El caso que salpica a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha entrado en una fase decisiva tras la acusación formal de la Fiscalía por fraude fiscal y falsedad documental. Lejos de tratarse de simples sospechas, la investigación judicial ha confirmado diez hechos probados que revelan una presunta trama de sociedades instrumentales, facturas falsas y maniobras de evasión tributaria. Mientras el entorno de Ayuso habla de “persecución política”, los documentos del sumario apuntan en otra dirección.Sin embargo, la pregunta clave es inevitable: ¿puede esta trama comprometer políticamente a la presidenta madrileña?(NQ)