Estalla X: Alan Barroso y Gabriel Rufián señalan el escándalo fiscal del PSOE.
Hay noticias que, en apariencia, llegan envueltas en titulares técnicos y lenguaje burocrático, pero que en realidad esconden una bomba social de relojería.
La última medida anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el alquiler es una de ellas. A simple vista, suena bien: incentivos fiscales, contención de precios, freno a abusos.
Pero cuando se rasca un poco la superficie, cuando se ponen números, nombres y consecuencias reales sobre la mesa, el relato cambia de forma radical.
Y lo que emerge no es una política de izquierdas, sino una decisión que muchos ya consideran un regalo directo al rentismo y a la especulación inmobiliaria.
La noticia, publicada por El País, detalla el nuevo paquete de medidas en materia de vivienda: bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler, limitación de los contratos de temporada y freno a la conversión de pisos en alquiler por habitaciones.
Sobre el papel, parece una intervención del mercado. En la práctica, según numerosos analistas, creadores de contenido y voces políticas, es justo lo contrario: una legitimación del problema.
La reacción no se hizo esperar. En cuestión de horas, redes sociales, programas de debate y canales de análisis político comenzaron a hervir.
No era una discusión ideológica abstracta. Era una cuestión material, tangible, que afecta a millones de personas que viven de alquiler, que no pueden comprar una vivienda y que destinan una parte obscena de su salario a simplemente tener un techo.
Uno de los primeros en verbalizar el malestar fue Alan Barroso, que puso un ejemplo tan sencillo como demoledor.
Si una persona tiene diez pisos alquilados a 1.300 euros y decide no subir el alquiler, el Estado le perdona el 100% del IRPF.
Resultado: 13.000 euros limpios al mes. Sin producir, sin trabajar, sin aportar valor más allá de poseer. “Se están riendo de nosotros”, sentenciaba. Y la pregunta flotaba en el aire: ¿esto es un gobierno socialista?
La crítica no iba solo dirigida al PSOE, sino al mensaje político que se envía.
En un país donde el acceso a la vivienda es ya una quimera para gran parte de la población, premiar fiscalmente a quien acumula propiedades no es neutral.
Es tomar partido. Y no precisamente por el lado del trabajador, del joven, de la familia que intenta construir un proyecto de vida.
Gabriel Rufián fue aún más explícito. Desde la tribuna y desde sus redes, lanzó una advertencia que resuena como una amenaza política real: cuando un trabajador sin casa ve que alguien puede pagar cero impuestos por tener múltiples viviendas, siente que este gobierno le ha fallado.
Y cuando la esperanza falla, lo que queda es el odio. “O se legisla para que con la vivienda no se especule, o la izquierda se va al paro”, vino a decir, resumiendo el sentimiento de una parte creciente del electorado.
Los datos respaldan esa indignación. Hoy se necesitan 59 años de salario íntegro para comprar un piso de 60 metros cuadrados.
Cincuenta y nueve. Una cifra obscena que retrata mejor que cualquier discurso el colapso del modelo.
Este mismo año se han comprado un 40% más de viviendas, pero el 60% de esas operaciones fueron al contado. Solo el 14% eran para vivir.
El resto, inversión. Si el pan hubiese subido lo mismo que la vivienda, una barra costaría 13 euros. No es una metáfora exagerada, es una comparación matemática.
Mientras tanto, hay personas pagando entre 600 y 800 euros por una habitación. No un piso. Una habitación. Compartiendo cocina, baño y dignidad.
Y frente a ese escenario, el Estado decide bonificar al propietario que “no suba” precios que ya son inasumibles.
No se bajan alquileres. No se congelan. No se interviene el mercado. Se premia al que no empeora lo que ya es un desastre.
Laura, otra voz crítica, lo resumía con ironía amarga: “Exento de IRPF el rentista y ahogado a impuestos el trabajador.
Tu gobierno de izquierda de confianza”. Y añadía algo clave: ¿cómo no va a estar la gente descontenta si no puede formar un proyecto de vida? Si está condenada al alquiler eterno, cada vez más caro, mientras los rentistas acumulan propiedades y beneficios.
