Jordi Évole da una de las respuestas más sonadas a las palabras de Ayuso sobre Julio Iglesias: necesita solo dos frases.

 

 

Tras las denuncias por agresiones sexuales al artista.

 

 

 

 

Hay frases que, por breves que sean, condensan una época, un clima social y una forma de entender el poder.

 

A veces no hacen falta grandes discursos ni largos editoriales: basta una línea, lanzada en el momento exacto, para que todo quede retratado.

 

Eso es exactamente lo que ocurrió con la respuesta de Jordi Évole al mensaje de Isabel Díaz Ayuso sobre Julio Iglesias.

 

Cuatro palabras, un imperativo simple —“Guarden este tuit”— y una dedicatoria clara al periodismo que ha destapado uno de los asuntos más delicados y controvertidos del momento.

 

La polémica estalló tras conocerse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación a raíz de una denuncia contra Julio Iglesias, después de que dos antiguas trabajadoras de su servicio doméstico le acusaran de agresiones sexuales ocurridas presuntamente en 2021 en sus mansiones del Caribe.

 

La información, publicada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, es el resultado de una investigación de largo recorrido, sostenida durante años, con testimonios directos, contrastes documentales y un enorme cuidado legal y periodístico.

 

 

En ese contexto, la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid no tardó en llegar. Isabel Díaz Ayuso utilizó su cuenta de X para lanzar un mensaje que, lejos de apaciguar el debate, lo incendió aún más.

 

“Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda.

 

La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”, escribió.

 

 

No era solo una defensa explícita del artista antes incluso de que se conociera el alcance judicial del caso.

 

Era también una comparación que muchos consideraron ofensiva y una deslegitimación implícita de las denuncias presentadas.

 

Como si el sufrimiento tuviera jerarquías geopolíticas. Como si las violencias solo merecieran atención dependiendo del país en el que ocurren.

 

Como si señalar abusos cometidos por una figura poderosa en un contexto occidental fuera una maniobra ideológica y no una obligación democrática.

 

Fue ahí donde Jordi Évole intervino. El periodista, uno de los rostros más reconocibles y premiados del panorama mediático español, con tres Premios Ondas, el Premio Ciudad de Barcelona y el Premio Manuel Vázquez Montalbán, optó por una respuesta mínima, pero devastadora en su precisión.

 

“Guarden este tuit. Gracias al equipo de @eldiarioes”. Sin adjetivos. Sin insultos. Sin alzar la voz.

 

En apenas dos horas, el mensaje superó los 2.000 ‘me gusta’ y se convirtió en uno de los comentarios más compartidos del debate.

 

 

 

La fuerza de la respuesta no estaba solo en lo que decía, sino en lo que sugería. Guardar el tuit implicaba memoria.

 

Implicaba responsabilidad. Implicaba entender que las palabras de una presidenta autonómica no se evaporan, que quedan registradas y que, con el tiempo, pueden volverse incómodas.

 

Y el agradecimiento al equipo periodístico no era casual: era un respaldo explícito al trabajo de investigación frente a los intentos de desacreditación política.

 

 

Mientras el ruido crecía en redes y platós, la Fiscalía confirmaba oficialmente que la denuncia fue presentada el pasado 5 de enero y que se habían incoado diligencias de investigación penal preprocesales.

 

Un matiz importante: el Ministerio Público subrayó que estas diligencias tienen carácter reservado y que no se ofrecerán más detalles por el momento “en aras a la protección prioritaria de las presuntas víctimas”.

 

Una frase que marca una diferencia fundamental entre el enfoque judicial y el debate político: la protección frente al espectáculo.

 

 

La clave jurídica del caso reside en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un artículo poco conocido por el gran público, pero esencial en este tipo de situaciones.

 

Según este precepto, los tribunales españoles pueden conocer de delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando concurren varias circunstancias: que los presuntos responsables sean españoles, que el hecho sea punible en el lugar donde se produjo, que el acusado no haya sido absuelto o indultado en el extranjero —o que no haya cumplido condena si fue penado— y que exista querella por parte del agraviado o de la Fiscalía.

 

 

Es decir, no se trata de una ocurrencia ni de una extralimitación. Es una vía legal perfectamente contemplada en el ordenamiento jurídico español.

 

Y eso desmonta uno de los argumentos más repetidos en las últimas horas: que los hechos, al haber ocurrido en el Caribe, no tienen recorrido en España. La ley dice lo contrario.

