Ernesto Ekaizer se adelanta a la táctica que el novio de Ayuso podría emplear en su juicio: “No descartes que se resucite…”.

 

 

El Juzgado de Instrucción número 19 ha dado diez días a los abogados De González Amador y el resto de acusados para defender a sus clientes.

 

 

 

Jesús Cintora y Ernesto Ekaizer en ‘Malas Lenguas’.

 

Durante meses, el caso ha avanzado a paso de tortuga, casi en silencio, como si alguien hubiese bajado el volumen de una historia incómoda.

 

Un procedimiento judicial que, pese a su enorme relevancia política y mediática, parecía atrapado en una especie de limbo administrativo.

 

Hasta ahora. Porque tras ese prolongado bloqueo, una decisión judicial ha vuelto a encender todas las alarmas y ha devuelto el foco a uno de los asuntos más sensibles que rodean a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

 

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha dado un plazo de diez días a la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y al resto de implicados en la causa por fraude fiscal y falsedad documental, para que presenten sus escritos de defensa frente a las acusaciones.

 

Un movimiento que llega tarde, muy tarde, según han denunciado las acusaciones y varios analistas jurídicos, pero que marca un antes y un después en una causa que llevaba meses atascada.

 

La noticia no surge de la nada. Llega después de una presión creciente por parte de las acusaciones, que pidieron expresamente al juez que urgiera a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, para que finalizara su informe sobre las actividades económicas del empresario.

 

Un informe clave para entender el alcance real de los hechos investigados y el posible entramado de sociedades, facturas y operaciones que sostienen la acusación.

 

Desde el programa Malas Lenguas, el periodista Ernesto Ekaizer puso palabras a lo que muchos llevaban tiempo pensando.

 

Con un tono grave y sin rodeos, recordó que él y otros compañeros habían denunciado “en varias ocasiones” que la causa estaba completamente paralizada.

 

No por falta de pruebas, no por ausencia de acusaciones, sino por una inacción judicial difícil de justificar.

 

La causa, que investiga dos presuntos delitos fiscales y posibles delitos de corrupción en los negocios, llevaba meses sin un paso procesal fundamental: el traslado del auto de apertura de juicio oral a las partes.

 

Un trámite imprescindible para que las defensas puedan contestar formalmente a las acusaciones del Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y las acusaciones populares.

 

Según explicó Ekaizer, el nuevo titular del juzgado, el juez Antonio Viejo, no había dado ese traslado durante cuatro meses.

 

Cuatro meses de silencio procesal. Cuatro meses en los que el procedimiento permaneció congelado, pese a que, según la ley, ese trámite debía haberse realizado el pasado 22 de septiembre.

 

“Es un escándalo”, afirmó el periodista sin matices. Y no es una exageración. En cualquier causa ordinaria, un retraso de esta magnitud ya sería llamativo.

 

Pero cuando el principal investigado es la pareja de una de las figuras políticas más poderosas del país, el retraso adquiere una dimensión mucho más inquietante.

 

Finalmente, cuatro meses después de lo que marca la ley, el juzgado ha dado traslado a las partes. Diez días para contestar a las acusaciones.

 

Diez días que reactivan una maquinaria judicial que parecía bloqueada y que colocan de nuevo a Alberto González Amador en el centro del foco.

 

Ahora, una vez que las defensas presenten sus escritos, la causa quedará lista para ser elevada al decanato de los Juzgados de lo Penal de Madrid.

 

Será entonces cuando se designe al juez que celebrará el juicio y, solo en ese momento, se conocerá la fecha en la que el empresario tendrá que sentarse en el banquillo. Todavía no hay calendario, pero el reloj judicial ha vuelto a ponerse en marcha.

 

Mientras tanto, el silencio político ha sido atronador. Isabel Díaz Ayuso ha participado en varios actos públicos durante este tiempo, pero ha evitado pronunciarse sobre el avance del caso.

 

Ni una declaración, ni una aclaración, ni una valoración. Una ausencia de explicaciones que contrasta con la gravedad de las acusaciones que pesan sobre su pareja.

