El estudio estalló en vivo. Javier Ruiz discutió sin control, Irene Montero alzó la voz y Sarah Santaolalla intentó reconstruir la situación… pero Trump apareció como un fantasma inquietante, destrozándolo todo. Miradas tensas, silencios incómodos y discusiones desmoronadas se sucedieron en segundos. De un debate controlado, todo se convirtió en un momento viral que expuso muchas debilidades a millones de espectadores.

¡SE PELEAN EN DIRECTO! JAVIER RUIZ E IRENE MONTERO CON SARAH SANTAOLALLA EN RIDÍCULO CON TRUMP.

 

 

 

 

Hubo un segundo muy concreto en directo en Televisión Española que pasó casi desapercibido para el gran público, pero que dice mucho más sobre el momento político y mediático que vive España que cientos de editoriales.

 

Fue ese instante incómodo en el que un periodista, acostumbrado a moverse con soltura dentro del marco oficial, pareció darse cuenta de dónde estaba sentado… y frenó en seco.

 

No fue un error técnico ni un lapsus. Fue miedo. Y el miedo, cuando aparece en televisión pública, nunca es casual.

 

La escena se produjo durante un debate en RTVE en el que participaban Javier Ruiz, Irene Montero y Sara Pérez Santolaya.

 

El tema, en apariencia, era Donald Trump, el uso del término “fascismo” y el papel de Estados Unidos en el escenario internacional.

 

Pero lo que realmente estaba en juego era algo mucho más profundo: la capacidad —o incapacidad— del periodismo público para salirse del guion político marcado desde Moncloa.

 

Todo comenzó cuando Javier Ruiz planteó una reflexión que, en cualquier democracia sana, debería ser perfectamente normal: si se utiliza la palabra “fascismo” para describir cualquier política que no nos gusta, ese término acaba perdiendo fuerza.

 

No es una idea nueva ni polémica en sí misma. Politólogos, historiadores y juristas llevan años advirtiendo del riesgo de banalizar conceptos que tienen un peso histórico enorme.

 

El fascismo no es una etiqueta retórica; es un sistema político concreto, con características definidas y consecuencias devastadoras.

 

Sin embargo, bastó esa frase para que el ambiente se tensara de inmediato. Irene Montero reaccionó con dureza, como si se hubiera cruzado una línea invisible.

 

No se debatió el fondo del argumento. No se entró a matizar. La respuesta fue ideológica, casi automática.

 

Y entonces ocurrió algo revelador: Javier Ruiz se desdijo. O, más bien, se encogió. Matizó, reculó, suavizó sus palabras hasta dejarlas irreconocibles.

 

Ese gesto, tan humano como significativo, dejó al descubierto una realidad incómoda: incluso dentro de la televisión pública, hay temas que no se pueden tocar sin consecuencias.

 

No porque estén prohibidos oficialmente, sino porque existe una atmósfera de autocensura, una especie de radar interno que avisa cuándo uno se está desviando del carril permitido.

 

La escena fue aún más llamativa porque Sara Pérez Santolaya, pareja de Javier Ruiz, entró al debate para reforzar la tesis de Irene Montero.

 

Según su intervención, Donald Trump no solo sería fascista, sino incluso un dictador. La argumentación se apoyó en acciones concretas de Estados Unidos en política exterior: bombardeos, intervenciones, presiones económicas, control de recursos estratégicos.

 

Aquí aparece una contradicción que muchos espectadores detectaron de inmediato. Si esas prácticas definen el fascismo, entonces habría que aplicar la misma etiqueta a buena parte de la política exterior estadounidense de las últimas décadas, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca.

 

Y también habría que mirar con el mismo rasero a otros regímenes aliados ideológicos de quienes lanzan hoy esas acusaciones.

 

Ese es el punto que Javier Ruiz había intentado introducir antes de frenar: la diferencia entre autoritarismo, imperialismo, intereses geopolíticos y fascismo como sistema ideológico.

 

No todo abuso de poder es fascismo. No toda política agresiva lo es. Confundirlo todo no fortalece la crítica, la debilita.

 

El problema no es solo semántico. Es político y mediático. Porque cuando desde la televisión pública se repite de forma constante un marco conceptual concreto, ese marco acaba filtrándose a redes sociales, tertulias, editoriales y discursos políticos.

 

Las palabras clave se replican casi de forma mecánica. “Fascismo”, “ultraderecha”, “amenaza democrática”. Todo sirve para lo mismo: deslegitimar al adversario sin necesidad de debatir con él.

 

Este fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años. Especialmente desde que Pedro Sánchez convirtió la polarización en una herramienta de supervivencia política.

