ERNESTO EKAIZER SUELTA BOMBA JUICIO NICOLÁS MADURO “MONTAJE JUDICIAL GOBIERNO DE TRUMP”.

 

 

Hay momentos en los que la realidad internacional avanza tan deprisa que cuesta distinguir dónde termina el análisis político y dónde empieza la propaganda.

 

 

Lo ocurrido en torno a Nicolás Maduro, Estados Unidos y la reacción de buena parte de la comunidad internacional ha abierto una grieta profunda que no se puede despachar con consignas fáciles ni con titulares de trazo grueso.

 

No estamos ante una simple discusión sobre simpatías o antipatías hacia un dirigente concreto.

 

Lo que está en juego es algo mucho más delicado: el respeto —o la ruptura— del derecho internacional y las reglas mínimas que, al menos en teoría, ordenan la convivencia entre Estados.

 

 

Es comprensible que exista una parte de la opinión pública que rechace a Maduro, su gobierno o su forma de ejercer el poder. Eso no es nuevo ni especialmente sorprendente.

 

Pero otra cosa muy distinta es aceptar, normalizar o incluso justificar que un país extranjero utilice la fuerza militar para intervenir en otro territorio soberano con el objetivo de capturar a su presidente.

 

Ese salto cualitativo es el que dispara todas las alarmas jurídicas, políticas y éticas.

 

Y, sin embargo, da la sensación de que muchos prefieren no detenerse en esos “detalles”, como si fueran secundarios o irrelevantes.

 

 

El debate real no es si Maduro cae bien o mal. El debate real es si el secuestro de un jefe de Estado, ejecutado mediante una operación armada, puede encajarse dentro de algún marco legal sin dinamitar por completo el sistema internacional.

 

Porque si se acepta ese precedente, el mensaje es devastador: cualquier potencia con suficiente músculo militar podría decidir quién gobierna y quién no, sin necesidad de pasar por organismos multilaterales, tribunales internacionales o consensos diplomáticos.

 

 

En este contexto, resulta especialmente llamativo el papel de determinados actores políticos europeos.

 

Que un partido que se define como constitucional y defensor del orden legal, como el Partido Popular, respalde o justifique una acción armada de este tipo plantea una contradicción difícil de ignorar.

 

No se trata de una discusión ideológica menor. Se trata de asumir, de facto, que la violencia y la fuerza pueden sustituir al derecho cuando conviene a los intereses de los aliados correctos.

 

 

El uso de términos como “acto terrorista” para describir la operación no es una provocación retórica gratuita.

 

Si se analiza fríamente: helicópteros, fuerzas armadas extranjeras, irrupción en un país soberano y captura de su presidente sin un proceso internacional reconocido.

 

Cambien los nombres de los países implicados y la reacción mediática sería radicalmente distinta. Ahí reside una de las claves del problema: la doble vara de medir.

 

Otro elemento central de esta historia es el relato judicial que acompaña a la operación.

 

Durante días se repitieron acusaciones muy concretas, algunas de ellas relacionadas con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

 

Sin embargo, cuando se examinan los documentos judiciales conocidos, esas referencias no aparecen.

 

El auto de procesamiento habla de cocaína, no de fentanilo. Ese desfase entre el discurso político-mediático y el contenido real de las acusaciones alimenta la sospecha de que estamos ante una narrativa construida a posteriori para legitimar una decisión ya tomada.

 

 

La posibilidad de que un juez estadounidense termine concluyendo que no hay cargos sólidos contra Maduro no es, ni mucho menos, una fantasía.

 

Existen precedentes recientes que demuestran que el sistema judicial norteamericano, pese a todas sus sombras, no es un bloque monolítico al servicio del poder ejecutivo.

 

Decisiones como la del juez que en mayo negó el envío de un ciudadano venezolano, denunciando prácticas arbitrarias basadas incluso en tatuajes, muestran que hay grietas en ese sistema.

 

 

En ese escenario, la figura del abogado Barry Pollack cobra una relevancia especial. No se trata de un letrado cualquiera ni de un nombre improvisado.

 

Con más de tres décadas de experiencia y un historial ligado a algunos de los casos más mediáticos de Estados Unidos —desde el escándalo de Enron hasta la defensa de Julian Assange y su liberación en 2024—, Pollack representa una defensa técnica sólida, acostumbrada a enfrentarse al poder político y judicial.

 

Su estrategia, según se ha adelantado, se apoyará en dos pilares: impugnar la legalidad de toda la operación y reivindicar la inmunidad procesal de Maduro como jefe de Estado.