 

La pregunta que muchos se hacen es inevitable: ¿tiene motivos Alberto González Amador para estar preocupado? Desde el plató, Jesús Cintora se la lanzó directamente a Ekaizer. La respuesta fue tan clara como incómoda.

 

Lo que está ocurriendo ahora, explicó el periodista, no es un acoso ni un ultimátum, sino algo mucho más básico y, paradójicamente, más demoledor: el cumplimiento estricto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

Después de cuatro meses de una especie de impunidad procesal, ahora toca defenderse. Ni más ni menos. La justicia, al menos en este punto, vuelve a funcionar como debería haber funcionado desde el principio.

 

Pero el caso guarda más aristas. Ekaizer desveló un elemento que añade tensión al procedimiento y que podría marcar su desenlace.

 

Tres de los acusados, conocidos en el sumario como aquellos que se definían a sí mismos como “tiesos”, habrían manifestado su intención de llegar a un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.

 

 

 

Estos tres acusados serían quienes proporcionaron a González Amador las facturas y las sociedades presuntamente instrumentales, las llamadas “empresas fantasma”, utilizadas para inflar gastos y reducir de forma fraudulenta la carga fiscal. Según la información manejada por el periodista, su abogado ya estaría negociando con la Fiscalía.

 

El escenario que se baraja es revelador. Uno de ellos asumiría una multa, mientras que para los otros dos se archivaría la causa.

 

Un pacto que, de materializarse, podría tener consecuencias importantes para el conjunto del procedimiento, especialmente en lo que respecta al papel de González Amador como beneficiario último del entramado.

 

Nada está cerrado, insiste Ekaizer. No se sabe cuándo se elevará formalmente la causa ni si estas negociaciones llegarán a buen puerto.

 

Pero el simple hecho de que existan conversaciones con la Fiscalía revela que el riesgo judicial es real y que algunos implicados prefieren minimizar daños antes que enfrentarse a un juicio completo.

 

En este punto, el periodista lanzó una advertencia que no pasó desapercibida. No hay que dar nada por hecho.

 

No se puede descartar que, con el paso del tiempo, se intente resucitar un pacto de conformidad más amplio, similar al que en su día acabó con la carrera del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Un recuerdo incómodo que planea sobre el caso como un fantasma.

 

Todo esto ocurre en un contexto político extremadamente delicado. La Comunidad de Madrid es uno de los epicentros del debate sobre la gestión de lo público, la relación con grandes empresas privadas y el uso del dinero de todos.

 

Que la pareja de su presidenta esté imputada por fraude fiscal y falsedad documental no es un detalle menor, por mucho que algunos intenten restarle importancia.

 

La lentitud inicial del proceso ha alimentado sospechas, dudas y una sensación de desigualdad ante la ley. ¿Habría estado cuatro meses paralizada esta causa si el investigado no tuviera vínculos tan directos con el poder político? Es una pregunta que muchos ciudadanos se hacen, aunque pocos se atrevan a formular en voz alta.

 

Ahora, con el procedimiento reactivado, el foco vuelve a situarse donde nunca debió desaparecer: en los hechos, en las pruebas y en la responsabilidad penal de los implicados. Ya no hay excusas, ya no hay tiempos muertos. Hay un plazo, hay unas acusaciones y hay una obligación legal de responder.

 

 

El desenlace aún es incierto. Puede haber pactos, puede haber juicio, puede haber giros inesperados. Pero lo que resulta evidente es que el caso ha salido del congelador judicial y ha entrado en una fase decisiva. Y en política, como en la justicia, el tiempo no siempre juega a favor del silencio.

 

 

Porque cada día que pasa sin explicaciones públicas, cada acto institucional sin una sola respuesta, alimenta una desconfianza que va más allá de un nombre propio. Afecta a la credibilidad de las instituciones, a la percepción de la justicia y a la idea misma de igualdad ante la ley.

 

 

El plazo de diez días no es solo un trámite procesal. Es un punto de inflexión. Un recordatorio de que, incluso tras meses de bloqueo, la verdad judicial termina llamando a la puerta. Y cuando lo hace, ya no basta con mirar hacia otro lado.