AYUSO DELIRA SIN PINGANILLO. “SOIS LA PRENSA DEL RÉGIMEN”.
El caso Burnet: el escándalo de la doble identidad y la gestión de Ayuso ante la prensa.
La polémica sobre la gestión de la sanidad en la Comunidad de Madrid ha sumado en las últimas horas un nuevo capítulo, tan insólito como revelador de las tensiones políticas y mediáticas que atraviesan la región.
El epicentro del escándalo es, una vez más, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, cuyo nombre ha vuelto a copar titulares tras descubrirse que operaba dentro del grupo hospitalario Quirón bajo una identidad falsa: “Alberto Burnet González”.
La reacción de Ayuso ante las preguntas de la prensa ha sido tan llamativa como el propio caso. En lugar de ofrecer explicaciones convincentes sobre por qué su pareja, vinculada a la mayor contratista de sanidad privada en Madrid, necesitaba cambiar de nombre para seguir trabajando en la empresa, la presidenta ha optado por atacar a los medios, a los que tilda de “prensa del régimen”.
Según Ayuso, “en un país libre, cualquier ciudadano anónimo puede ponerse el correo electrónico que le da la mismísima gana”, obviando que el asunto trasciende la mera elección de un alias digital y entra de lleno en el terreno de la transparencia y la ética pública.
El argumento de la libertad individual para elegir identidad digital, utilizado por Ayuso, ha sido ampliamente criticado por especialistas y periodistas.
No se trata, como ella pretende, de si cualquier persona puede crear un correo electrónico con el nombre que desee, sino de por qué un directivo de una empresa que factura miles de millones a la Comunidad de Madrid y que mantiene una relación sentimental con la presidenta autonómica necesita ocultar su identidad real en el entorno laboral.
Más aún, cuando la propia empresa reconoce que este cambio se produjo precisamente en el momento en que la relación con Ayuso se hizo pública y González Amador comenzó a recibir un aluvión de mensajes.
La defensa cerrada de Ayuso, que ha llegado a comparar el caso de su pareja con el de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, no ha convencido a la opinión pública.
La diferencia, como señalan analistas y miembros de la oposición, es abismal: mientras Gómez nunca llegó a cobrar el salario mínimo por su labor en la universidad, González Amador ha multiplicado por cuatro sus ingresos en Quirón desde que su relación con Ayuso es conocida, y por siete desde que comenzó a salir con ella, según datos fiscales.
La opacidad sobre los contratos y la ausencia de auditorías externas en la sanidad madrileña han alimentado aún más las sospechas de trato de favor y conflicto de intereses.
El escándalo ha puesto de relieve la fragilidad de los argumentos de la presidenta y la dificultad de justificar la permanencia de González Amador en Quirón, pese al alto coste reputacional que supone para la empresa.
La explicación oficial de que el cambio de identidad respondía a cuestiones de privacidad no resiste el escrutinio público, especialmente en un contexto en el que la Comunidad de Madrid ha duplicado los pagos a Quirón en los últimos años y donde la transparencia sobre los datos de pacientes y facturación sigue siendo una asignatura pendiente.
La actitud de Ayuso ante los medios, a quienes acusa de persecución y manipulación, refleja una estrategia de confrontación que, lejos de apaciguar la polémica, la amplifica.
El uso del término “prensa del régimen” para referirse a RTVE y otros medios públicos, así como las querellas interpuestas contra periodistas, evidencian un clima de hostilidad hacia la labor informativa y una preocupante tendencia a la deslegitimación de la crítica.
En lugar de asumir responsabilidades o aportar claridad, la presidenta recurre a la descalificación y al victimismo, desviando el foco de la cuestión esencial: la relación entre el poder político y los intereses privados en la gestión de la sanidad.
El caso Burnet no es, como algunos pretenden, una anécdota sobre correos electrónicos o juegos de identidad.
Es el síntoma de un problema estructural en la política madrileña: la confusión entre lo público y lo privado, la opacidad en las contrataciones y la utilización de la administración para favorecer intereses particulares.
La permanencia de González Amador en Quirón, pese a las investigaciones judiciales abiertas y el descrédito social, solo se explica por la influencia política de su pareja y por la falta de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.
La comparación con otros casos de corrupción, tanto en el Partido Popular como en el PSOE, pone de manifiesto la necesidad urgente de una auditoría integral sobre la gestión sanitaria en Madrid.
La ciudadanía, que asiste atónita al desfile de escándalos y a la banalización de la ética pública, reclama transparencia, responsabilidad y un compromiso real con la calidad del servicio y la integridad de las instituciones.
Mientras tanto, la polémica sobre la doble identidad de González Amador y la respuesta de Ayuso a la prensa siguen alimentando el debate sobre el futuro de la sanidad madrileña y la credibilidad de sus responsables políticos.
La libertad, como principio democrático, no puede convertirse en coartada para eludir responsabilidades ni para justificar prácticas opacas en el manejo de recursos públicos.
La transparencia y la rendición de cuentas son hoy más necesarias que nunca para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que la gestión de la sanidad responda a los intereses de todos, y no a los de unos pocos privilegiados.
