España ante el espejo europeo: el juicio al fiscal general y la advertencia que sacude los cimientos de la democracia.
En el corazón de Europa, donde la independencia judicial se erige como pilar fundamental de las democracias modernas, una inquietud recorre los despachos y tribunales: lo que está ocurriendo en España amenaza con desdibujar las fronteras entre justicia y política.
La alarma no surge de la exageración ni del ruido mediático, sino de la voz firme y experimentada de magistrados y fiscales de Alemania, Francia, Italia y Portugal, quienes han decidido elevar su preocupación al rango de alerta democrática.
El detonante es el juicio contra el fiscal general español, Álvaro García Ortiz, acusado de “revelación de secretos” por un correo vinculado al caso de presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Pero lo que parece un episodio más en la compleja trama política y judicial española, se ha convertido en símbolo de una batalla mayor: la instrumentalización de la justicia como herramienta de enfrentamiento partidista.
En las páginas del diario portugués Público, seis figuras de referencia en el poder judicial europeo —entre las que destacan António Cluny (EUROJUST) y Gualtiero Michelini (Tribunal Supremo de Italia)— han expresado su “gran inquietud” por lo que consideran un proceso “sin precedentes”.
La acusación, lejos de limitarse a la figura del fiscal general, resuena con fuerza en los pasillos de Bruselas y en los foros internacionales, donde se observa con preocupación el posible debilitamiento del Estado de derecho en uno de los países fundadores de la Unión Europea.
La advertencia es clara: cuando la justicia se convierte en campo de batalla política, el daño trasciende a las personas implicadas y se proyecta sobre la confianza ciudadana en las instituciones.
Los juristas europeos subrayan que el control legítimo, necesario en cualquier democracia, no debe transformarse en una herramienta para debilitar el Estado de derecho ni para fortalecer propuestas autoritarias o populistas.
El ejemplo de Polonia y Hungría, donde la judicialización de la política ha erosionado gravemente la independencia judicial, planea como una sombra sobre España.
El caso de García Ortiz ilustra un fenómeno inquietante: quien investiga el poder termina siendo investigado.
Este círculo vicioso, donde la justicia se utiliza para ajustar cuentas con el adversario político, pone en jaque la esencia misma de la democracia.
No se trata solo de un juicio contra una persona, sino de una prueba de estrés para el sistema institucional español.
El miércoles, García Ortiz declarará ante el Supremo, en un proceso que será seguido con atención no solo por los medios nacionales, sino por toda Europa.
La preocupación de los magistrados y fiscales europeos no es una reacción aislada.
En su comunicado, denuncian la utilización de la justicia como arma política y advierten que interferir en la independencia judicial, ya sea desde dentro o desde fuera, destruye la confianza pública.
Si el poder político o mediático dicta quién debe ser juzgado y quién no, la justicia deja de ser justicia y la democracia se convierte en una fachada vacía.
La historia reciente ofrece ejemplos elocuentes de los peligros que entraña este tipo de deriva.
En Polonia y Hungría, la politización de la justicia ha desembocado en un retroceso democrático que la Unión Europea observa con creciente inquietud.
España, según los juristas europeos, se asoma al mismo precipicio.
La advertencia no puede ser más contundente: quien convierta la justicia en un arma política está debilitando la democracia que dice defender.
La reacción internacional es un reflejo de la gravedad del momento.
Europa ha hablado con claridad, recordando que la fortaleza de una democracia reside en la separación de poderes y en la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de sus jueces y fiscales.
El juicio al fiscal general español trasciende las fronteras nacionales y se convierte en una cuestión de interés continental, donde se juega el prestigio institucional y la credibilidad de todo un sistema.
La pregunta que resuena ahora en España es si el Estado de derecho resistirá esta prueba de fuego.
El proceso judicial contra García Ortiz no solo pone en tela de juicio la independencia del poder judicial, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia española.
¿Será capaz el país de evitar la tentación de utilizar la justicia como instrumento de venganza política? ¿Podrá preservar la confianza ciudadana en sus instituciones y evitar el desgaste que ya se ha visto en otros países europeos?
El desafío es mayúsculo y la respuesta, aún incierta. En este contexto, España se mira en el espejo de Europa, consciente de que cualquier paso en falso puede tener consecuencias irreversibles.
El juicio al fiscal general no es solo un episodio judicial: es el síntoma de una crisis más profunda, donde la democracia se juega su prestigio y su futuro.
La sociedad española, acostumbrada a convivir con la tensión entre política y justicia, se enfrenta ahora a una encrucijada histórica.
La advertencia de los juristas europeos debería servir como llamada de atención para todos los actores implicados: preservar la independencia judicial no es una cuestión de principios abstractos, sino la condición indispensable para mantener viva la democracia.
En las próximas semanas, los ojos de Europa estarán puestos en España.
El resultado del juicio al fiscal general será interpretado como un termómetro de la salud democrática del país.
Y, más allá del desenlace judicial, lo que está en juego es la capacidad de España para resistir la tentación de la confrontación política y fortalecer los pilares de su Estado de derecho.
La democracia, como recuerdan los magistrados europeos, no es un regalo caído del cielo, sino el fruto de la lucha y el compromiso de generaciones.
Romper el espejo donde Europa se mira es un riesgo que España no puede permitirse.
El futuro está en juego y la respuesta, como siempre, dependerá de la voluntad colectiva de defender los valores que han hecho de Europa un referente mundial en derechos y libertades.