 

La famosa “reflexión” de cinco días del presidente marcó un antes y un después. A partir de ahí, muchos periodistas afines asumieron un papel más militante que crítico. No todos, pero sí una parte significativa de los rostros más visibles en RTVE.

 

La defensa cerrada de José Luis Rodríguez Zapatero como mediador en Venezuela es un ejemplo claro.

 

Desde el Gobierno y desde la televisión pública se insiste en presentar al expresidente como un actor clave en la liberación de presos políticos.

 

Sin embargo, numerosos testimonios de opositores venezolanos y familiares de detenidos han cuestionado duramente su papel, acusándolo de pedir silencio y de actuar como legitimador del régimen de Maduro.

 

Ese contraste rara vez se aborda con profundidad en los programas públicos. Se menciona de pasada, si acaso, y se diluye rápidamente bajo la narrativa del “trabajo silencioso por la paz”.

 

Una narrativa que, curiosamente, coincide punto por punto con la versión oficial del PSOE.

 

Volviendo al debate sobre Trump, el choque dejó algo muy claro: no se permite una discusión matizada.

 

O se acepta el marco completo o se corre el riesgo de ser señalado. Y cuando quien señala tiene poder institucional y mediático, el resultado es previsible.

 

Esto no significa defender a Donald Trump ni negar sus excesos. Significa algo mucho más básico: exigir coherencia.

 

Porque resulta llamativo que quienes ven fascismo en cada decisión de Washington no utilicen el mismo término para describir lo que ocurre en Venezuela, Irán o incluso en algunos aliados estratégicos de Europa.

 

Ahí, el lenguaje se suaviza. Se habla de “contextos complejos”, de “realidades culturales distintas”, de “procesos soberanos”.

 

La ciudadanía no es tonta. Puede aceptar discrepancias ideológicas, pero no soporta bien la hipocresía.

 

Y cuando percibe que los medios públicos actúan como altavoces de una sola versión, la confianza se erosiona. No de golpe, pero sí de forma constante.

 

El caso de Javier Ruiz es paradigmático porque no es un periodista marginal ni un tertuliano de trinchera.

 

Es un profesional con trayectoria, con capacidad analítica y con experiencia. Precisamente por eso, su rectificación en directo resultó tan elocuente.

 

No fue un error de concepto; fue una corrección por supervivencia.

 

Ese gesto conecta con una sensación cada vez más extendida entre periodistas: hay líneas que no conviene cruzar si se quiere seguir en determinados platós, optar a determinados premios o mantener una carrera estable en medios públicos.

 

No hace falta que nadie llame para amenazar. Basta con saber cómo funciona el sistema.

 

Mientras tanto, el discurso se radicaliza. Se banalizan palabras que deberían usarse con extremo cuidado. Se reduce el debate internacional a consignas.

 

Y se presenta a Europa como un actor moralmente superior mientras se estrechan manos con regímenes que vulneran derechos humanos de forma sistemática.

 

Irene Montero apeló en el debate a la movilización popular, a salir a la calle contra el “fascismo” y el “genocidio”.

 

Son palabras fuertes, cargadas de emoción. Pero cuando no van acompañadas de una autocrítica mínima sobre las alianzas políticas propias, pierden credibilidad.

 

Especialmente cuando se guarda silencio ante la represión en países ideológicamente afines.

 

El problema de fondo no es Trump, ni Estados Unidos, ni siquiera el término fascismo. El problema es que el periodismo público parece haber renunciado a su función principal: incomodar al poder.

 

Y cuando un periodista se da cuenta en directo de que está incomodando al poder equivocado y se corrige, el espectador lo percibe.

 

Ese momento, ese pequeño gesto de autocensura, vale más que mil discursos sobre libertad de prensa.

 

Porque revela hasta qué punto el debate está condicionado. Y porque explica por qué cada vez más ciudadanos buscan información fuera de los canales oficiales, con todos los riesgos que eso también implica.

 

España necesita una televisión pública fuerte, plural y crítica. No un espejo del Gobierno de turno.

 

Necesita debates donde se pueda disentir sin miedo, donde se puedan matizar conceptos sin ser acusado de traición ideológica.

 

Necesita periodistas que no tengan que pensar dos veces cada palabra por temor a las consecuencias.

 

Lo ocurrido en ese plató no fue un escándalo aislado. Fue un síntoma. Y los síntomas, cuando se repiten, acaban señalando una enfermedad.

 

La pregunta es si alguien está dispuesto a diagnosticársela a tiempo o si seguiremos llamando fascismo a todo… hasta que la palabra ya no signifique nada.

 

 

 

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