera y se produjo una salida precipitada. ¿Era una huida o un ajuste de cuentas? Nadie lo sabía. Pero el poder, una vez más, demuestra que puede volverse contra su amo en un instante. ¿Qué hará Ayuso ahora… ahora que el escándalo ha estallado?

AYUSO ENTRA EN SHOCK “ALBERTO GONZÁLEZ AMADOR PROCESADO JUICIO FRAUDE FISCAL” AYUSO SALE CORRIENDO.

 

 

 

 

 

 

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza los recursos de la defensa y confirma que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, será juzgado por fraude fiscal y falsedad documental, con una petición de pena de hasta 3 años y 9 meses.

 

 

 

El tribunal de apelación de la capital española ha dictado una decisión que marca un antes y un después en un caso de gran repercusión mediática: la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental.

 

 

Con ello, el empresario queda abocado a juicio oral al descartarse las últimas vías de recurso planteadas por su defensa.

 

 

 

El origen del proceso se remonta a una investigación realizada por la Agencia Tributaria que concluyó que González Amador habría defraudado 350.910 euros correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021 mediante la utilización de 15 facturas falsas, vinculadas a una consultora de su propiedad.

 

 

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid asumió el caso y dictó el procesamiento en mayo, de acuerdo con el expediente.

 

 

Este viernes, la Sala ha resuelto dos autos que eran clave: por un lado, rechaza el recurso de apelación presentado por la defensa de González Amador contra el auto de procesamiento y, por otro lado, ratifica la decisión de dar por finalizada la instrucción de la pieza principal del caso y abrir juicio oral.

 

 

La consecuencia inmediata de este auto es que no queda una vía ordinaria más para suspender el enjuiciamiento y se allana el camino hacia la vista oral.

 

 

Rechazo de la defensa y argumentos de la Sala.

 

 

La defensa había alegado que la fase de instrucción del procedimiento se había desarrollado “sin permitir la práctica de ninguna de las diligencias de investigación interesadas en tiempo y forma”, lo que, a su juicio, vulneraría los derechos fundamentales de defensa y tutela judicial efectiva reconocidos en el artículo 24 de la Constitución.

 

 

 

Sin embargo, los magistrados consideraron que esas peticiones de la defensa —como la ratificación pericial de un informe tributario o la declaración de testigos— se habían presentado de forma “extemporánea” y que no resultaban “estrictamente necesarias ni útiles para esclarecer los hechos objeto de investigación”.

 

 

De esta forma, la Sala avaló la decisión de la instructora de no practicarlas y ratificó que existen indicios racionales de criminalidad suficientes para llevar a juicio a González Amador.

 

 

Delitos por los que será juzgado.

 

 

Según el auto de procesamiento y la decisión confirmada por la Audiencia, los delitos concretos que se atribuyen a González Amador son:

 

 

Dos delitos de fraude fiscal (uno por cada ejercicio fiscal investigado), en concurso medial.

 

 

Un delito de falsedad en documento mercantil (o falsedad documental) asociado a la utilización de facturas falsas para justificar gastos inexistentes.

 

 

La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan para él una pena de 3 años y 9 meses de prisión, conforme al escrito de acusación en la causa principal.

 

 

Adicionalmente, hay piezas separadas que investigan al empresario por delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, lo que podría agravar su situación en caso de condena.

 

La confirmación del procesamiento de González Amador tiene una dimensión que trasciende el ámbito estrictamente judicial.

 

 

Su condición de pareja de la presidenta regional transforma el caso en un asunto de alto impacto político.

 

 

La defensa de Ayuso y los portavozes de su entorno denunciaron desde el inicio una “cacería política” en su contra e insistían en que los hechos investigados no afectaban a la gestión autonómica.

 

 

Por su parte, la oposición ha aprovechado la decisión de la Audiencia para exigir explicaciones sobre los vínculos que podrían existir entre la presidente madrileña, su entorno y las actividades investigadas.

 

 

En ese sentido, el procesamiento genera un escenario de tensión institucional al poner de manifiesto la necesidad de separación entre la esfera privada del acusado y la función pública de su pareja.

 

 

El siguiente paso formal será que el juzgado instructor dicte el auto de apertura de juicio oral, actuación que no admite recurso.

 

 

Con ello, se fijarán las fechas para la vista oral, momento en el cual González Amador y los otros cuatro procesados (Maximiliano Niederer; David Herrera Lobato; José Antonio y Agustín Carrillo Saborido) deberán afrontar su defensa ante el tribunal competente.

 

 

Durante el juicio, se evaluarán los informes de la Agencia Tributaria, las pruebas contables y documentales, así como los posibles testimonios que puedan aportar tanto la acusación como la defensa.

 

 

 

Si resultase condenado, el hecho de tener otras causas abiertas incrementará la dificultad de obtener una suspensión de la pena.

 

 

La normativa penal permite eximir de prisión cuando se trata de primera condena leve y sin antecedentes, pero esa disposición se debilita con múltiples procesos pendientes.

 

 

La confirmación del procesamiento de Alberto González Amador por la Audiencia Provincial de Madrid constituye un hito en un caso que combina fraude fiscal, falsedad documental y gran relevancia política.

 

 

Con los recursos agotados, el acusado se encamina hacia el banquillo y afronta un juicio que podría culminar en la primera condena relevante de esta dimensión en el contexto de la Comunidad de Madrid.

 

 

La decisión abre un escenario de incertidumbre jurídica y política, del que dependerán las próximas semanas y meses tanto la reputación de la pareja de Ayuso como la estabilidad del entorno autonómico.

 

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