 

 

Las denunciantes, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, relatan un patrón de comportamientos que va mucho más allá de un episodio aislado.

 

Hablan de tocamientos no consentidos, insultos, humillaciones y un clima de control constante durante su jornada laboral.

 

Un ambiente que describen como opresivo, marcado por la asimetría de poder y la vulnerabilidad económica.

 

 

Una de ellas va aún más lejos en su testimonio. Asegura haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista.

 

Habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Hechos extremadamente graves que, de confirmarse, encajarían en delitos de especial severidad.

 

Según las entrevistas publicadas, estos episodios ocurrieron en 2021, cuando la más joven de las trabajadoras tenía solo 22 años.

 

 

En este escenario, la reacción institucional cobra un peso simbólico enorme. No se le exige a un cargo público que actúe como juez, pero sí que mantenga una mínima prudencia, un respeto por los procesos y, sobre todo, una empatía básica hacia quienes denuncian.

 

Por eso el mensaje de Ayuso generó tanta indignación: porque pareció alinearse de forma inmediata con el presunto agresor y desplazar el foco hacia una guerra cultural.

 

 

La intervención de Jordi Évole funcionó como un espejo. No añadió información nueva, pero puso el acento donde dolía: en la importancia de recordar quién dijo qué y cuándo.

 

En un país con una memoria frágil y un ciclo mediático acelerado, pedir que se “guarde” un tuit es casi un acto político.

 

 

Este episodio también reabre un debate más amplio sobre la relación entre poder, fama e impunidad. Julio Iglesias no es solo un cantante.

 

Es un icono global, una figura mitificada durante décadas, asociada al éxito, al carisma y a una masculinidad celebrada sin demasiadas preguntas.

 

Cuando un símbolo así se ve cuestionado, las resistencias son enormes. No solo por lealtad personal, sino porque aceptar la posibilidad del abuso implica revisar relatos colectivos muy arraigados.

 

 

El papel del periodismo, en este contexto, se vuelve central. No para condenar, sino para investigar.

 

No para sentenciar, sino para sacar a la luz aquello que, de otro modo, permanecería oculto.

 

El respaldo público de figuras como Évole al trabajo de elDiario.es y Univisión no es corporativismo: es una defensa del oficio frente a la presión política y mediática.

 

También hay una cuestión generacional y social de fondo. Durante años, muchas trabajadoras del servicio doméstico han vivido en una invisibilidad casi total.

 

Su precariedad, su dependencia económica y su falta de redes de apoyo han sido el caldo de cultivo perfecto para abusos que rara vez salían a la luz.

 

Que hoy puedan denunciar, que sus testimonios sean escuchados y que la Fiscalía actúe, no es casualidad. Es el resultado de cambios culturales impulsados, en gran medida, por el movimiento feminista.

 

 

Por eso resulta especialmente hiriente que se intente enfrentar unas violencias con otras, como hizo Ayuso al mencionar a Irán.

 

Nadie niega la brutal represión que sufren las mujeres en determinados países.

 

Pero utilizar ese horror para minimizar denuncias concretas en España o protagonizadas por ciudadanas españolas no es solidaridad internacional: es una forma de desviar el foco.

 

 

La frase de Évole, tan breve como certera, conecta con esa idea. Guardar el tuit no es solo recordar lo que dijo una presidenta.

 

Es recordar cómo reaccionó el poder ante unas denuncias. Es preguntarse, dentro de unos meses o unos años, si esas palabras envejecieron bien o mal.

 

Y es, sobre todo, una invitación a no pasar página demasiado rápido.

 

 

Porque más allá de nombres propios, de ideologías y de trincheras, hay una pregunta incómoda que atraviesa todo este caso: ¿qué hacemos como sociedad cuando alguien señala al intocable? ¿Protegemos el mito o escuchamos a quien rompe el silencio? La respuesta a esa pregunta define mucho más que un debate coyuntural. Define el tipo de país que queremos ser.

 

 

En ese sentido, el caso Julio Iglesias, la reacción de Isabel Díaz Ayuso y la respuesta de Jordi Évole forman parte de una misma fotografía.

 

Una imagen en la que se cruzan justicia, política, periodismo y memoria. Y en la que cada palabra cuenta.

 

Por eso conviene, como dijo Évole, guardar ese tuit. Porque el tiempo, casi siempre, termina poniendo a cada uno en su lugar

 

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