 

 

Ese punto es clave. La inmunidad de los líderes de países soberanos no es un capricho ni una concesión arbitraria.

 

Es uno de los mecanismos que sostienen el equilibrio internacional, precisamente para evitar que las relaciones entre Estados se conviertan en una sucesión de detenciones selectivas según la correlación de fuerzas del momento.

 

Romper ese principio es abrir una puerta peligrosa cuyas consecuencias son imprevisibles.

 

 

El relato de la primera comparecencia judicial en Nueva York añade además un componente humano y simbólico difícil de ignorar.

 

Maduro, sin dominio del inglés, dependiendo de un traductor, escoltado por agentes que evitan cualquier gesto de cortesía, insistiendo en definirse como secuestrado y prisionero de guerra.

 

Más allá de la opinión que merezca su figura, la escena tiene una carga política evidente. No es solo un acusado ante un tribunal; es un mensaje al mundo.

 

 

La situación de Cilia Flores, su esposa, tampoco es menor. La constatación de golpes visibles y la solicitud de atención médica inmediata introducen preguntas incómodas sobre el trato recibido durante la detención.

 

Son detalles que rara vez ocupan grandes titulares, pero que pesan mucho cuando se habla de derechos humanos y garantías procesales.

 

 

Mientras tanto, en el plano político y mediático, el contraste es llamativo. De un lado, líderes europeos que se llenan la boca hablando de orden internacional, legalidad y respeto a las normas cuando conviene.

 

Del otro, un silencio ensordecedor ante una operación que vulnera esos mismos principios.

 

La pregunta es inevitable: si el derecho internacional es un valor universal, ¿por qué no se defiende con la misma firmeza en todos los casos?

 

 

La figura de María Corina Machado aparece en este contexto como un elemento más de una estrategia que muchos en América Latina reconocen de inmediato.

 

 

La búsqueda de legitimidad externa, el guiño constante a Washington, la esperanza de que una intervención extranjera resuelva por la fuerza lo que no se ha resuelto en las urnas.

 

Para una parte importante de la región, eso tiene un nombre claro: traición. No como insulto fácil, sino como categoría política e histórica.

 

 

Aquí entra en juego un concepto que en América Latina se conoce bien: el lawfare. El uso del aparato judicial como arma política para desestabilizar gobiernos, erosionar liderazgos y justificar intervenciones.

 

La modificación de la imputación contra Maduro en pleno proceso refuerza la percepción de que no se trata de una búsqueda honesta de justicia, sino de una operación diseñada para legitimar un hecho consumado.

 

 

Lo más inquietante es la sensación de impunidad. No solo se actúa al margen del derecho internacional, sino que se hace sin esfuerzo alguno por disimularlo.

 

 

Como si ya no fuera necesario guardar las formas. Como si la fuerza, desnuda y sin complejos, bastara.

 

Ese es, quizá, uno de los rasgos más definitorios del trumpismo como forma de hacer política: la renuncia abierta a la hipocresía institucional.

 

 

En este clima, los grandes medios de comunicación juegan un papel decisivo. Su silencio, o su cobertura tibia y descontextualizada, contribuye a normalizar lo que debería escandalizar.

 

Las excepciones existen y se agradecen, pero no cambian la tendencia general. Cuando la información crítica desaparece, el relato dominante se impone sin resistencia.

 

 

Frente a todo esto, emerge la idea de resistencia. No solo en Venezuela, sino en una parte de la opinión pública global que se niega a aceptar que el mundo funcione únicamente bajo la ley del más fuerte.

 

La historia demuestra que los imperios no son eternos y que las narrativas oficiales, tarde o temprano, se resquebrajan.

 

 

Este no es un debate cómodo. Obliga a posicionarse, a incomodar, a romper consensos aparentes.

 

Pero es un debate necesario. Porque aceptar el secuestro de un presidente hoy es aceptar cualquier atropello mañana.

 

Y porque el derecho internacional, con todas sus imperfecciones, sigue siendo una de las pocas barreras frente al caos.

 

 

Quizá estemos, como dicen algunos, en un momento de ruptura histórica. El viejo orden parece agotado y el nuevo aún no ha nacido.

 

En esa grieta se juega algo más que el destino de un líder concreto. Se juega la posibilidad de construir un orden diferente, menos colonial, menos violento, más coherente con los principios que tantos dicen defender.

 

 

La pregunta final no es qué pasará con Maduro en los tribunales estadounidenses.

 

La pregunta es qué tipo de mundo estamos dispuestos a aceptar. Y esa respuesta, le guste o no a las élites, no la escribirán los despachos ni los helicópteros. La escribirán los pueblos.