Rufián, a Sánchez: “De qué le sirve un país que va como un tiro si a la gente no le llega”.
El crecimiento económico y el coste de la vida: el gran reto del Gobierno de Sánchez.
En el Congreso de los Diputados, la discusión sobre la economía española está lejos de ser una mera sucesión de cifras macroeconómicas.
Más allá de los datos que posicionan a España como líder en crecimiento dentro de la eurozona, la realidad cotidiana de millones de familias se convierte en el verdadero termómetro de la política nacional.
El debate parlamentario, protagonizado por intervenciones como la de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, pone sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿de qué sirve que España “vaya como un tiro en lo macro” si la gente no llega a fin de mes?
La paradoja española se resume en una contradicción que atraviesa todo el discurso público.
Por un lado, el Gobierno de Pedro Sánchez exhibe con orgullo los indicadores económicos: el PIB crece, el empleo alcanza cifras históricas, España lidera la recuperación europea y los organismos internacionales reconocen el dinamismo de la economía nacional.
Por otro lado, el coste de la vida se dispara y la cesta de la compra se convierte en un desafío diario para las familias.
La inflación, especialmente en productos básicos como la carne, la leche y los huevos, erosiona el poder adquisitivo y transforma a millones de trabajadores en “pobres de facto”.
El relato oficial, reforzado por el reciente reconocimiento de Sánchez como “Persona del Año” por la revista italiana L’Espresso, subraya la solidez macroeconómica de España.
Los datos son incuestionables: según la Comisión Europea, el PIB español crecerá un 2,9% en 2025, tras un 3,5% en 2024 y un 2,7% en 2023.
El empleo bate récords y la economía española representa el 40% del crecimiento de la eurozona. Sin embargo, el debate parlamentario revela que estos logros no se traducen automáticamente en bienestar para todos.
Rufián, en su intervención, pone el foco en la brecha entre los rankings internacionales y la realidad doméstica.
“La gente no come rankings”, advierte, subrayando que el éxito económico no sirve de nada si no se refleja en el día a día de los ciudadanos.
La inflación alimentaria es el ejemplo más claro: en los últimos tres años, la carne ha subido un 50%, la leche un 60% y los huevos un 70%.
Una familia de tres personas que quiera comer filetes de ternera y cenar salmón debe gastar entre 30 y 35 euros al día solo en el supermercado, una cifra inalcanzable para la mayoría.
Esta situación no es exclusiva de España. En toda Europa, el impacto de la guerra en Ucrania, la crisis energética y las tensiones en los mercados internacionales han disparado los precios de los alimentos y la energía.
Sin embargo, la paradoja española se agrava por la estructura del mercado y el peso de los oligopolios en la distribución alimentaria.
La respuesta tradicional de los gobiernos, bajar el IVA de los productos básicos, se ha mostrado insuficiente.
Como denuncia Rufián, la reducción del IVA en un 4% suele ser absorbida por los grandes grupos empresariales, que suben los precios en la misma proporción, neutralizando el efecto sobre el consumidor final.
El Gobierno de Sánchez, consciente del desgaste que provoca el coste de la vida, ha intentado combinar políticas de redistribución con medidas de alivio fiscal.
La subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones y los bonos sociales han sido presentados como instrumentos para proteger a los más vulnerables.
Sin embargo, la oposición y los sindicatos advierten que estas medidas no compensan el aumento de la inflación y la precariedad laboral.
El fenómeno de los “trabajadores pobres” se consolida, y la brecha entre los datos macroeconómicos y la experiencia cotidiana se convierte en el principal desafío político del Ejecutivo.
La presión social es creciente. Las organizaciones de consumidores denuncian que la cesta de la compra se ha encarecido un 30% en los últimos dos años, y que productos básicos como la fruta, la verdura y el pescado son cada vez menos accesibles para las familias con rentas medias y bajas.
El Banco de España y la OCDE han alertado sobre el riesgo de que la inflación estructural se mantenga en el tiempo, erosionando el poder adquisitivo y aumentando la desigualdad.
El propio INE ha confirmado que más de la mitad de los hogares españoles tienen dificultades para afrontar gastos imprevistos, y que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se mantiene por encima del 20%.
En este contexto, el debate parlamentario adquiere una dimensión ética y política que supera la mera gestión económica.
¿De qué sirve un país donde el empleo crece si los salarios no permiten vivir con dignidad? ¿Cómo puede el Gobierno presumir de éxito si millones de ciudadanos ven recortados sus derechos y su calidad de vida? La respuesta de Rufián, lejos de pedir valentía, exige inteligencia.
“No les pido que sean valientes, les pido que sean inteligentes, porque si no llega Vox a caballo”.
La advertencia no es solo una crítica al Ejecutivo, sino una llamada de atención sobre el riesgo de que el malestar social sea capitalizado por fuerzas políticas que prometen soluciones radicales y simplistas.
La gestión del coste de la vida se convierte así en la verdadera prueba de fuego para el Gobierno de Sánchez.
La inflación, el encarecimiento de los alimentos y la vivienda, y la precariedad laboral son los temas que determinan la percepción ciudadana y la estabilidad política.
Los éxitos internacionales y los reconocimientos mediáticos, como el de L’Espresso, pueden reforzar la imagen exterior del presidente, pero no garantizan la confianza interna si no se resuelven los problemas cotidianos.
La política económica, para ser eficaz, debe traducirse en bienestar real y tangible para todos los sectores de la sociedad.
La respuesta del Gobierno pasa por una combinación de medidas estructurales y coyunturales.
La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, el impulso a la competencia en el sector de la distribución y la apuesta por la economía social son algunos de los instrumentos que buscan equilibrar el mercado y proteger a los consumidores.
La digitalización y la transición ecológica, pilares del Plan de Recuperación, también se presentan como oportunidades para reducir costes y mejorar la eficiencia. Sin embargo, los resultados son lentos y la impaciencia social crece.
La oposición, por su parte, exige un giro en la política económica y social. El PP y Vox reclaman bajadas de impuestos más profundas y una reducción del gasto público, mientras los partidos de la izquierda y los sindicatos insisten en la necesidad de reforzar los servicios públicos y aumentar la protección social.
El debate sobre el salario mínimo, la reforma laboral y la fiscalidad se convierte en el eje central de la confrontación política, y la presión sobre el Gobierno aumenta a medida que se acercan las elecciones.
El reto para Sánchez es doble: mantener el liderazgo económico de España en Europa y garantizar que el crecimiento se traduzca en bienestar para todos.
La experiencia internacional muestra que la estabilidad macroeconómica no es suficiente si no va acompañada de justicia social y equidad.
El modelo español, elogiado por medios como L’Espresso, debe demostrar que es capaz de proteger a los más vulnerables y de ofrecer oportunidades reales a quienes más lo necesitan.
La pregunta de Rufián resuena en el hemiciclo y en la calle: ¿de qué sirve crecer si la gente no llega? La respuesta está en las políticas concretas, en la capacidad de escuchar y responder a las demandas sociales, y en el compromiso con una economía al servicio de las personas.
El futuro del Gobierno y de la propia democracia española depende de la capacidad para cerrar la brecha entre los datos macroeconómicos y la realidad cotidiana, y de construir un país donde el éxito económico sea sinónimo de bienestar y dignidad para todos.
