Tensión por la DANA: PILAR BERNABÉ desmonta los bulos de la derecha y descoloca al PP.
Hay momentos en la política española que no se olvidan porque condensan, en apenas unas horas, años de tensiones, silencios incómodos, reproches soterrados y verdades que pugnan por abrirse paso.
Uno de esos momentos se vivió en la comisión de investigación sobre la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana, cuando la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, decidió dejar de esquivar golpes y respondió, uno a uno, a todos los ataques, acusaciones y medias verdades que durante meses habían circulado en el debate público.
Lo que ocurrió allí no fue un simple intercambio parlamentario: fue una escena cargada de emoción, de dolor acumulado y de una crudeza que conectó directamente con una sociedad todavía marcada por la tragedia de las 230 personas fallecidas.
Desde el primer minuto, el tono ya anticipaba que aquello no iba a ser una comparecencia más. Bernabé no llegó a la comisión con un discurso frío ni con frases de manual. Llegó con la determinación de quien siente que se ha cruzado una línea.
“Este va a ser el primero de todos los bulos que voy a desmentir”, advirtió nada más empezar, dejando claro que no estaba allí solo para responder preguntas, sino para desmontar un relato que, según defendió, se había construido durante más de quince meses a base de manipulaciones, cortes de audio interesados y acusaciones sin respaldo.
El eje central de su intervención giró en torno a una idea que repitió de forma insistente: la información existió, fue abundante y estuvo disponible en tiempo real.
Lo que falló, según su versión, no fue la previsión meteorológica ni la comunicación por parte de los organismos estatales, sino la toma de decisiones de quien tenía la competencia directa para proteger a la ciudadanía.
En ese punto, la delegada del Gobierno citó de forma literal informes judiciales, autos de la jueza de Catarroja y resoluciones de la Audiencia Provincial de Valencia, subrayando que en ninguno de ellos se habla de apagón informativo por parte de AEMET o de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
El choque con el senador del Partido Popular, Santa María, fue constante y cada vez más tenso. Él insistía en una supuesta falta de información, en retrasos injustificados y en responsabilidades del Estado.
Ella respondía con fechas, horas concretas y procedimientos recogidos en el propio plan de emergencias de la Generalitat Valenciana.
La escena se convirtió en un duelo verbal en el que Bernabé no rehuyó el enfrentamiento y, en varias ocasiones, llegó a afear directamente lo que consideró faltas de respeto a servidores públicos y funcionarios.
Uno de los momentos más duros llegó cuando se abordó la cuestión de las carreteras convertidas en “ratoneras mortales”.
Bernabé fue tajante: desde las tres de la tarde estaba activado el nivel dos de emergencia y, a partir de ese momento, la directora del plan —la consellera de Emergencias de la Generalitat— tenía la potestad de ordenar cortes preventivos de carreteras y ferrocarriles.
“No se dio ni una sola instrucción”, afirmó, recordando que, pese a ello, Guardia Civil y otros cuerpos actuaron de forma reactiva, cuando el agua ya estaba encima.
La delegada también explicó que, ante la falta de iniciativa autonómica, algunas decisiones se tomaron directamente desde el ámbito estatal, como el corte de líneas ferroviarias por parte del Ministerio de Transportes.
No como una invasión de competencias, sino como una medida desesperada para proteger vidas cuando nadie más daba el paso.
Ese matiz fue clave en su relato: no se trataba de señalar errores aislados, sino de evidenciar una cadena de retrasos que, acumulados, tuvieron consecuencias irreversibles.
Otro punto especialmente sensible fue el de los mensajes de alerta a la población. Bernabé defendió que los sistemas hidrológicos emitieron datos cada cinco minutos y que se enviaron al menos diez correos electrónicos alertando de lluvias intensas en las cabeceras de los barrancos, especialmente en zonas como Chiva o Riba-roja.
Según explicó, esos mensajes no fueron leídos ni atendidos en el centro de emergencias autonómico. “Los mensajes que salvan vidas estaban ahí”, insistió, visiblemente afectada.
La comisión también sirvió para rescatar viejas heridas políticas. Bernabé recordó proyectos de obras hidráulicas paralizados durante años, expedientes que quedaron en un cajón y declaraciones de impacto ambiental que caducaron sin ejecutarse.
En uno de los pasajes más duros, preguntó directamente al senador cuántas veces, cuando era subdelegado del Gobierno con el Partido Popular, reclamó fondos para esas infraestructuras que hoy podrían haber mitigado los efectos de la riada.
La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de reproche y de memoria.
Más allá de los datos y de la confrontación política, hubo también espacio para lo humano. Bernabé relató llamadas a alcaldes, intentos desesperados de coordinación y la frustración de ofrecer la UME y no recibir respuesta durante horas.
Describió cómo se enteró de algunos desbordamientos a través de los medios de comunicación, no porque no existiera información oficial, sino porque la cadena de mando autonómica no activó los mecanismos previstos.
En ese relato se mezclaban la indignación institucional y el dolor personal de quien sabe que cada minuto cuenta cuando el agua sube.
Uno de los momentos más impactantes llegó cuando mencionó el número de rescates realizados aquella tarde: más de 3.000 personas auxiliadas en carreteras de la provincia de Valencia.
La cifra resonó en la sala como un recordatorio brutal de la magnitud de la tragedia y de lo cerca que estuvo de ser aún mayor. “No me parece nada gracioso”, dijo, respondiendo a gestos irónicos del senador, y el silencio posterior fue elocuente.
La comparecencia avanzaba y el clima se volvía cada vez más áspero. Bernabé acusó directamente al PP de haber politizado cuerpos como la Policía Nacional y de haber manipulado audios, incluso llegando a hablar de grabaciones “robadas” y utilizadas para confundir a la población. Fue una acusación grave, pero respaldada, según ella, por resoluciones judiciales que calificaban ciertas versiones como “mera ficción o autoficción”.
Cuando parecía que ya no quedaba nada por decir, la delegada cerró con una reflexión que fue más allá del caso concreto.
Recordó que mentir no es obligatorio, que la verdad puede ser incómoda pero necesaria, y que las víctimas merecen algo más que un intercambio de reproches. En ese punto, su intervención dejó de ser solo una defensa política para convertirse en una llamada a la responsabilidad colectiva.
Lo ocurrido en esa comisión no se entiende sin el contexto de una sociedad todavía en duelo y de una batalla por el relato que sigue abierta.
Las palabras de Bernabé han reavivado el debate, han provocado reacciones encontradas y han vuelto a situar en el centro la pregunta que muchos se hacen en silencio: ¿se pudo hacer más para evitar tantas muertes?
Este episodio ha demostrado que, más allá de las siglas, la gestión de las emergencias no es un asunto técnico aislado, sino un reflejo de prioridades políticas, de capacidad de coordinación y de valentía para tomar decisiones impopulares a tiempo.
También ha dejado claro que la verdad, cuando se expone con nombres, horas y documentos, incomoda.
Ahora la pelota está en el tejado de la opinión pública. Leer, contrastar, exigir explicaciones y no conformarse con titulares rápidos es más necesario que nunca.
Porque detrás de cada debate parlamentario hay historias reales, familias rotas y una responsabilidad que no prescribe con el paso del tiempo. Compartir, informarse y no olvidar es, quizá, la única forma de honrar a quienes ya no pueden alzar la voz.
