Benjamín Prado traduce lo que ha hecho Feijóo ante la juez de la DANA: “Dicho en plata”.

 

 

 

El novelista ha sido tajante tras las declaraciones del popular ante la justicia evidenciando que mintió.

 

 

 

 

 

La declaración de Alberto Núñez Feijóo ante la jueza que investiga la gestión de la DANA que arrasó Valencia el 29 de octubre de 2024 no ha sido una comparecencia más.

 

Ha sido, para muchos, un punto de inflexión. Un momento en el que el relato político construido durante un año desde la dirección del Partido Popular ha empezado a resquebrajarse delante de un juzgado, sin micrófonos amistosos ni control del mensaje.

 

Y cuando eso ocurre, el impacto va mucho más allá de lo judicial: alcanza a la credibilidad, a la ética y a la memoria de una tragedia con más de doscientas víctimas mortales.

 

La comparecencia se produjo este viernes por videoconferencia ante la jueza de Catarroja.

 

Feijóo, líder del PP, acudía como testigo en una causa que investiga cómo se gestionó una de las mayores catástrofes naturales de los últimos años en la Comunidad Valenciana.

 

Lo que allí dijo —y, sobre todo, lo que reconoció— ha generado un terremoto político interno y una oleada de reacciones públicas que no se han hecho esperar.

 

 

Por primera vez, Feijóo admitió que el día clave, el 29 de octubre de 2024, no estuvo informado “en tiempo real” por el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

 

Una afirmación que contradice directamente el discurso que él mismo había sostenido durante meses, cuando aseguraba que había estado al tanto de la situación conforme se desarrollaban los acontecimientos.

 

Esa confesión, hecha ante una jueza y no en una entrevista, cambia por completo el marco del debate.

 

 

El líder popular intentó matizar sus palabras calificando aquella afirmación previa como un “error”.

 

Aseguró que cuando habló de información en tiempo real no se refería al lunes 28, sino al martes 29 y al miércoles 30 de octubre.

 

Sin embargo, esa explicación no disipa la contradicción de fondo: el día de la tragedia, cuando la DANA golpeaba con más fuerza y se producían la mayoría de las muertes, Feijóo reconoce que no recibió información directa de Mazón. Y, más aún, admite que tampoco la pidió.

 

 

“Ni la recibo, ni la pido”, llegó a declarar ante la jueza. Una frase breve, pero demoledora, porque desmonta el relato de diligencia y coordinación que el PP había defendido durante un año.

 

No es solo una cuestión de tiempos o de llamadas: es la constatación de que el principal líder de la oposición no consideró prioritario interesarse por una emergencia que estaba costando vidas.

 

 

Durante la declaración, Feijóo trató de situar parte de la responsabilidad fuera de su alcance.

 

Explicó que ese día nadie le informó en el Congreso de los Diputados de la gravedad de lo que estaba ocurriendo en Valencia, y que por tanto no tuvo alertas suficientes para activar contactos inmediatos.

 

Añadió que fue ya entrada la noche del día 29 cuando tomó conciencia real de la magnitud de la tragedia y decidió llamar tanto a Mazón como a otros presidentes autonómicos, como Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha y Juanma Moreno Bonilla en Andalucía.

 

 

Pero la comparecencia no terminó ahí. Ante las preguntas de la magistrada, Feijóo se vio obligado a reconocer fallos claros en el propio Gobierno valenciano. Admitió que nadie del Ejecutivo de Mazón le informó aquella tarde de cómo se estaba gestionando la emergencia.

 

Reconoció también que desconocía incluso la existencia del Cecopi, el Centro de Coordinación Operativa Integrada, órgano clave en la gestión de emergencias de este tipo.

 

 

Ese reconocimiento ha sorprendido incluso a sectores moderados del PP. El Cecopi no es un elemento menor ni técnico: es el corazón de la respuesta institucional ante una catástrofe.

 

Que el líder nacional del partido que gobernaba la comunidad afectada diga ante una jueza que no sabía que existía plantea preguntas incómodas sobre el nivel de preparación, interés y control político en uno de los momentos más críticos del año.

 

 

Feijóo también aseguró que no sabía dónde se encontraba Carlos Mazón durante la jornada de la DANA y que nunca se lo preguntó.

 

Negó igualmente tener conocimiento de la polémica comida en el restaurante El Ventorro entre el expresidente valenciano y la periodista Maribel Vilaplana en plena crisis.