Rubén Sánchez fue más allá con una comparación demoledora: eliminar el IRPF a los caseros que no suban el alquiler es como perdonar impuestos a los empresarios que paguen las horas extra.
Convertir el cumplimiento mínimo en mérito fiscal. Con esta medida, decía, el rentismo se convierte en el negocio más rentable del país.
Justo lo contrario de lo que debería perseguir una política pública.
El debate alcanzó uno de sus momentos más crudos cuando se recordó el caso de un propietario de 15 pisos turísticos que gana 30.000 euros al mes y se presenta públicamente como víctima.
Primero se quejaba de que le habían subido el IVA del 10 al 21%. Después protestaba porque la bonificación del IRPF no le beneficiaba a él, sino a otros propietarios.
La pregunta es inevitable: ¿en nombre de quién hablan estas personas cuando intervienen como “expertos”? ¿De los inquilinos o de su cuenta de resultados?
El discurso de “una familia, una casa” suele aparecer como respuesta fácil. Pero es una trampa.
Porque ¿qué pasa con los millones de personas que los bancos consideran insolventes? Esas personas no pueden comprar. Dependen del alquiler.
Y necesitan un mercado regulado, no un oligopolio disfrazado de libre elección.
Aquí entra en juego la Constitución. El artículo 47 no deja lugar a dudas: todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, y los poderes públicos deben regular el uso del suelo para impedir la especulación.
No promoverla. No incentivarla. Impedirla. Y sin embargo, las políticas actuales van justo en la dirección contraria.
¿Por qué no se expropian viviendas vacías en manos de bancos y fondos de inversión? ¿Por qué no se limita de verdad la vivienda turística? ¿Por qué no se congela el precio del alquiler? ¿Por qué no se crea un parque público de vivienda potente, como en Viena, donde la mayoría de la vivienda está bajo control público y el acceso es asequible?
La respuesta, incómoda pero necesaria, apunta a los lobbies. Joan Clos, exministro del PSOE y exalcalde de Barcelona, fue presidente de ASVAL, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler.
Hoy preside ese mismo lobby Elena Beunza, que fue secretaria general de Vivienda en un gobierno socialista entre 2018 y 2020.
Las puertas giratorias no son una teoría conspirativa: son un hecho documentado.
Cuando los intereses inmobiliarios se sientan en la mesa donde se diseñan las políticas públicas, el resultado es previsible.
Medidas tibias, incentivos al rentismo, discursos progresistas con prácticas neoliberales. Y mientras tanto, la frustración social crece.
Ese caldo de cultivo es el que alimenta el ascenso de la extrema derecha. No por discursos identitarios, sino por realidades materiales.
Por salarios que no alcanzan. Por alquileres imposibles. Por la sensación de que el sistema protege al que más tiene y abandona al que más necesita.
Combatir a la ultraderecha no pasa por moralizar ni por señalar votantes. Pasa por garantizar derechos. Por cumplir la Constitución.
Por intervenir el mercado cuando el mercado expulsa a la gente de su propia vida.
No hacerlo, o hacerlo a medias, no es neutral: es generar más rabia, más ira y más distancia entre la política y la ciudadanía.
Esta no es una discusión técnica. Es una discusión sobre el modelo de país. Sobre si la vivienda es un derecho o un negocio.
Sobre si el Estado está para proteger a las familias o para blindar a los rentistas. Y cada medida, cada bonificación, cada silencio, responde a esa pregunta.
La pelota está en el tejado del Gobierno. Pero también en el de la sociedad. Porque entender lo que está pasando es el primer paso para exigir cambios reales.
Y porque, como demuestra la historia reciente, cuando la política no resuelve los problemas cotidianos, alguien vendrá a capitalizar el enfado. Y no lo hará con soluciones, sino con odio.
La vivienda no puede seguir siendo el motor de la desigualdad. Ni el refugio fiscal de unos pocos. Ni el símbolo del fracaso colectivo.
Una familia, una casa. No como consigna vacía, sino como compromiso político real. Todo lo demás es ruido. Y el ruido, tarde o temprano, pasa factura.