 

“Yo no sé con quién comen las personas de mi partido”, afirmó, intentando marcar distancia personal y política.

 

 

En la misma línea, negó cualquier contacto con la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, actualmente imputada en la causa.

 

Dijo no tener su número de WhatsApp ni el de ningún consejero autonómico, y aseguró que su interlocución se limitaba al presidente de la comunidad.

 

Una afirmación que, aunque pueda ser formalmente cierta, vuelve a evidenciar una cadena de comunicación extremadamente frágil en un contexto de emergencia.

 

Las reacciones no tardaron en llegar. Una de las más contundentes fue la del escritor y novelista Benjamín Prado, que utilizó su cuenta en X para expresar su indignación.

 

Sin rodeos, escribió: “Dicho en plata: Feijóo confirma ante la jueza de la DANA que es un mentiroso”. Un mensaje directo, duro, que ha sido ampliamente compartido y comentado.

 

 

Prado fue más allá al señalar que los más de doscientos muertos de la tragedia no pesaron tanto como la oportunidad de “sacar tajada política del drama”.

 

Una acusación grave, pero que conecta con el malestar de muchas víctimas y familiares, que durante meses han sentido que su dolor era utilizado como arma arrojadiza en el debate político, sin que se asumieran responsabilidades claras.

 

 

 

Lo ocurrido este viernes no es solo un problema para Feijóo como persona o como dirigente.

 

Tiene implicaciones profundas para el Partido Popular como organización.

 

Durante un año, desde Génova se construyó un relato que defendía la actuación de Mazón y presentaba a Feijóo como un líder informado, atento y comprometido. Ese relato, pieza a pieza, se está desmontando ahora en sede judicial.

 

El contraste entre las declaraciones públicas del pasado y las palabras pronunciadas ante una jueza genera una brecha de credibilidad difícil de cerrar.

 

Porque no se trata de un matiz menor o de una frase sacada de contexto, sino de una cuestión central: si se sabía o no lo que estaba ocurriendo mientras Valencia se inundaba y morían cientos de personas.

 

Más allá de las consecuencias legales, que deberán dirimirse en los tribunales, hay una dimensión moral que pesa con fuerza.

 

 

¿Qué espera la ciudadanía de sus líderes en una catástrofe de esta magnitud? ¿Información, coordinación, empatía? ¿O silencio, distancia y correcciones a posteriori? Estas preguntas no son retóricas para quienes perdieron a un familiar, su casa o su modo de vida aquella semana.

 

 

La DANA de octubre de 2024 no fue solo un fenómeno meteorológico extremo. Fue una prueba de estrés para las instituciones, para los sistemas de emergencia y para la política.

 

Y un año después, con declaraciones como la de Feijóo, se hace evidente que esa prueba no se superó con la transparencia ni la responsabilidad que la sociedad exige.

 

El debate que se abre ahora va más allá de un nombre propio. Interpela a toda una forma de hacer política, basada en la construcción de relatos que funcionan mientras no se contrastan bajo juramento.

 

Y recuerda algo esencial: que en democracia, tarde o temprano, las palabras dichas en un plató acaban enfrentándose a los hechos ante una jueza.

 

 

Para las víctimas de la DANA y sus familias, este proceso judicial es también una forma de reparación.

 

No solo buscan condenas o imputaciones, sino verdad. Saber quién sabía qué, cuándo y qué decisiones se tomaron —o no se tomaron— en las horas cruciales. Cada contradicción, cada “error” reconocido, es una pieza más de ese puzzle doloroso.

 

 

La comparecencia de Feijóo ha reabierto heridas que nunca llegaron a cerrarse del todo.

 

Y ha recordado que la gestión de una tragedia no se mide solo por lo que se hace en el momento, sino por la honestidad con la que se rinden cuentas después. En ese terreno, el líder del PP sale de este episodio claramente tocado.

 

 

El tiempo dirá qué consecuencias políticas tiene todo esto. Pero hay algo que ya no cambiará: el registro judicial de sus palabras.

 

Un registro que, para muchos, confirma que durante un año se sostuvo un relato que hoy se revela insostenible.

 

Y que deja una pregunta flotando en el aire, incómoda pero necesaria: ¿cuántas veces más la política va a anteponer la estrategia al respeto debido a las víctimas?